La consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, cometió casi un sincericidio durante la reunión que mantuvieron las autoridades del Govern balear, del Consell Insular de Formentera y los adjudicatarios de los lotes de hamacas: reconoció que llamó directamente a los técnicos de la Dirección General de Costas y Litoral de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua para intentar desbloquear las autorizaciones denegadas.
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Así lo dijo la propia Castelló durante la reunión del pasado 18 de junio que La Voz de Ibiza ha podido reconstruir a partir de diferentes fuentes.
El tenso encuentro se celebró en un local privado de Formentera, al que también asistieron el conseller del Mar, José Manuel Lafuente, la directora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer Matas, y el conseller insular de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, además de los adjudicatarios de los lotes de hamacas y sombrillas del concurso que ha quedado también bajo sospecha, al igual que los chiringuitos de Formentera.
Confesión en directo
Durante la reunión, Castelló admitió que había llamado directamente a los técnicos de la Conselleria del Mar para tratar de conseguir que autorizaran los lotes de hamacas y sombrillas que habían sido denegados.
La reacción de Ferrer Matas no dejó lugar a la ambigüedad. La directora general dejó claro que a sus técnicos no los iba a llamar nadie para presionarles, y menos para obtener autorizaciones que no correspondían. Sus palabras, según las fuentes presentes, fueron directas: sus técnicos no iban a prevaricar y la Dirección General iba a «hacer las cosas como tocaba».
La firmeza de Ferrer Matas en ese momento no fue casual. Los técnicos de la Dirección General de Costas son quienes han aplicado la OCAMAT —la Orden balear de 2013 que fija en 10 metros la distancia mínima entre las instalaciones de playa y la pleamar— para denegar 16 lotes completos de hamacas y sombrillas y reducir las unidades en otros dos.
Una decisión que ha generado el malestar del Consell de Formentera y del sector empresarial de la isla, y que la propia Ferrer Matas defendió en esa misma reunión.
La directora general también recordó en el encuentro que el Consell no había respondido a los requerimientos de documentación de la Conselleria por la vía que correspondía. En lugar de subsanar la documentación solicitada, el consistorio presentó un recurso de alzada.
Antecedentes de un conflicto en alza
La actitud de Sa Unió ante el conflicto de las hamacas ha seguido desde el principio una pauta constante: cuestionar las decisiones técnicas de la Conselleria, presionar públicamente al Govern y buscar atajos para mantener el mayor número posible de autorizaciones.
El Consell había cuestionado las actuaciones del Govern al considerar que gran parte de las reducciones impuestas derivan de la aplicación estricta de los criterios de la normativa OCAMAT (Ordenación de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre), que regula la distribución de instalaciones temporales en las playas de Baleares.
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Esta normativa fija distancias mínimas de 10 metros respecto al mar, limitaciones de longitud de los tramos ocupados, espacios libres entre lotes y condicionantes ambientales adicionales.
En ese sentido, Castelló dejó claro que «no comparte los criterios excesivamente restrictivos aplicados en esta resolución». Además, había afirmado que se había presentado toda la documentación requerida por la Conselleria del Mar, algo que la directora de Costas desmintió durante la reunión.
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