La Junta de Gobierno Local del Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha aprobado una propuesta de resolución para imponer una sanción de 59.481,62 euros al titular de una vivienda unifamiliar en suelo rústico del municipio por alquilarla como vivienda turística ilegal sin contar con título habilitante. El inmueble, situado en el entorno del polígono 7, se comercializaba a través de plataformas digitales durante el pasado verano.
La Policía Local destapó la actividad
El expediente arrancó a raíz de un acta de control de alquiler vacacional levantada por la Policía Local de Santa Eulària el 13 de julio de 2025, complementada por un informe del día 14 del mismo mes. En esas actuaciones se constató que el inmueble estaba siendo ofertado como estancia turística a través de la plataforma Secret Escapes en plena temporada alta.
Los agentes verificaron sobre el terreno la existencia de una reserva de cuatro noches, del 13 al 17 de julio, por un importe de 1.065 euros. El propio turista que se hospedaba en la vivienda en el momento de la inspección confirmó la operación. El informe municipal recoge además que la casa podía aparecer en otros portales de comercialización turística como Voyagé Privé.
Suelo rústico sin registro turístico
La edificación inspeccionada se levanta sobre suelo rústico común, una calificación en la que el uso turístico puede llegar a ser compatible, pero solo si la vivienda figura inscrita en el correspondiente Registro de Actividades Turísticas. En este caso, según el informe jurídico municipal, no constaba ningún título habilitante que amparase el cambio de uso detectado por los agentes.
La propuesta de resolución encaja la infracción en el tramo medio previsto por la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) para los cambios de uso legalizables. La cuantía resulta equivalente al 32,5% del valor de la edificación, un porcentaje que explica el importe final de la sanción propuesta.
Confirmada otra multa por anunciar en Airbnb
En la misma sesión, el Ajuntament resolvió las alegaciones presentadas en un segundo expediente sancionador por cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante, en este caso en una vivienda situada en la zona de es Coloms, también sobre suelo rústico. La Junta de Gobierno Local aceptó las alegaciones de la propiedad por considerar que no tenía responsabilidad sobre la infracción, pero desestimó las de la persona que comercializó la estancia y confirmó una multa de 46.361,60 euros.
La actuación se inició tras una inspección de la Policía Local realizada el 25 de mayo de 2025, en la que se acreditó la oferta del inmueble como alojamiento turístico a través de Airbnb. Durante la visita, los agentes verificaron una reserva de una noche, del 24 al 25 de mayo, por 159,23 euros.
Servicios propios de un hotel
Más allá del simple alquiler, la inspección detectó la prestación de servicios característicos de la actividad turística reglada: recambio de toallas, servicio de habitaciones y suministro de aguas e infusiones a los huéspedes. Esos detalles refuerzan en el expediente la calificación de la actividad como uso turístico y no como simple cesión residencial entre particulares.
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