El Servicio de Ordenación Turística del Consell habría completado su informe definitivo sobre el permiso que hizo posible la reforma; la decisión de fondo depende ahora de que se reúna la Comisión de Ordenación Turística, sin que conste fecha
El Ayuntamiento cobró íntegramente una deuda derivada de una reforma ilegal de más de 400 metros cuadrados en una vivienda protegida anterior a 1956, situada en las inmediaciones del polígono de Ca na Palava. Las obras continuaron pese a las órdenes de paralización.
La Asociación de Illa Plana denuncia que trabaja «a ciegas» por una información incompleta y sostiene que mantener vigente una licencia que el propio Ayuntamiento reconoce viciada permite consolidar derechos que después podrían resultar indemnizables.
Una plataforma vecinal denuncia riesgos estructurales y un aparcamiento caro en el proyecto para trasladar el Mercat Nou de Ibiza.
El Consell de Govern aprobó una ampliación de crédito de 5.796.307,35 euros para pagar la última condena judicial vinculada a la aplicación de la Ley Carbonero en la urbanización de Santa Eulària, que ya suma trece sentencias firmes. La Comunidad Autónoma acumula más de 380 millones desembolsados por el conjunto de litigios derivados de esta norma, con otros 210 millones aún reclamados en tribunales.
El PSOE reclamó en el pleno de julio una actuación «urgente y eficaz» ante la reaparición de edificaciones sin licencia por valor de 2,4 millones de euros en la finca, además de un asentamiento ilegal con episodios de violencia. El alcalde, Vicent Roig, rechazó los siete puntos de la moción y defendió que no ha habido «ni un solo día de inacción».
El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Ibiza y Formentera, Lluís Oliva, advierte de que el margen de beneficio de las VPL desarrolladas mediante Proyectos Residenciales Estratégicos puede ser tan estrecho que ningún promotor apueste por ellas, especialmente en municipios como Santa Eulària, que ha optado por destinar el 100% de la edificabilidad a protección pública
Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni acumulan 543 peticiones para regularizar construcciones ilegales en suelo rústico, más del doble que en noviembre. Santa Eulària ha recaudado ya 171.291 euros en sanciones por legalización.
Sa Claror opera como Vivienda de uso turístico con licencia del Consell de Ibiza y doce plazas autorizadas mientras el Ayuntamiento tramita el derribo de 325 metros cuadrados de construcciones ilegales levantadas en 2010. La propietaria ignoró durante siete años la sentencia del TSJIB que ordenaba restablecer la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento de Sant Josep aprueba el proyecto de derribo de 325 metros cuadrados construidos sin licencia en la finca Sa Claror, cuya propietaria lleva siete años sin acatar una sentencia del TSJIB. La factura, de 142.639 euros, correrá a cargo de la dueña del inmueble, que opera como villa de alquiler turístico de lujo a más de 5.600 euros la noche.
A escasos metros de la carretera que une La Savina con Sant Francesc Xavier sobreviven los restos del que fue el penal más terrible de las islas. Entre 1940 y 1942 estuvieron recluidos más de dos mil presos republicanos y murieron al menos 58 de ellos.
Víctor Madera Núñez, presidente de Quirónsalud y uno de los hombres más ricos de España, es el titular de la licencia de construcción que el Consell Insular de Formentera ha paralizado en la Mola. El empresario acumula polémicas en Madrid por sus vínculos con la privatización sanitaria, sus negocios al amparo de cambios urbanísticos y un conflicto judicial con una empresa ibicenca.
La institución insular detectó que determinados aspectos de la ejecución no se ajustaban al proyecto autorizado. El promotor se encuentra ahora en plazo para recurrir o adaptar la paralización.
La moción que la agrupación socialista llevará al pleno del viernes pide limitar la nueva construcción a primera residencia de población residente y anuncia que llevará la iniciativa también a los ayuntamientos. Sin embargo, aún no ha concretado un instrumento urbanístico o normativo.
El Ayuntamiento mantiene el calendario de ejecución del bulevar de Vara de Rey, que entra en su fase final tras meses de obras y ajustes técnicos.
El informe jurídico cita doctrina del Supremo y del Constitucional para defender que la Administración no puede usar su silencio ni la pérdida de documentos en perjuicio de los propietarios.
La patronal Abini respalda la inversión histórica del Govern pero reclama transparencia, calidad en la ejecución y pleno respeto a la normativa urbanística y ambiental.
La modificación del Plan Territorial Insular reduce un 82 % las viviendas que podrán dedicarse al alquiler turístico y prohíbe nuevas construcciones sobre acuíferos deteriorados.
La intervención del Ayuntamiento de Sant Joan destapa una actividad no autorizada en una finca rústica, con elementos sorprendentes como carpas y caravanas, que han llevado a abrir un expediente por infracción muy grave.
El presidente insular lanza una medida inédita en plena crisis habitacional y promete más acciones en el frente urbanístico.
El Ayuntamiento de Santa Eulària impone una fuerte multa por actividades no autorizadas, modificaciones sin licencia y graves deficiencias en seguridad.
Desde el Consell Insular de Ibiza han explicado que el Decreto Ley del Govern de 2022 modificó todos los planes e insisten que se aprobarán este año. De todos modos, la normativa ahora está sobre la mesa de Sant Josep.
La promotora Sky and Sand SL realizó una reforma integral y varias construcciones sin permiso en zona protegida de Cala Mastella.
El Ayuntamiento destaca la alta implicación de la ciudadanía en la elaboración del nuevo plan urbanístico.
El Consistorio proyecta actuaciones clave en Sant Carles, Cala Llenya, Can Rimbaus y en las instalaciones deportivas del municipio.
