«Quien la hace, la paga». Con esta expresión, el técnico Javier Gea Martínez resume su posición ante la caducidad de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) de Sant Josep, que quedaron sin efecto el pasado septiembre.
Tras haber dirigido una nueva denuncia a la Fiscalía de Ibiza contra el alcalde, Vicent Roig, y otros posibles responsables, sostiene que los responsables municipales deben responder por las consecuencias económicas y administrativas del procedimiento.
«Alguien tiene que asumir y pagar las consecuencias derivadas de la caducidad», defiende Gea a La Voz de Ibiza, quien asegura trasladar también las preocupaciones de un grupo de residentes y propietarios del municipio.
Para el denunciante, lo ocurrido «no puede quedar impune», una afirmación que vincula tanto al presunto incumplimiento de obligaciones administrativas como al gasto de recursos públicos destinados a preparar un instrumento de planeamiento que finalmente no obtuvo la aprobación definitiva.
Recursos públicos invertidos
Una de las principales críticas de Gea es el trabajo administrativo desarrollado durante años que ha quedado sin resultado concreto tras la caducidad de las NPP.
El técnico recuerda que en la elaboración y tramitación de las normas intervinieron profesionales y responsables de diferentes administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell de Ibiza y el Govern balear.
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«Han ocasionado daños por quebranto y malversación de recursos y de fondos a las Tesorerías de las administraciones públicas de estos organismos», sostiene.
En la denuncia presentada, sostiene que deben tenerse en cuenta las horas de trabajo de funcionarios, técnicos y juristas, así como los costes de reuniones, informes y proyectos elaborados durante el procedimiento.
Gea considera que esas actuaciones representan una inversión pública que debe ser examinada, especialmente si la caducidad se produjo, como él sostiene, por el incumplimiento de obligaciones documentales del Ayuntamiento.
En sus declaraciones, acusa a los responsables políticos de haber «tirado por la borda» el trabajo desarrollado, una situación que interpreta como una posible afectación al patrimonio de las administraciones implicadas.
No obstante, el alcalde Vicent Roig, cuando presentó el plan alternativo de Sant Josep el 28 de septiembre tras conocerse la caducidad de las NPP, sostuvo que el trabajo desarrollado durante la tramitación «no se pierde», porque la información obtenida se aprovecharía para el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Perjuicios para propietarios y profesionales
Gea también señala las consecuencias económicas que atribuye al período de suspensión urbanística asociado a las NPP, durante el que determinados proyectos y licencias quedaron condicionados por el nuevo planeamiento en tramitación.
Según argumenta, propietarios y profesionales realizaron gestiones, elaboraron documentos y participaron en el período de exposición pública con la expectativa de que las nuevas normas proporcionaran un marco urbanístico actualizado.
El técnico sostiene que la pérdida del instrumento provisional ha dejado sin resultado esas expectativas, mientras que el encarecimiento de la construcción y los honorarios de los proyectos agravan, a su juicio, los perjuicios para quienes no pudieron desarrollar sus iniciativas.
«Su o sus responsables tienen que asumir y reponer», dijo.
Exigencia de responsabilidades
Gea considera que la responsabilidad principal corresponde a Vicent Roig por reunir los cargos de alcalde y concejal de Urbanismo, aunque también apunta a otros responsables municipales que hubieran intervenido en el procedimiento por acción u omisión.
En su escrito expresa asimismo su opinión de que el alcalde debería haber dimitido, aunque distingue esa reclamación de las responsabilidades jurídicas que pretende que examine Fiscalía.
«Las responsabilidades políticas se las dejamos a los políticos, si bien todos coincidimos en que este alcalde debería ya de haber dimitido directamente», expuso.
Su denuncia, fechada el 9 de noviembre, solicita la intervención de Fiscalía para determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con la caducidad del procedimiento.
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