La Dirección Insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera ha sacado a licitación un contrato para retirar y destruir embarcaciones utilizadas en la inmigración ilegal, con un valor estimado de 434.956,8 euros y una duración de un año. Sin embargo, el propio pliego calcula la retirada de unas 150 embarcaciones, una previsión que no alcanza el número de pateras llegadas a las pitiusas en cualquiera de los dos últimos años.
En 2025 llegaron a Ibiza y Formentera un total de 194 pateras, mientras que en 2024 se registraron 183 embarcaciones, según datos oficiales de la Delegación del Gobierno publicados por La Voz de Ibiza.
La cifra prevista en la licitación, por tanto, queda por debajo del volumen de embarcaciones detectadas en ambos ejercicios recientes.
Las empresas interesadas en el contrato podrán presentar ofertas hasta el 23 de marzo y el servicio tendrá una duración de un año desde su formalización.
Formentera, principal punto de llegada
El fenómeno migratorio por vía marítima mantiene una fuerte presión sobre las costas de Ibiza y Formentera, especialmente en esta última isla.
Durante 2025 llegaron a las Pitiusas 3.217 personas en embarcaciones irregulares, lo que supuso un incremento del 16,45 % respecto a 2024, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno.
Formentera volvió a concentrar la mayoría de las llegadas, con 167 pateras y 2.791 migrantes, prácticamente las mismas embarcaciones que el año anterior. En Ibiza se registraron 27 barcas y 426 personas, lo que representó un aumento del 23,12 % respecto a 2024.
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El año anterior, 2024, las cifras ya habían sido elevadas: 162 pateras y 2.580 migrantes en Formentera, mientras que Ibiza registró 21 embarcaciones con 330 personas.
Destrucción completa de las embarcaciones
Sin embargo, estos datos propios del Gobierno no han sido tenidos en cuenta a la hora de redactar los pliegos de prescripciones técnicas que prevé que la empresa adjudicataria se encargue de retirar, trasladar y destruir las embarcaciones utilizadas en la inmigración irregular que aparezcan en las dos islas.
Según el pliego técnico, el servicio se realizará a demanda de la Dirección Insular, que comunicará la ubicación de las barcas a retirar, y la empresa deberá iniciar los trabajos en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación.
La normativa también establece que los motores no podrán venderse ni reutilizarse, por lo que deberán desmontarse completamente para impedir su funcionamiento, mientras que el resto de la embarcación deberá ser destruido y gestionado como residuo conforme a la normativa ambiental vigente.
Previsión de hasta 150 embarcaciones
El cálculo incluido en el pliego se ha realizado sobre una estimación de 150 embarcaciones retiradas durante el periodo del contrato, de las cuales 38 llevarían motor incorporado.
Esta previsión se basa en estimaciones administrativas, ya que el número final dependerá de cuántas embarcaciones utilizadas en la inmigración irregular sean localizadas o recuperadas durante el año de vigencia del contrato.
Según establece el pliego, «en base a los datos existentes, el cálculo se ha realizado sobre un total de 150 embarcaciones, repartidas en las islas de Ibiza y Formentera, de las cuales 38 llevaran motor incorporado. El peso medio estimado es de 80 kilos para el motor y de 620 kilos para el resto de la embarcación».
No obstante, los datos recientes reflejan que el flujo de pateras detectadas en Ibiza y Formentera ha superado ampliamente esa cifra en los últimos ejercicios, lo que evidencia la magnitud del fenómeno migratorio en las costas pitiusas.
Certificado obligatorio de destrucción
Para poder cobrar los trabajos realizados, la empresa adjudicataria deberá presentar un certificado de destrucción por cada embarcación retirada, en el que se detalle la identificación del expediente y se garantice que el motor ha sido desmontado o inutilizado completamente.
Asimismo, tras cada intervención se deberá comunicar a la Dirección Insular la fecha, ubicación y número de embarcaciones retiradas, así como el número de motores desmontados.
Un año sin prórroga
El contrato tendrá una duración inicial de un año, previsiblemente entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, o desde la fecha de formalización si esta se produce posteriormente. El pliego no contempla prórrogas y establece que el contrato también podría finalizar si se agota el presupuesto disponible antes de ese plazo.
El adjudicatario deberá contar con personal especializado, equipos homologados y los permisos necesarios para la gestión de residuos, además de asumir la responsabilidad por posibles daños derivados de la ejecución del servicio.
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