Sabina Estates, promotora de uno de los mayores complejos residenciales de lujo de Ibiza, pagó en 2025 cerca de 4,55 millones de euros tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma relacionada con las obras de su urbanización de Cala Tarida, en Sant Josep. Además, la compañía mantiene recurrida la resolución ante el Tribunal Supremo y reconoce otro procedimiento judicial en el que una constructora le reclama 4,6 millones de euros más costas. En este contexto, el año pasado las cuentas de la promotora registraron una significativa caída en su facturación.
Ambos litigios aparecen detallados en las cuentas consolidadas de 2025 de Sabina Estates Group Holdings Limited, la sociedad británica que agrupa a las filiales españolas responsables del desarrollo inmobiliario y que está controlada al 100 % por Sabina Estates Limited, registrada en Guernsey.
La documentación, presentada en el registro británico Companies House el 14 de septiembre de 2026, permite reconstruir los enfrentamientos judiciales derivados de la construcción, las cantidades reclamadas y las consecuencias económicas que han tenido para el grupo.
Los dos procedimientos son independientes. Uno dio lugar a una sentencia cuyo importe ha sido satisfecho, aunque sigue recurrida, mientras que el otro permanecía pendiente de resolución judicial cuando se formularon las cuentas, el 2 de septiembre de 2026.
Consultada por La Voz de Ibiza sobre los procedimientos judiciales, la promotora declinó dar detalles sobre la UTE y la constructora que han efectuado las reclamaciones. Desde Sabina States se han limitado a aclarar que tuvieron “problemas de entrega en la primera fase del proyecto», lo que dio lugar a una disputa contractual en 2019. «Esto no ha vuelto a ocurrir en las cuatro fases posteriores”, han enfatizado en su respuesta a este medio.
De las villas de lujo a los tribunales
Sabina es una urbanización privada de unas 17 hectáreas situada en la costa occidental de Ibiza, en el entorno de Cala Tarida. El proyecto comprende 50 villas de diseño, según la información publicada por el estudio de arquitectura Chapman Taylor, que participa en su desarrollo.
El conjunto reúne viviendas diseñadas por arquitectos internacionales como David Chipperfield, John Pawson, Manuel Aires Mateus y Marcio Kogan, además de instalaciones deportivas, piscinas, espacios de bienestar, restauración y otros servicios exclusivos para sus propietarios.
La promoción se desarrolla por fases y ha contado con distintas empresas constructoras. Las últimas cuentas de su matriz británica describen dos conflictos contractuales surgidos durante la ejecución de las obras y que acabaron enfrentando judicialmente a contratistas con Sabina Estates Tarida SL, una de las sociedades españolas del proyecto.
Sentencia de 4,55 millones de euros
El litigio de mayor impacto económico descrito en las cuentas surgió tras la resolución de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE) que participaba en la construcción de la urbanización.
Según la versión de la promotora recogida en los estados financieros, la rescisión respondió a retrasos reiterados y otras incidencias en la ejecución de los trabajos.
En junio de 2022, Sabina presentó una demanda contra la contratista en la que reclamaba seis millones de euros. La UTE respondió en noviembre de ese mismo año con una demanda reconvencional por 7,4 millones, de acuerdo con la nota 15 de las cuentas.
Tras los informes periciales, los testimonios y las correspondientes actuaciones judiciales, una primera resolución, dictada el 31 de mayo de 2023, reconoció a favor de la constructora una cantidad de 388.820 euros.
Sin embargo, ninguna de las partes dio por terminado el conflicto. Tanto Sabina como la UTE recurrieron aquella decisión ante la Audiencia Provincial.
El resultado fue considerablemente más gravoso para la promotora. En noviembre de 2024, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma dictó una sentencia que obligaba a Sabina Estates a satisfacer 4.175.785,65 euros de principal y otros 373.163,14 euros de intereses.
En total, la cantidad ascendía a 4.548.948,79 euros, según recoge expresamente la documentación financiera del grupo.
Recurso ante el Supremo y sentencia satisfecha
Sabina recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo al considerar, de acuerdo con el asesoramiento jurídico recibido, que existían argumentos para cuestionar la resolución de la Audiencia Provincial.
Pese a ello, en febrero de 2025 la UTE solicitó la ejecución provisional de la sentencia, un procedimiento que permite reclamar su cumplimiento económico en determinadas circunstancias aunque exista un recurso pendiente.
Las cuentas señalan que Sabina satisfizo íntegramente la cantidad exigida mediante el depósito de los fondos acordados con la UTE. Posteriormente, ambas partes presentaron un escrito conjunto ante el tribunal para solicitar que no se abriera el procedimiento de ejecución provisional.
Por tanto, el importe de la condena ya había sido satisfecho en 2025, aunque eso no significa que el litigio hubiera quedado definitivamente cerrado desde el punto de vista judicial.
Los administradores sostienen que cuentan con fundamentos jurídicos para defender su posición, pero reconocen que no es posible anticipar el resultado del recurso de casación.
Cuando se autorizaron las cuentas, el 2 de septiembre de 2026, el recurso todavía estaba pendiente de admisión ante el Tribunal Supremo.
Otra constructora reclama 4,6 millones
El anterior no es el único enfrentamiento judicial derivado de las obras. Sabina Estates Tarida recibió en 2021 una reclamación de 4,6 millones de euros más costas presentada por otra empresa contratista que había intervenido en la ejecución de la estructura de la primera fase.
La promotora respondió con una demanda reconvencional, dando lugar a un segundo procedimiento que seguía sin sentencia cuando se formularon las cuentas de 2025.
La vista preliminar se celebró en noviembre de 2023. Posteriormente tuvieron lugar distintas actuaciones en julio y septiembre de 2024 y en octubre de 2025, cuando se practicó prueba pericial.
Los 4,6 millones corresponden a la cantidad reclamada por la constructora, no a una deuda reconocida por sentencia. La diferencia resulta fundamental porque el procedimiento continuaba abierto.
No obstante, la propia promotora reconoce la existencia de un riesgo económico y mantiene contabilizada una provisión de 1,5 millones de euros para afrontar un eventual resultado desfavorable.
Esta provisión constituye una estimación contable realizada por la sociedad y no equivale a una condena judicial ni supone que deba abonar necesariamente la totalidad de lo reclamado.
Los administradores explican también que se han producido intentos de negociación para alcanzar un acuerdo con la parte contraria, sin que las cuentas permitan determinar si esas conversaciones han concluido posteriormente con una solución pactada.
Pleitos y riesgos económicos
Los conflictos judiciales aparecen en el apartado de contingencias de los estados financieros, pero las reclamaciones de contratistas también figuran entre los riesgos empresariales identificados por la dirección de Sabina.
El informe estratégico menciona posibles sobrecostes, retrasos, problemas de calidad y disputas vinculadas a la construcción. Como medidas para reducir estos riesgos, plantea reforzar los controles de calidad, gestionar las reclamaciones y prever contingencias económicas.
El mismo informe alude a tres asuntos legales abiertos, mientras que la nota 15 desarrolla los dos grandes conflictos judiciales descritos. La documentación no ofrece elementos suficientes para identificar de forma inequívoca el tercer asunto al que se refiere ese resumen.
Las consecuencias económicas de los litigios ya se reflejaron en ejercicios anteriores. En 2024, el grupo contabilizó una provisión de aproximadamente 5,5 millones de euros por disputas judiciales, una de las circunstancias que contribuyó al resultado negativo de aquel año.
Las cuentas de 2025 muestran que Sabina volvió a cerrar con pérdidas, aunque reducidas a 954.911 euros, frente a los 8,24 millones de euros registrados durante el ejercicio precedente.
Obras en marcha y procedimientos pendientes
Los litigios no han detenido el desarrollo inmobiliario de Sabina. El estudio Chapman Taylor ha comunicado la finalización de nuevas fases constructivas, mientras que la promotora señala que continúan los trabajos correspondientes a otras etapas de la urbanización.
El informe estratégico indica que se han completado las fases 2 y 1B y que prosigue la construcción de las viviendas de las fases 3A, 3B y 4. La dirección mantiene que existe demanda para las propiedades y que parte de las villas en desarrollo ya estaba prevendida al cierre del ejercicio.
La construcción de uno de los complejos residenciales más exclusivos de Ibiza ha estado acompañada, por tanto, de disputas judiciales con consecuencias económicas acreditadas: una sentencia de casi 4,55 millones cuyo importe ya fue satisfecho y otra reclamación por 4,6 millones pendiente de resolución en las últimas cuentas publicadas.
Ambos conflictos corresponden a controversias contractuales de naturaleza civil. La información disponible no permite relacionarlos con posibles responsabilidades penales ni establecer cuál será el desenlace de los procedimientos todavía abiertos.
