Rafael Triguero cobra más de 70.000 euros anuales como alcalde de Ibiza. Es el alcalde que más cobra de las Baleares, por lo tanto, más que el de Palma y que el de Calvià. No es el perfil para el que la Ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda fue diseñada, en palabras de su impulsora, la consellera Marta Vidal. El objetivo era “facilitar el acceso a la vivienda a las clases medias y trabajadoras y a la gente joven”. Su exposición de motivos habla de 16.000 viviendas necesarias en Baleares, de familias que no pueden pagar un alquiler, de jóvenes expulsados del mercado.
Esta es la cronología de cómo el alcalde que más cobra de Baleares intentó aprovecharse de esa ley. Y de cómo se frustró un operación a la que le puso toda la ilusión, todo el empeño y todo el ingenio.
Diciembre de 2024: la idea
Triguero y su esposa viven con sus dos hijos pequeños en un piso de la segunda planta de un edificio del barrio de Can Misses, la zona residencial más cotizada de la ciudad de Ibiza. El piso es propiedad de la esposa al cien por cien.
Triguero tiene a escasos metros otro piso. Lo compró con su entonces pareja y, tras una extinción de condominio, pasó a ser suyo al 100%.
En la planta baja del mismo edificio hay un local comercial con un cartel de “se vende”. Lleva décadas vacío. Nadie lo quiere. Las limitaciones urbanísticas lo convierten en un espacio fuera de mercado. Pero hay una ley nueva, la Ley 3/2024, que permite reconvertir locales en viviendas . El Ayuntamiento que preside Triguero ha autorizado los cambios de uso en la zona de Can Misses desde noviembre de 2023.
El matrimonio ve el cartel. Llama. Se anticipa a otros dos vecinos interesados. Y empieza a hacer cuentas.
La operación es redonda sobre el papel. Compran el local a precio de local. Lo reconvierten en vivienda. Se mudan a un bajo con un patio delantero de 45 metros cuadrados y otro trasero de 75 metros con acceso a un frondoso jardín y a la piscina comunitaria. El aparcamiento lo tienen resuelto. Y el piso de arriba, el de la esposa, se alquila. En Can Misses, los alquileres no bajan de los 3.000 euros.
Comprar barato, vivir mejor, cobrar una renta. Maravilloso. Manos a la obra.
Junio de 2025: la compra
Triguero y su esposa compran el local al 50% cada uno. Hipoteca Cajamar de 208.000 euros sobre una tasación como local de 366.814 euros.
Julio de 2025: la solicitud
El 1 de julio, se presenta ante el Ayuntamiento de Ibiza la solicitud de cambio de uso de local a vivienda. La nueva vivienda nace con carácter permanente como vivienda de precio limitado. Sujeta a precios tasados y a requisitos de acceso durante toda su vida útil. Es la contrapartida que la ley exige a cambio de la recalificación urbanística.
La entonces consellera Marta Vidal había explicado ante el Parlament que estas viviendas eran “medidas pensadas para ayudar a que más gente pueda acceder a una vivienda, a unos precios limitados por la administración”. Y que “no puede ser propietaria al 100% de otra vivienda” quien quiera acceder a una VPL.
El comunicado oficial del Govern cuando aprobó el decreto fue explícito: el Registro autonómico de viviendas de precio limitado se creaba “para eliminar cualquier tipo de fraude”.
Diciembre de 2025: las maquinaciones
Cinco meses después de la solicitud de cambio de uso, el matrimonio formaliza pactos sucesorios ante el notario de Jesús. Herencias en vida a favor de sus dos hijos menores, que no llegan a los diez años.
La esposa cede su 50% del local. Triguero cede su 50% de otra vivienda que tiene en Can Misses. Resultado: Triguero se queda en exactamente el 50%, el umbral máximo que permite la ley para acceder a una VPL. Ni un punto más, ni un punto menos.
Pero ambos se reservan la facultad de disponer de los bienes cedidos hasta que los hijos cumplan 35 años. Pueden vender, hipotecar, administrar sin rendir cuentas, y revertir la operación cuando quieran porque los menores están representados por ellos mismos. Las cesiones son cosméticas. Los hijos no pueden hacer nada con los bienes. Los padres lo pueden hacer todo.
Y cometen un error de cálculo: los pactos sucesorios no tocan el piso de la esposa. Ella sigue siendo propietaria al cien por cien de la vivienda de la segunda planta del mismo edificio. El maquillaje cubre al marido. La mujer sigue incumpliendo.
Como ha publicado hoy La Voz de Ibiza, seis fuentes jurídicas independientes consultadas coinciden en que los pactos sucesorios de Triguero no cumplen con el artículo 2.5 de la Ley 3/2024. Dos abogados en ejercicio, dos bases de datos jurídicas especializadas y un notario lo califican de fraude de ley “de libro” por sus similitudes con un alzamiento de bienes.
La valla
A Triguero le parece buena idea instalar una valla en el patio delantero para garantizar su privacidad. Paneles opacos de aluminio lacado en blanco. Una altura considerable. Sin pedir permiso a la comunidad de propietarios. Sin presentar comunicación previa ante su propio Ayuntamiento. Y con unos materiales que el Plan General aprobado bajo su mandato prohíbe: el artículo 120 del PGOU solo permite alambre o rejilla por encima de la obra de fábrica.
Febrero de 2026: el PSOE se entera
El Partido Socialista de Ibiza tiene conocimiento de la operación. Solicita acceso al expediente urbanístico del cambio de uso. El Ayuntamiento tarde en facilitarle el acceso, pero se lo acaba concediendo. Eso sí, de forma parcial. El PSOE lo revisa. No encuentra irregularidad urbanística en el cambio de uso. Pero tampoco encuentra actuación alguna sobre la valla denunciada.
6 de marzo de 2026: la licencia
Se concede la licencia de primera ocupación. Es el final de la tramitación urbanística municipal. A partir de este momento, Triguero tiene la obligación de inscribir la vivienda en el Registro autonómico de viviendas de precio limitado. No lo hace.
La licencia la recibe la esposa el 9 de marzo. Ella es la representante ante el Ayuntamiento. Ella inició los trámites. Ella recibe las notificaciones. Y ella es la que no cumple los requisitos para residir en la vivienda que ha promovido.
1 de marzo de 2026: el alquiler
El piso de la esposa, segunda planta del mismo edificio, se alquila. Los precios en la zona rondan los 3.000 euros mensuales. La familia se prepara para mudarse al bajo.
Marzo de 2026: la mudanza
Poco después de obtener la licencia de primera ocupación y sin haber inscrito la vivienda en el Registro autonómico ni haber presentado declaración responsable de beneficiarios, la familia se instala en el bajo reconvertido.
La llamada que lo confirma todo
La Voz de Ibiza, antes de contactar con Triguero, plantea a la Conselleria de Vivienda del Govern balear, sin revelar identidades, un supuesto idéntico al del alcalde. La respuesta del técnico es taxativa.
“Su mujer no puede residir ahí, porque su mujer tiene más viviendas.”
“No hay excepciones, ni ningún tipo de excepciones, ni ningún tipo de reglas especiales.”
“No encaja su intención con las reglas jurídicas. No encaja.”
“Estas viviendas están pensadas para personas que no pueden comprarse una vivienda, no tienen dónde vivir y no pueden pagar una renta de alquiler de mercado. Pero no para su situación.”
El Govern confirma lo que la ley dice y lo que Triguero sabe: no cumple.
La semana de pasión
Miércoles. La Voz de Ibiza se reúne con Triguero. Cara a cara, sin grabadora. El alcalde se muestra tranquilo. Muy tranquilo. Dice que lo tiene todo bien. Que ha cumplido escrupulosamente. Intenta el argumento de beneficiario frente a usuario. Habla de plazos de treinta días y de trámites pendientes del Registro de la Propiedad. Enseña un documento pero se niega a enviarlo. Promete documentación que avale su posición. No niega vivir allí. No niega el patrimonio de su esposa. No niega el alquiler del piso.
Entre el miércoles y el viernes. Triguero retira los paneles opacos del frontal de la valla. Los del lateral los deja intactos. Si la valla era legal, como dijo el miércoles, ¿por qué retirar nada?
Viernes. Segunda reunión. El tono ha cambiado. La valla ya no es legal. Ahora es “legalizable.” Un escalón abajo. Promete de nuevo documentación. No la envía. No niega vivir allí.
Sábado. La Voz de Ibiza recibe el comunicado oficial del Ayuntamiento: “Está pendiente de tramitación para su cambio de uso a vivienda.” No es verdad. Tiene la licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo. “Ni se ha registrado todavía como vivienda de precio limitado ni dispone aún de beneficiarios.” Lo presenta como un trámite en curso. Es el reconocimiento de que la familia vive en una vivienda que oficialmente no existe.
La Voz de Ibiza pregunta: ¿niega el alcalde que vive allí? Silencio.
Sábado y domingo. El Govern intenta fabricar una coartada. Ofrece dos versiones en 24 horas. La primera solo contempla venta y alquiler. La segunda añade el uso propio y suelta la frase clave: la vivienda debe inscribirse “antes de que sea ocupada.” Triguero vive allí. No ha inscrito. El Govern confirma sin saberlo que incumple.
Lunes. La Voz de Ibiza publica. Múltiples irregularidades en la nueva vivienda de precio limitado del alcalde de Ibiza. Cinco normas incumplidas. Sanciones de hasta 200.000 euros. La mentira del comunicado del Ayuntamiento. El Govern confirma sin saberlo que Triguero incumple.
Ibiza se incendia. El PSOE convoca a los medios: “Triguero vive en una vivienda protegida sin tener ningún derecho.” Vox pide explicaciones. El escándalo salta al Parlament balear. La diputada socialista Pilar Costa espeta al Govern que “la Conselleria de Vivienda facilita que el alcalde de Vila se quede con una vivienda de precio limitado.”
Martes. Triguero comparece. No convoca una rueda de prensa. Aprovecha un acto de presentación de la Feria Medieval. Lee un comunicado preparado. Sobreactuado. Repitiendo frases. Sin admitir preguntas. Dice que ha cumplido “escrupulosamente.” Dice que no ha adquirido una vivienda protegida. Dice que el procedimiento está en plazo. Nada de eso es verdad.
Y anuncia la marcha atrás: la vivienda se pondrá en alquiler. No vivirá en ella. Es la segunda rectificación en menos de una semana. La primera fue retirar la valla. La segunda es renunciar a vivir allí. Y cada rectificación confirma lo que publicamos.
El retrato
Si Triguero siempre pensó poner la vivienda en alquiler, los pactos sucesorios no tenían razón de ser. No se maquilla el patrimonio para alquilar. Se maquilla para vivir donde no te dejan vivir. Como han concluido seis fuentes jurídicas independientes, la operación constituye un fraude de ley “de libro.”
