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Jane King, figura central en la implantación de la entidad en Ibiza, tiene una condena firme por malversación y prevaricación en el caso Palma Arena: contratos sin respaldo real, expedientes fabricados a medida y elusión de los controles administrativos. El mismo esquema que documenta el informe interno del Consell de Ibiza y por el que está acusada una ex consellera.

El Consell Insular ha ejecutado medidas cautelares contra establecimientos de la isla, precintando equipos de sonido en al menos una docena de locales luego de una inspección realizada en 2024. El caso de Beso Beach ilustra el caos de la gestión: presentaron toda la documentación requerida en su momento y dos años después les precintaron el equipo igualmente.

La entidad cultural más veterana de la isla califica la reforma como «un disparate» y pide a las instituciones ibicencas y a la población en general que se opongan al proyecto de Aena. Advierte de que doblar la capacidad del aeropuerto en una isla con problemas crecientes de agua, vivienda y tráfico «es un contrasentido».

Esquerra Unida-Podem anuncia una batería de iniciativas en el Consell d’Eivissa, los ayuntamientos donde tiene representación y el Senado para exigir la paralización del proyecto de Aena. La coalición denuncia que «ampliar el aeropuerto es una irresponsabilidad social, ambiental y económica» mientras Ibiza vive una crisis de vivienda sin precedentes y los recursos naturales están «al límite».

El proyecto aprobado por el Parlament le da a las administraciones Baleares (desde el Govern a los ayuntamientos) un mayor peso en decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria. Las reformas que planea Aena incementarían en un 88% las puertas de embarque y han recibido numerosas críticas de ambientalistas. La cogestión aeroportuaria está pendiente de su tratamiento en el Congreso: la velocidad con la que se tramite podría ser determinante para el futuro de Es Codolar.


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