Noticias del mes de octubre de 2026
La Audiencia Provincial de Baleares impone tres años de prisión al piloto de una embarcación que partió de Argelia y fue rescatada por Salvamento Marítimo a 53 millas de Formentera. La sentencia ya es firme.
La Audiencia Provincial ratifica la sentencia después de que ni el inquilino ni su abogado acudieran a la vista. El letrado alegó una enfermedad, pero no había solicitado la suspensión del juicio.
Los dispositivos de la Policía Local, desarrollados en su mayoría junto al Consell de Ibiza, también han contabilizado 410 intervenciones de control del transporte. El último operativo se saldó con cuatro nuevas actas por presuntas irregularidades en alquileres turísticos.
Baleares lidera el precio del alquiler en España con una media de 1.681 euros al mes, mientras cae la oferta y aumenta la competencia por cada vivienda
La Audiencia Provincial de Baleares revoca la sentencia que había frenado el desalojo de una pareja en Ibiza por su situación de vulnerabilidad. Los inquilinos intentaron saldar la deuda con 1.000 euros, pero la Justicia considera que el pago fue insuficiente y les obliga a abandonar la vivienda y abonar las rentas pendientes.
La organización de consumidores pide a Consumo investigar a la inmobiliaria, con oficinas en Ibiza, por facturar gastos que corresponden al propietario.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado en el BOIB la distribución oficial de los locales y mesas electorales para los comicios del 29 de noviembre. Ibiza contará con 163 mesas repartidas entre sus cinco municipios, mientras que Formentera dispondrá de otras diez. Consulta cómo se distribuyen los puntos de votación.
La Audiencia Provincial de Baleares confirma la condena a un avalista que deberá responder por una deuda de 13.866 euros, más intereses y costas, después de que BBVA vendiera el crédito a una empresa de recobro.
La norma paraliza determinados desahucios hasta 2030, modifica las reglas del alquiler y activa nuevas ayudas fiscales y medidas para acceder a una vivienda
El Consejo de Ministros aprobó de nuevo los dos reales decretos rechazados el viernes con algunas modificaciones. El segundo decreto, sobre la prórroga automática de alquileres, no entrará en vigor sin el apoyo de la Diputación Permanente, algo que Sánchez reconoce como improbable
El Gobierno prepara un nuevo texto tras el rechazo del anterior decreto, con cambios en prórrogas, rentas, reparaciones, contratos e IRPF
El presidente del Gobierno anunció este lunes el adelanto electoral después de que PP, Vox, Junts y UPN tumbaran el viernes los dos reales decretos de vivienda. Las elecciones se celebrarán 54 días después de la publicación del decreto de disolución en el BOE.
El Pleno rechaza la norma por 178 votos frente a 172 y deja sin efecto medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de determinados contratos de alquiler. «La historia les juzgará antes de lo que creen», advirtió Pedro Sánchez antes de la votación.
Santa Eulària supera los 8.200 euros/m², Ibiza ciudad se encarece un 7,4% en un año y Sant Joan registra la mayor caída de Baleares, en plena crisis habitacional y con dos decretos de vivienda en debate en el Congreso.
Fuentes del Consejo de Ministros cifran en un «99%» las posibilidades de que Sánchez convoque elecciones de forma inmediata si el Congreso tumba los decretos de vivienda este viernes. La cita sería el 29 de noviembre.
La presidenta del Govern afirmó en Ibiza que la normativa ha convertido Cataluña en una «campeona en desahucios» y que ha retirado del mercado las viviendas más asequibles. Advirtió de que el nuevo decreto deja hoy a quienes buscan alquiler en peor situación que la semana pasada.
Zenón Helguera, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Pimeef, considera «una absoluta locura» algunas de las nuevas medidas y acusa al Gobierno de «castigar» a los propietarios con más restricciones.
La medida, incluida en el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, entra en vigor este jueves y permitirá mantener los arrendamientos en las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2028. A nivel nacional afecta a más de 1,8 millones de contratos.
