El urbanismo en el municipio de Sant Josep es uno de los frentes más complejos que tiene el Ayuntamiento. Desde laberintos burocráticos, la caducidad de las Normas Provisionales y el retorno a normativas que datan de 1986 hasta reclamaciones, procedimientos judiciales e investigaciones de la Guardia Civil por delitos contra la ordenación del territorio e irregularidades en las tramitaciones urbanísticas.
En ese contexto, el despacho Soriano i Piqueras tiene abierto al menos una decena de procedimientos urbanísticos contra el Consistorio que afectan a unos 30 propietarios con intereses inmobiliarios.
Así lo ha detallado el abogado Víctor Soriano a La Voz de Ibiza, después de que se conociera que se ha desbloqueado la inscripción registral de varias viviendas de la urbanización Vista Alegre.
Los frentes administrativos y judiciales abarcan desde recursos contra decisiones sobre el planeamiento municipal hasta denegaciones de licencias de obras, estudios de detalle y tramitaciones de planes especiales, en un contexto de enfrentamientos por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, principalmente villas de lujo.
«Tenemos prácticamente en todos los temas de urbanismo de Sant Josep, ahora mismo yo creo que debemos ser de los abogados que más trabajamos en ese municipio», afirma Soriano.
Frentes abiertos
El caso de Vista Alegre es solo una parte de los conflictos que mantiene con la administración municipal. Según explica el abogado, «tenemos muchos procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento por denegaciones de licencias y luego tenemos muchos asuntos por denegaciones de estudios de detalle también, por tramitaciones de planes especiales».
Se trata de distintos instrumentos y decisiones urbanísticas que condicionan la posibilidad de desarrollar proyectos inmobiliarios. Los estudios de detalle permiten concretar determinadas condiciones de ordenación de las parcelas, mientras que los planes especiales regulan aspectos específicos del desarrollo urbanístico. Las denegaciones de licencias, por su parte, pueden impedir directamente la ejecución de obras proyectadas.
De las Normas Provisionales a los tribunales
Uno de los principales enfrentamientos protagonizados por Soriano fue el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) contra la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep de 1986, acordada por el Consell de Ibiza en diciembre de 2025 junto con la aprobación inicial de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP).
Tal como informó La Voz de Ibiza, el despacho representaba en aquel procedimiento a cerca de veinte propietarios y promotores con intereses en diferentes zonas del municipio, entre ellas Es Cubells, Vista Alegre, Cala Vedella y Cala Tarida.
El conflicto dio un giro en septiembre, cuando las Normas Provisionales caducaron sin haber sido aprobadas definitivamente, lo que provocó la recuperación de la vigencia de las Normas Subsidiarias de 1986. Soriano sostuvo entonces que las administraciones habían dejado vencer el plazo para evitar una posible resolución judicial desfavorable.
No obstante, el acuerdo oficial de caducidad publicado en octubre atribuyó la finalización del procedimiento al vencimiento del plazo legal sin disponer del pronunciamiento ambiental necesario, sin establecer ninguna relación con los recursos presentados.
De todas formas, con la caducidad de las NPP y el regreso automático de las NNSS de 1986 —o, más precisamente, de su texto refundido de 2003—, el despacho consideró cumplido el objetivo del recurso sin necesidad de esperar una sentencia.
«Nosotros lo que vamos a hacer ahora inmediatamente es comunicarle al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que se ha producido satisfacción extraprocesal: que, fuera del procedimiento, la administración ha estimado nuestra pretensión de devolver la vigencia de las normas subsidiarias», explicó en su momento el abogado.
Vista Alegre: cinco viviendas desbloqueadas y nuevos recursos en estudio
El otro frente destacado se encuentra en la urbanización Vista Alegre, en Es Cubells, donde el Ayuntamiento mantiene paralizadas las licencias urbanísticas debido a las deficiencias de urbanización existentes.
Soriano confirma que su despacho ha conseguido desbloquear la primera ocupación y la inscripción registral de al menos cinco viviendas mediante la aplicación del silencio administrativo positivo. Esto ha permitido a sus propietarios registrar la finalización de las edificaciones pese a la falta de resolución municipal de los expedientes de primera ocupación gracias al silencio administrativo.
Sin embargo, el abogado advierte de que el problema está lejos de resolverse. «Las licencias de obras sí que están bloqueadas e incluso las licencias de modificado, es decir, viviendas que se han construido con licencia que luego ha habido que hacer modificaciones. Estas también están bloqueadas hace bastante tiempo», señala.
Según explica, se había advertido de un posible desbloqueo, pero este no se ha materializado. Por ello, Soriano i Piqueras estudia emprender nuevas acciones judiciales contra el Ayuntamiento por la paralización de las modificaciones de proyectos ya autorizados.
«Estamos valorando ya ir por la vía judicial contra el Ayuntamiento por esas licencias que están bloqueadas», afirma el letrado, quien sostiene que las autorizaciones de modificación deberían poder concederse, aunque estuvieran condicionadas —como las originales— a que concluyan las obras de urbanización.
Este conflicto tiene su origen en el cambio de criterio municipal sobre Vista Alegre, donde durante décadas se concedieron licencias de construcción, modificaciones y primeras ocupaciones pese a que la urbanización no estaba completamente terminada.
Bajo el mandato del alcalde Vicent Roig, el Ayuntamiento paralizó los permisos al considerar que las parcelas no reunían las condiciones para ser consideradas solares. La decisión afectó tanto a nuevos proyectos como a viviendas que ya disponían de autorizaciones municipales anteriores.
Acusaciones de hostilidad hacia inversores internacionales
Soriano vincula los numerosos procedimientos que tramita su despacho con las restricciones que, a su juicio, afrontan los proyectos de inversión inmobiliaria en el municipio.
El abogado llega a sostener que «por parte del Ayuntamiento hay una animadversión absoluta hacia los inversores y en particular hacia los inversores internacionales», una valoración que atribuye a la actuación municipal en los expedientes urbanísticos que conoce.
También cuestiona que esta política no tenga en cuenta el peso económico del turismo en Sant Josep. «Hay cierta diferencia con algunos sectores, pero desde luego no con los promotores inmobiliarios turísticos, desatendiendo a la realidad del municipio que es evidentemente turístico y es su gran industria, lo que permite su nivel de renta y su calidad de vida», apunta Soriano.
