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La vicepresidenta afirmó que el concurso de 2013-2020 «también era de seis años más dos de prórroga» y que «también estaba mal hecho». Sin embargo, los pliegos de aquel concurso revelan que el contrato era de un año prorrogable anualmente, siempre supeditado a la obtención de la autorización de Costas. Nunca se firmó un contrato por un plazo superior al título habilitante como sí ha ocurrido ahora.

La consellera insular negó en Radio Illa las informaciones publicadas por La Voz de Ibiza, que ha reconstruido los hechos a partir de varias fuentes presentes en la reunión del 18 de mayo. Castelló reconoció que sí habló con el conseller Lafuente y otros cargos del PP para explicarles la situación y «ver qué se podía hacer», y admitió que la directora general estaba «muy enfadada» durante el encuentro

La directora general de Costas mostró en la reunión del 18 de mayo la resolución que detalla lo que se solicitó al Consell y lo que no se entregó correctamente. El consistorio optó por un recurso de alzada, un trámite que puede durar hasta tres meses y que, por silencio administrativo, condena a los concesionarios a perder el resto de la temporada.

La consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, reconoció en la reunión del 18 de mayo que había llamado a los técnicos de la Dirección General de Costas y Litoral para desbloquear las autorizaciones denegadas. La directora general le respondió que sus técnicos no iban a prevaricar.

La directora general de Costas y Litoral confirma lo avanzado por La Voz de Ibiza: el concurso es ilegal porque los pliegos violan el Reglamento de Costas al firmar un contrato con un plazo superior al permitido. Así lo ha dejado bien en claro en una reunión celebrada el 18 de mayo en la que estuvieron el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, la consellera insular Verònica Castelló y los concesionarios afectados.

Según ha podido saber La Voz de Ibiza, los perjudicados por el megaconcurso de Formentera han presentado un escrito de reiteración ante la Conselleria del Mar exigiendo que actúe con celeridad. La paradoja es mayúscula: en las mismas playas donde Costas ha denegado autorización a un tercio de las hamacas, los chiringuitos siguen operando en zonas inundables.

La Junta de Gobierno del Consell Insular aprobó el 24 de abril imponer 2.501 euros en penalidades a La Terraza de Pelaires S.L., adjudicataria del Lote 5 de la playa de Cavall d’en Borràs. El acta recoge que el socorrista no estaba «ni identificado ni presente» en el momento de la inspección, pero el Consell solo aplicó la falta leve por falta de identificación, ignorando que la ausencia física podría haberse calificado como falta muy grave.

La Asociación Hotelera de Formentera respalda a los concesionarios afectados, respalda cualquier acción judicial que emprendan y reclama también al presidente del Consell un papel más visible en la defensa de los intereses de la isla. Es la primera reacción sectorial contundente tras la resolución de Costas que dejó fuera 16 lotes de hamacas y sombrillas, reduciendo en un tercio estos servicios de playa.


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