URBANISMO A LA CARTA

Ni el alcalde de Ibiza ni el Lío responden tras las insólitas explicaciones sobre la macrodiscoteca del Corso

Julio Bruno asegura que el Ayuntamiento les ayudó «desde el principio» a buscar local, pero ni el Consistorio ni el grupo aclaran cuándo ocurrió ni en qué consistió esa ayuda; sus explicaciones sobre el aforo, los precedentes y quién paralizó las obras chocan además con los expedientes
Simulación de cómo sería el futuro Lio en el Hotel Corso, sobre la base de los renders (imagen creada con IA).

Durante ocho meses, los vecinos de s’Illa Plana han repetido lo mismo. Que el Ayuntamiento de Ibiza no actuó con neutralidad en el expediente del Hotel Ibiza Corso. Lo llamaron «política a la carta» y denunciaron que las instituciones buscaban «fórmulas para poder encajar el proyecto». Nadie del otro lado lo había corroborado nunca.

Hasta esta semana. Y lo ha hecho quien más tenía que perder callándose: el presidente del grupo Lío Ibiza, Julio Bruno, que no lo cuenta como denuncia, sino como queja por la ayuda que ahora echa en falta.

«Yo mismo le comuniqué al alcalde que nos tendríamos que ir a otro sitio si no se renovaba el contrato en Marina Ibiza. Él me dijo que no podíamos irnos a otra parte de la isla porque el Lío es fundamental para la ciudad. Desde el principio estuvieron ayudándonos», afirmó en declaraciones a Diario de Ibiza.

Un empresario avisando al Ayuntamiento de que se queda sin local, un alcalde pidiéndole que no abandone la ciudad y una administración implicada en encontrarle acomodo, mientras esa misma administración tramitaba la licencia del edificio al que pensaba mudarse.

De ahí salen dos preguntas que ninguna de las partes ha querido responder. ¿Cuándo se produjo esa conversación? ¿Y en qué consistió exactamente esa ayuda? Este periódico las trasladó al Ayuntamiento y al Lío y no ha obtenido respuesta.

El relato de Bruno encaja, además, con dos antecedentes. El primero: antes incluso de solicitar la licencia, la promotora preguntó al Ayuntamiento si la operación era viable. Ese informe de viabilidad se tramita en el expediente Gestiona 5848/2025, y los vecinos llevan desde octubre reclamando una copia sin obtenerla. El segundo: con el expediente ya cuestionado, el alcalde Rafael Triguero compareció ante el pleno de agosto para pedir prudencia y tiempo y hablar de «contentar a ambas partes».

En qué consiste realmente esa «pelea»

Bruno asegura que están «peleando por lo que es justo y por la licencia de obras que tienen».

Sin embargo, la licencia no está vigente: el Ayuntamiento suspendió su eficacia el 17 de septiembre, al constatar que el proyecto supera el límite legal de ocupación. La promotora presentó después un proyecto modificado para corregirlo, y el Consistorio lo denegó el 23 de octubre. Y antes, el 28 de agosto, había archivado el expediente de legalización de 2016, el que sostenía el argumento del uso recreativo previo.

Contra esas decisiones hay recursos en marcha. Y entre quienes los han presentado no está solo la propiedad del hotel: Lío Ibiza, S.L. ha recurrido en su propio nombre el archivo del expediente de 2016, y ha pedido además que se suspenda.

Entre un restaurante y la pelea por un permiso recreativo

«Lógicamente, el Lío no es una discoteca, sino un restaurante de lujo con espectáculo», sostiene. Si fuera así, la vía sería sencilla: solicitar una licencia de restaurante. Un local de restauración que ofrezca un espectáculo durante el servicio no figura entre las actividades que el planeamiento prohíbe implantar en el municipio.

Pero no es eso lo que se tramita. El proyecto se apoya en un permiso recreativo, y es ese título el que la propiedad y el grupo litigan por conservar. El único que ha tenido el edificio en toda su historia es una licencia de sala de baile de 1997, como reconoció el Ayuntamiento por escrito en un informe remitido al Consell el pasado agosto.

Lo que un restaurante no puede hacer es pista de baile, niveles sonoros propios del ocio nocturno y horario de madrugada. Son esos tres elementos, y no el espectáculo, los que separan una cosa de la otra. El proyecto presentado apunta en esa dirección: 2.484,20 metros cuadrados de uso recreativo con escenario, camerinos, pasarela y cinco palcos VIP, según los planos adelantados por este medio.

Este periódico preguntó al grupo bajo qué título entiende que podría desarrollarse allí esa actividad. Tampoco ha obtenido respuesta.

Un aforo que supera el autorizado

«Es muy difícil encontrar un local con las características que necesita el Lío, donde 400 o 500 personas puedan cenar todas las noches», explica Bruno para justificar la falta de alternativas. Reconoce también que «ya no se pueden construir nuevos emplazamientos», en línea con lo que establece el Plan General de 2023, que prohíbe implantar nuevas salas de fiesta, discotecas y salas de baile «y similares» en todo el término municipal.

Esa cifra de comensales supera, en todo caso, el aforo máximo que ampara la licencia de 1997, fijado en 365 personas según la documentación del expediente, dato que el propio Ayuntamiento confirmó al Consell en agosto.

Un precedente que su empresa litiga para resucitar

«Allí siempre hubo esa actividad, primero con el Lucifer y después con el STK Ibiza», apela.

Lo que no menciona es la situación de ese precedente. Las obras que permitieron implantar el STK se ejecutaron en 2016 sin licencia previa. La promotora pidió legalizarlas, el Ayuntamiento le requirió documentación que nunca aportó y el expediente quedó abierto casi una década, hasta que se archivó por desistimiento.

Es decir: el precedente que invoca como prueba de normalidad es el mismo que su empresa litiga para recuperar, porque de él depende el argumento del uso preexistente.

«Una persona que tiene pisos por la zona»

«¿Cómo se puede conceder una licencia de obras y después paralizarlo todo porque se ha presentado una denuncia de alguna persona que tiene pisos por la zona?», se pregunta Bruno.

El expediente, no obstante, dice otra cosa. Contra la licencia hay dos recursos de reposición de dos vecinas distintas, una asociación constituida y tres procedimientos contencioso-administrativos en los juzgados de Palma. Los recurrentes actúan amparados en la acción pública urbanística, una figura que la ley reconoce a cualquier ciudadano para defender la legalidad, sin necesidad de acreditar un interés propio.

Y, sobre todo, el Ayuntamiento no paró las obras por una denuncia. Su resolución de 17 de septiembre lo explica: el proyecto supera el límite de ocupación y ejecutarlo «podría dificultar la efectividad de la resolución que finalmente se adopte». El defecto lo detectaron sus propios técnicos tras un requerimiento del Consell.

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