La investigación de las denominadas ‘cloacas del PSOE’ ha sumado un movimiento sin precedentes dentro del Ministerio Público español. En una actuación que destaca por su excepcionalidad, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que reclame información a la propia Fiscalía General del Estado sobre posibles reuniones mantenidas con personas vinculadas a la trama investigada.
La petición, formulada por las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, busca esclarecer si determinados integrantes o colaboradores del entramado investigado mantuvieron encuentros en la sede de la Fiscalía General del Estado y qué tratamiento recibieron determinadas denuncias presentadas por Koldo García o en su nombre.
El paso dado por Anticorrupción adquiere una relevancia especial porque supone solicitar información a la institución que se encuentra por encima jerárquicamente dentro de la estructura del Ministerio Público. La iniciativa surge después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara nuevas informaciones en el atestado 93/2026.
Una diligencia inédita en el Ministerio Público
La actuación de Anticorrupción se enmarca dentro de una investigación que trata de determinar si algunas personas relacionadas con la trama utilizaban presuntos contactos con organismos públicos para obtener beneficios procesales o ejercer influencia. Entre los nombres que aparecen en la causa figura Leire Díez, a quien el instructor sitúa al frente de la red que, presuntamente, encabezaba Santos Cerdán.
Según la información incorporada al procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción considera necesario verificar oficialmente si determinadas reuniones mencionadas en distintos informes policiales llegaron realmente a producirse en dependencias de la Fiscalía General del Estado. La solicitud se dirige a la institución que actualmente encabeza Teresa Peramato y que, en el periodo analizado, estaba dirigida por Álvaro García Ortiz.
Qué información reclama Anticorrupción
Uno de los aspectos centrales de la petición está relacionado con las denuncias formuladas por Koldo García o por personas que actuaran en su representación.
La diligencia solicitada establece literalmente: “Recábese de la Fiscalía General del Estado (FGE) informe en relación con el total de las denuncias formuladas por D. Koldo García Izaguirre (o en su representación) que se hubieran recibido ante dicha Institución entre los meses de enero a junio de 2025 y el trámite dado a las mismas”.
Con esta petición, las fiscales pretenden conocer cuántas denuncias llegaron a la cúpula del Ministerio Público durante ese periodo y cuál fue el recorrido que tuvieron dentro de la institución.
Se trata de un tramo temporal especialmente relevante dentro de la investigación, ya que coincide con una fase que la UCO vincula a diversas maniobras relacionadas con procedimientos judiciales y actuaciones dirigidas contra organismos investigadores.
El foco sobre posibles reuniones en la sede de la Fiscalía
La segunda parte de la solicitud resulta especialmente sensible por el alcance de la información requerida. Las fiscales han pedido conocer si existieron reuniones celebradas en la sede de la Fiscalía General del Estado entre abril de 2024 y junio de 2025 con varias personas concretas relacionadas con la investigación.
La diligencia reclama información sobre encuentros mantenidos, en caso de haberse producido, con:
- Leire Díez.
- Jacobo Teijelo.
- Javier Pérez Dolset.
- Ismael Oliver.
- Antonio José García Cabrera.
Además de confirmar la existencia o no de esos encuentros, Anticorrupción solicita conocer si existe registro de visitas, así como las fechas, horarios y las personas que participaron en las reuniones. La petición señala expresamente que se informe sobre “reuniones mantenidas, en su caso, en dicha sede entre los meses de abril de 2024 a junio de 2025”. Asimismo, piden que se detalle si “consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas” y también “la/s persona/s que participaron en aquellas”.
Los nombres que aparecen en la investigación
La lista de personas incluidas en la petición no es casual y está directamente relacionada con los distintos informes incorporados al sumario. Leire Díez aparece señalada por la UCO como una figura central dentro de la trama investigada. Por su parte, Javier Pérez Dolset figura en la causa como uno de los principales colaboradores del entramado.
También se encuentra Jacobo Teijelo, abogado relacionado con Santos Cerdán y mencionado en diversas actuaciones recogidas dentro del procedimiento. Otro de los nombres incluidos es Ismael Oliver, que fue abogado de Koldo García y cuya participación aparece vinculada a cuestiones relacionadas con denuncias y estrategias jurídicas. La lista se completa con Antonio José García Cabrera, abogado del excomisario José Manuel Villarejo, cuyo nombre también figura en distintas actuaciones mencionadas dentro del sumario.
Los informes de la UCO y los contactos con la Fiscalía
La solicitud de Anticorrupción se produce después de que varios informes de la Guardia Civil aportaran referencias a posibles contactos con la Fiscalía. Uno de ellos es el atestado 89/2026, que según la información incorporada a la causa recogía mensajes en los que Leire Díez hablaba de contactos con la Fiscalía General del Estado y de reuniones celebradas en dependencias de la institución. Ahora, con la nueva diligencia, Anticorrupción pretende comprobar oficialmente si esos encuentros realmente se produjeron y cuál fue su alcance.
La investigación trata de determinar si determinadas personas podían presentarse ante terceros como interlocutores con capacidad de influencia dentro de organismos públicos o de obtener ventajas procesales. Precisamente por ello, la verificación de las reuniones adquiere un papel relevante dentro de la instrucción.
El papel de las denuncias de Koldo García
Otro de los elementos que centran la atención de la Fiscalía es el uso de denuncias presentadas por Koldo García o por personas de su entorno. La solicitud dirigida a la Fiscalía General busca aclarar cuántas denuncias llegaron a la institución durante los primeros seis meses de 2025 y qué tratamiento recibieron.
El interés por esta documentación está relacionado con otra de las líneas de investigación abiertas dentro del procedimiento, vinculada al posible uso de iniciativas judiciales y denuncias como herramientas de presión o estrategia procesal. Por ello, Anticorrupción considera necesario reconstruir con precisión el recorrido de cada una de esas actuaciones.
La decisión queda ahora en manos del juez Pedraz
La práctica de estas diligencias dependerá ahora de la decisión que adopte el magistrado Santiago Pedraz. Será el juez quien determine si procede requerir oficialmente la información solicitada por las fiscales y, en caso afirmativo, corresponderá a la Fiscalía General del Estado responder a las cuestiones planteadas. La respuesta deberá aclarar si existieron reuniones con las personas mencionadas, cuándo se produjeron, quién participó en ellas y qué gestión se realizó respecto a las denuncias vinculadas al entorno de Koldo García.
Mientras la investigación continúa avanzando, la petición formulada por Anticorrupción se ha convertido en uno de los movimientos más llamativos de la causa por el alcance institucional que implica. La diligencia busca verificar hasta dónde llegaron realmente los contactos que aparecen reflejados en los informes policiales y si alguno de ellos alcanzó la sede de la Fiscalía General del Estado.
