CONCURSO BAJO SOSPECHA

El negro futuro al que se enfrentan los chiringuitos de Formentera: el Govern sofoca la insumisión

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y Ciclo del Agua, dijo esta mañana en el Parlament que el Govern obligará a cumplir la concesión, el Reglamento de Costas y la ley. No hay resquicio para no desmontar y la consecuencia es la caducidad de la concesión.

Juan Manuel Lafuente
Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y Ciclo del Agua

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y Ciclo del Agua, ha advertido esta mañana en el pleno del Parlament balear que el Govern obligará a cumplir la concesión, el Reglamento de Costas y la ley en referencia a la insumisión de los propietarios de los chiringuitos de Formentera por el incumplimiento del desmontaje de las estructuras instaladas en las playas naturales.

La intervención del conseller fue producto de una pregunta realizada por el diputado por Formentera y ex presidente insular, Llorenç Córdoba, quien consultó si “el Govern hará cumplir el título habilitante y la normativa aplicable”.

En su introducción, Córdoba ha realizado una “breve explicación de la situación de los concursos de los quioscos de playa de Formentera”.

“Gent per Formentera elaboró el plan, el PSOE lo ejecutó y el año pasado, de manera inesperada, Sa Unió (PP-Compromís) adjudicó los quioscos en contra de lo recomendado en dos informes jurídicos. Esta licitación está llena de irregularidades e ilegalidades, y no se puede hablar de presuntas, porque en este caso no es necesario”, expuso Córdoba.

Además, expuso en el Parlament que desde la adjudicación “se han ido sucediendo irregularidades e incumplimientos por parte de los adjudicatarios de los quioscos, que han sido recogidos mediante actas del Servicio de Litoral para que quedaran registradas. Por ejemplo, la falta de socorristas, la insuficiencia de personal, la falta de material de uso médico, como oxígeno o desfibriladores, todo lo cual es obligatorio para tener abierto el quiosco. En estos momentos se está pendiente de la apertura y resolución de los expedientes correspondientes por parte del Consell de Formentera”.

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Por otra parte, Córdoba se refirió al incumplimiento de la obligatoriedad de desmontaje, establecida en los pliegos, el Reglamento de Costas y el título concesional. “Se han demostrado incumplimientos legales que, en el caso de los quioscos, conllevan la caducidad inmediata de sus títulos habilitantes y la imposibilidad de abrir la actividad”, sostuvo el diputado por Formentera.

Además, Córdoba enumeró la “la falta de actas de reconocimiento previo conforme al artículo 163 y la ausencia de técnicos competentes, así como ocupaciones fuera del dominio público marítimo-terrestre. Tres quioscos han sido alcanzados por el mar, incumpliendo la distancia mínima de 6 metros entre los quioscos en plena zona marítima, hay invasión del dominio público no autorizado en concesión mediante la instalación de estructuras de asentamiento y otros elementos, existen vertidos no autorizados, etcétera”.

“En este caso, y debido a la transferencia de competencias estatales de Costas a la Comunidad Autónoma, el Govern de las Islas Baleares debe actuar por diferentes motivos. Por supuesto, el primero es hacer cumplir la ley. Otro es frenar la posibilidad de que estos incumplimientos se extiendan a otras islas si ven que no ocurre nada, evitando así una situación de impunidad. Y, finalmente, asumir la responsabilidad que corresponde a las administraciones”, expuso Córdoba.

Futuro negro para los chiringuitos

Lafuente respondió que “en la Consellería han entrado diferentes escritos haciendo llegar que se producían posibles infracciones, tanto de la normativa como de la concesión. Lo que hace la Administración cuando entran escritos denunciando esas infracciones o posibles infracciones es abrir los correspondientes expedientes y actuar conforme a la ley y al reglamento”.

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En cuanto al incumplimiento del desmontaje, Lafuente dijo que ya se ha hecho la correspondiente inspección. “Aún el día 15 de febrero no ha llegado. Se hará la correspondiente inspección antes de esa fecha para ver si es así y se actuará en consecuencia”.

“Se actuará conforme a los informes de los funcionarios y de los servicios jurídicos. Ni más ni menos. Lo que diga la ley se aplicará y eso es la función en este caso de la Administración”, agregó.

Además, el responsable de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua expuso que su departamento “no da ningún tipo de instrucción sobre el cumplimiento de la ley. La ley se tiene que cumplir y el reglamento y las condiciones de la concesión se tienen que cumplir. No se trata de una cuestión de voluntad o no voluntad. Se cumplen las normas y se cumplen las concesiones. Y en eso estamos. La Conselleria ha actuado en consecuencia, tiene los correspondientes expedientes abiertos”.

“En unas competencias que, como digo, fue dada la concesión por el Estado, los cánones los cobra todos el Estado, se los queda el dinero el Estado y en este caso se negoció unas competencias en las que, desde nuestro punto de vista, se dejó en una situación no muy positiva a esta comunidad autónoma pero debemos cumplir la norma aplicable, las competencias dadas y las competencias que tenemos en hacer cumplir los títulos de ocupación del Departamento. Por tanto, actuaré de esta manera”, alertó Lafuente.

Cuál es la consecuencia a la insumisión

El título concesional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgado a través de la Dirección General de la Costa y el Mar al Consell Insular de Formentera no admite dudas respecto a la insumisión a la obligación de desmontar los quioscos de playa durante un mes de los actuales concesionariosla concesión ha de ser rescindida.

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Así se desprende de la autorización al Consell de Formentera para concesionar unos 907 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre con destino a instalaciones de los servicios de playa en varias playas de Formentera.

En las Prescripciones del documento firmado el 26 de abril de 2023 por Ana María Oñoro Valenciano, directora general de la Costa y el Mar, el Ministerio determina la caducidad de la concesión “con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda” ante una serie de incumplimientos, entre los que se encuentra la obligatoriedad a desmontar.

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