El alcalde de Ibiza Rafael Triguero le trasladó a su concejal sin cartera Ana Ferrer Prohías, ambos del Partido Popular, «la conveniencia de formalizar su renuncia» al acta tras la detención de su marido por narcotráfico y blanqueo de capitales.
Hasta ahora, no hay ningún indicio de que la edil esté implicada en la operación. La concejal no estaba investigada ni ningún organismo judicial la había vinculado con los hechos. Aun así, el alcalde de Ibiza consideró que las circunstancias hacían inviable su continuidad en el cargo y que era recomendable su dimisión.
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El alcalde Rafael Triguero registra meses después la VPL en la que residió ilegalmente
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Triguero pide «prudencia» tras la dimisión de la concejala Ana Ferrer por la detención de su marido
Curiosa exigencia de Triguero quien lleva meses aferrado a la Alcaldía de Ibiza con un reguero de irregularidades documentadas a sus espaldas: una Vivienda de Precio Limitado (VPL) que ocupó sin haberla inscrito en el Registro autonómico y sin tener derecho a ello en virtud del abultado patrimonio de su mujer, pactos sucesorios que seis fuentes jurídicas califican de fraude de ley «de libro», una valla ilegal que retiró cuando La Voz de Ibiza comenzó a investigar el caso, una declaración responsable que no presentó y al menos tres versiones diferentes de los hechos a lo largo de las semanas.
La vara de Triguero de medir es, como mínimo, doble. Y hasta triple.
Lo que se le exigió a Ferrer y lo que se perdona Triguero
Ana Ferrer no ha hecho nada. Su marido, José Luis Cortés Cortés, fue detenido en la macrooperación de la Policía Nacional y la Guardia Civil que se saldó con 27 arrestados, más de 1.500 kilos de cocaína intervenidos y millones en criptoactivos.
Ferrer no figuraba entre los investigados, tal como avanzó este medio. Pero Triguero, según el comunicado del PP, le trasladó «la conveniencia de formalizar su renuncia», criterio que la concejala «compartió». Eso sí: todo eso después de que La Voz de Ibiza confirmara los vínculos.
La nota de prensa de la detención fue difundida por la Policía Nacional el viernes por la mañana. La Voz de Ibiza desveló los vínculos el sábado por la tarde. La nota de prensa con la renuncia no llegó hasta el domingo por la noche.
¿Qué pasó desde que la agentes armados hasta los dientes entraron de noche en el domicilio familiar de la edil para llevarse esposado a su marido en una operación de película hasta que un escueto comunicado del Grupo Popular anunció la dimisión?
Eso solo lo saben Triguero y Ferrer. Y a la vista de la habilidad del primer edil para retorcer tanto la realidad que no tiene problema en mentir, conviene, cuando menos, prudencia.
Y es que Triguero acumula irregularidades propias y documentadas. Trampas calificadas de muy graves que acarrearían multas millonarias si no gozara del manto de protección del PP como que el alcalde y su familia ocuparon la VPL del carrer Corona al menos seis semanas sin haber cumplido ninguno de los requerimientos establecidos por la normativa: no la inscribió en el Registro autonómico ni presentó la declaración responsable de beneficiarios, ambos trámites obligatorios previos a la ocupación efectiva.
Y sin poder hacerlo, ya que su esposa Verónica Prats es propietaria al 100% de otra vivienda en el mismo edificio, lo que incumple el artículo 2.5 de la Ley 3/2024.
Incumplimiento que fácilmente sería extensible al propio alcalde, ya que los pactos sucesorios mediante los que cedió bienes a sus hijos menores fueron calificados por seis fuentes jurídicas como fraude de ley. Curiosamente, el Govern lleva meses sin contestar a La Voz de Ibiza y al Partido Socialista sobre la validez de la cesión cosmética de los bienes para acceder a una VPL, cuestión que es capital a la vista de la apuesta del PP por facilitar la construcción de VPLs en suelo rústico.
También instaló una valla ilegal que la comunidad de propietarios había votado retirar en febrero —y que su esposa impugnó ante el Instituto de Mediación— y que solo retiró cuando este medio le comunicó la investigación periodística sobre sus trampas.
A ello se añaden al menos tres versiones distintas de los hechos: primero defendió que todo era correcto; después reconoció «estancias puntuales» de su familia en el inmueble sin admitir que vivió allí; y finalmente anunció que toda la inversión era para destinar la VPL al alquiler asequible, pese a la ruina económica que eso significaba.
El Govern, el Ayuntamiento y el silencio
Meses después del escándalo, el escenario institucional es de bloqueo generalizado. Triguero sigue sin conceder una entrevista a La Voz de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza sigue sin dar acceso completo al expediente de su VPL. La Conselleria de Vivienda lleva meses sin responder a las consultas jurídicas concretas que este medio le trasladó sobre la validez de los pactos sucesorios.
La semana pasada, la Conselleria sí respondió, aunque en otro contexto. Preguntada sobre si inspeccionaría la VPL de Triguero a raíz del nuevo plan de inspecciones de vivienda 2026-2027 centrado en combatir el uso fraudulento de viviendas protegidas, la respuesta fue reveladora por su banalidad: «Esta VPL estará sujeta a las mismas condiciones que el resto de VPL finalizadas de cara a las futuras inspecciones. En la nota ya se explica el plan de inspecciones en cada ámbito».
Es decir: la VPL del alcalde de Ibiza, con una denuncia formal del PSOE ante el IBAVI, con seis fuentes jurídicas que la califican de fraude de ley y con un pleno extraordinario monográfico a sus espaldas, recibirá exactamente el mismo tratamiento que cualquier otra VPL. Sin urgencia. Sin prioridad. «Como cualquier otra denuncia que se recibe», en palabras de la propia Conselleria.
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Prudencia para unos, silencio para otros
Cuando estalló el caso de la concejala Ferrer, Triguero pidió «prudencia» y encuadró la situación en el terreno personal. Cuando estalló el Triguerogate, el PP pidió lo mismo: prudencia, que los trámites siguen su curso, que todo está en plazo.
La diferencia es que Ferrer fue obligada a dimitir por quien sigue en el cargo, aferrado, cambiando de versión cada vez que la presión aprieta, sin dar entrevistas, sin permitir el acceso al expediente y con un Govern que le protege de forma escandalosa a la par que bochornosa.
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