El alcalde Rafael Triguero (PP) está cada vez más acorralado por la denuncia por la polémica Vivienda de Precio Limitado (VPL) a la que se mudó semanas atrás en el barrio Can Misses, luego de reconvertir un local comercial en una residencia: ahora el Govern balear deberá investigar las irregularidades desvelada por La Voz de Ibiza.
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Este miércoles, el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlament de las Islas Baleares, Iago Negueruela Vázquez, ha presentado un escrito formal de denuncia ante el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear contra el alcalde y su esposa, Verónica Prats Marí, por la presunta comisión de infracciones graves y muy graves tipificadas en la Ley 5/2018 de Vivienda de las Islas Baleares y la Ley 3/2024 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda.
Los cuatro cargos de la denuncia
En el escrito que obra en poder de este medio, se formalizan las cuatro irregularidades marcadas en la investigación de La Voz de Ibiza, que ha desatado un escándalo en el Ayuntamiento.
Primero, incumplimiento de requisitos de propiedad, calificada como una infracción muy grave. La denuncia señala que tanto Triguero como su esposa eran propietarios de otras viviendas en el momento de acceder a la VPL, incumpliendo el artículo 2.5 de la Ley 3/2024, que exige que el beneficiario no sea titular de más del 50% de otra vivienda.
Prats Marí era propietaria al 100% de una vivienda en la segunda planta del mismo edificio. Mientras que Triguero era titular al 100% de otra vivienda en la calle Es Cubells.
Negueruela apunta, además, directamente a los pactos sucesorios que La Voz de Ibiza desveló: «Para dar apariencia de cumplir con la legalidad, hizo una donación del 50% a sus hijos menores a través de la figura del pacto sucesorio y así quedarse él solo con el otro 50% para aparentar que cumplía con el porcentaje exigido en la ley».
La denuncia también señala que fue el propio Ayuntamiento de Triguero quien, el 30 de noviembre de 2023, aprobó en pleno los criterios para aplicar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, limitando a ocho barrios la posibilidad de convertir locales en viviendas. Entre esos ocho barrios figura Can Misses, donde se ubica la vivienda del alcalde.
Segundo, falta de inscripción en el Registro Autonómico de VPL. A pesar de contar con la licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo, la vivienda no ha sido inscrita en el Registro de Viviendas de Precio Limitado del Govern balear, una obligación previa a la ocupación efectiva que ha sido omitida. Esto también ha sido confirmado esta mañana por la presidenta del Govern, Marga Prohens.
Tercero, falta de declaración responsable de beneficiarios. Ningún miembro de la unidad familiar ha presentado la declaración responsable ante la Conselleria competente, tal como exige el artículo 2.6 de la Ley 3/2024, que establece un plazo de 30 días desde la formalización del contrato.
Cuarto, irregularidades urbanísticas adicionales. La instalación de una valla opaco sin título habilitante y contraviniendo el Plan General de Ordenación Urbana de 2023, y sin autorización de la comunidad de propietarios, tal como publicó La Voz de Ibiza.
Las sanciones que pide la denuncia
El escrito detalla el régimen sancionador aplicable. Las infracciones muy graves —como el falseamiento de requisitos o la titularidad de otra vivienda— están tipificadas en el artículo 88 de la Ley 5/2018 y conllevan multas de entre 30.001 y 90.000 euros.
Las infracciones graves —como el incumplimiento de obligaciones de registro— están tipificadas en el artículo 87 y acarrean sanciones de entre 3.001 y 30.000 euros.
Pero la sanción más contundente que contempla la denuncia es la accesoria: el artículo 92.c obliga a la reposición de la situación al estado anterior, lo que podría implicar la reversión del cambio de uso —volver a local comercial u oficina— o el abandono de la vivienda por parte de la familia.
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Justamente este último punto es el aludido por Triguero para recuperar la legalidad: anunció que pondrá la VPL en el mercado de alquiler de precio limitado.
La denuncia también menciona la posibilidad de imponer hasta 12 multas mensuales coercitivas para forzar el cumplimiento.
¿Causa penal?
La presentación del PSOE va más allá de irregularidades urbanísticas: solicita que si en el transcurso de la investigación se comprueba que los hechos pueden ser constitutivos de algún ilícito penal, la administración deberá ponerlo en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente.
En tal sentido advierts «si puede haber existido algún tipo de información privilegiada, tráfico de influencias o fraude de ley, entre otras irregularidades».
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