El Consell Insular de Formentera, gobernado por Sa Unió, ha desatado una ofensiva contra la música y la actividad sonora de los establecimientos de la isla, precintando equipos de sonido en plena temporada turística. Según ha podido saber La Voz de Ibiza, la actuación está generando un clima de alarma en el sector, con negocios que cumplieron con todos los requisitos que se les exigieron y que aun así han visto sus equipos precintados.
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El caso de Beso Beach lo ilustra con claridad. En 2024, el Consell llevó a cabo una batida de inspecciones que se extendió a 39 establecimientos de la isla. El local instalado en el Parque Natural de Ses Salines fue uno de los afectados: recibieron el acta correspondiente, corrigieron todas las deficiencias identificadas y presentaron la documentación requerida por el Consell.
Durante meses no volvieron a tener noticias de aquella actuación. Hasta que la semana pasada, sin previo aviso, les precintaron el equipo de sonido. El propietario reclamó ante el Consell alegando que había cumplido con todo lo que se le había pedido. El consistorio les dio la razón y levantó el precinto. Pero el daño ya estaba hecho.
Según ha informado Radio Illà, citando fuentes del sector, los precintos afectarían a entre 12 y 16 establecimientos situados en zonas como el Parque Natural, Migjorn o Es Pujols.
La Voz de Ibiza ha podido confirmar que Beso Beach no es un caso aislado: hay más establecimientos en la misma situación, que presentaron su documentación en tiempo y forma y que igualmente han sido objeto de precinto.
La explicación del Consell
Consultado por este medio, el Consell Insular ha intentado desentenderse de la responsabilidad señalando al anterior equipo de gobierno. «Las actuaciones de la Policía corresponden a las inspecciones que se llevaron a cabo entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2024, es decir, bajo el mandato de Llorenç Córdoba como presidente», ha señalado el consistorio.
«Estuvieron dirigidas a aquellos negocios de los que se tenía constancia de que desarrollaban algún tipo de actividad musical», explicaron.
En tal sentido, el Consell reconoce que las inspecciones afectaron a 39 establecimientos y que los precintos se están ejecutando ahora como «medidas cautelares» contra quienes «no han adoptado las medidas correctoras requeridas o no han regularizado la situación administrativa».
Puntualmente, han detallado que «aquellos establecimientos que posteriormente han acreditado haber corregido las deficiencias o haber adaptado sus instalaciones a la normativa vigente no son objeto de precinto, siempre que los técnicos hayan podido comprobar que las actuaciones se han ejecutado correctamente».
Sin embargo, el caso de Beso Beach desmonta esa versión: el establecimiento sí regularizó su situación, sí presentó la documentación, y fue precintado igualmente. El Consell no ha sido capaz de explicar cómo es posible que un local que cumplió con todos los requisitos acabara con el equipo precintado, ni cuántos casos similares pueden existir entre los establecimientos afectados.
El consistorio se ha negado además a concretar el número de establecimientos precintados, argumentando que «los expedientes se encuentran en fase de tramitación y comprobación de documentación», y ha defendido que «no se trata de impedir la actividad musical, sino de garantizar que se desarrolle dentro del marco normativo correspondiente».
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