La Asociación de Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa-Illa d’en Valerino ha reaccionado con dureza a la declaración de zona turística saturada y de reconversión que el Consell de Ibiza prevé aprobar el viernes y que alcanza al entorno del Hotel Ibiza Corso. Su presidente, Alberto Sánchez Runde, la califica sin rodeos como «política a la carta» y dice no comprender por qué tanto el Consell como el Ayuntamiento de Ibiza se esfuerzan por darle encaje jurídico a la reforma del hotel, que contempla incluir una macrodiscoteca. «Esto apesta», expresa ante la consulta de La Voz de Ibiza.
«Esperábamos este movimiento»
Lejos de sorprenderles, los vecinos dicen haber anticipado la maniobra. «Nos esperábamos este movimiento, sabíamos que les quedaba esta posibilidad», afirma Sánchez Runde, que la describe como «una nueva arma sacada de debajo de la manga». A su juicio, declarar zona turística tensionada un enclave como s’Illa Plana no se sostiene: «Es una zona residencial; aquí casi no hay turismo. Es una barbaridad».
El presidente vecinal enmarca la decisión en una secuencia que, subraya, no considera casual: que la licencia de reforma del Corso se aprobara en febrero y que, apenas una semana después, el Ayuntamiento pidiera la declaración de zona que ahora desemboca en esa vía alternativa. «Lo sospechábamos al cien por cien —afirma—. Sabíamos que el próximo movimiento iba a ser este». Y sostiene que la asociación prefirió no ventilarlo antes «para no alarmar» a la otra parte.
«No nos molesta el hotel; no nos molesta la discoteca»
Sánchez Runde insiste en un matiz que la asociación viene repitiendo: su oposición no es a la reforma del establecimiento. «Nunca nos hubiera importado que se mejorara y ampliara el hotel —afirma—. Todo lo que sea mejora no nos molesta como barrio. Un hotel bien mantenido, de lujo y con buena clientela, revitaliza la zona; eso nos parece fenomenal».
El problema, sostiene, es otro: «Que se escuden en eso para montarnos una discoteca». Y ahí distingue con precisión el alcance de la nueva figura: la declaración de zona, dice, «soluciona el tema de la ocupación, pero no el de la licencia de actividad. Esta posibilidad de ampliación basándose en zonas tensionadas no da carta blanca para abrir locales nocturnos», resume.
Por eso avisa de que la batalla continúa. Si el nuevo proyecto se limita a reformar y ampliar el hotel, «felicidades, a tirar para adelante». Si vuelve a incluir una sala de ocio nocturno, «eso ya no puede ser, y seguiremos por los juzgados».
Un expediente que ha cambiado de argumento varias veces
La desconfianza vecinal se apoya en un expediente que ha ido mudando de fundamento a medida que se le caían los anteriores. La reforma se autorizó al amparo del artículo 7 de la Ley 2/2020, la vía excepcional nacida durante la pandemia para modernizar establecimientos turísticos, que permitía superar los parámetros urbanísticos ordinarios a cambio de un tope de ampliación. Esa norma, sin embargo, fue derogada en abril de 2025, lo que dejó el proyecto sin el marco legal con el que había echado a andar.
A esa base se sumaron después los reconocimientos de la propia Administración. El Ayuntamiento admitió por escrito que no existe el título habilitante de sala de fiestas del que había partido el otorgamiento de la licencia, y que el proyecto supera el límite máximo de incremento de ocupación que exigía aquel régimen excepcional, un defecto que su propio servicio técnico calificó de no subsanable mediante una simple rectificación. Fue precisamente ese exceso de ocupación el que llevó al Consistorio a suspender provisionalmente las obras a mediados de septiembre. El Consistorio aún no ha definido qué pasará con la licencia de reforma.
Por el camino, el argumento sobre qué actividad ampara el establecimiento también ha variado: primero se sostuvo que existía una sala de fiestas preexistente, después que la sala era un servicio complementario del hotel restringido a sus huéspedes y, más tarde, que la antigua licencia de sala de baile de 1997 permitía un uso autónomo y abierto al público. Es esa sucesión de tesis la que los vecinos resumen con la expresión «política a la carta», y la que alimenta su temor de que, agotada cada vía, se busque siempre una nueva para sostener el proyecto.
Una lectura crítica de las instituciones
La asociación carga contra la actuación de las dos administraciones, a las que acusa de dar «largas a los ciudadanos» mientras facilitan el proyecto de un inversor «que viene de fuera». «No es ético ni correcto que el Consistorio y el Consell dediquen tanto esfuerzo y tantas trabas burocráticas —para nosotros, que no se nos da nunca la información que solicitamos— para apoyar a un fondo de inversión», sostiene Sánchez Runde. En una expresión que él mismo reconoce contenida, resume el sentir del barrio: «Esto apesta. Es lo máximo que podemos decir».
Los vecinos confían, con todo, en tener margen: interpretan que el Corso presentará un nuevo proyecto y que la tramitación hará que los tiempos se alarguen. Será, considera Sánchez Runde «un respiro» para reordenar la operación. «Un paso atrás para coger carrerilla».
