Los antiguos concesionarios de los kioscos de playa de Formentera, perjudicados por el megaconcurso bajo sospecha, instan a la Consellería del Mar y Ciclo del Agua a anular las actas de replanteo al considerar que incumplían el título habilitante, una de las tantas irregularidades de la licitación.
Tal como había avanzado La Voz de Ibiza, este documento clave, que debía ser realizado por el propio Consell Insular de Formentera, fue elaborado por las propias partes interesadas.
Esto fue ratificado por el propio portavoz del colectivo de los nuevos concesionarios, Juanjo Costa, responsable del quiosco de playa de Migjorn, quien había manifestado que “nosotros ayudamos aportando una planimetría porque si no tal vez todavía estaríamos esperando”.
A esto también se le añade un informe negativo de Demarcación de Costas que alertaba al responsable del contrato del Consell, Javier Asensio, que la planimetría aportada no correspondía al título habilitante. Esto ha sido confirmado a La Voz de Ibiza por fuentes conocedoras del expediente.
Una irregularidad más
A través de una nota de prensa, los antiguos concesionarios han detallado tener conocimiento de que, el 18 de junio de 2024, la Conselleria del Mar “solicitó formalmente a la Demarcación de Costas el tutelaje del técnico correspondiente en Formentera para la realización del replanteo de los kioscos, un paso esencial para iniciar su instalación y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos”.
Sin embargo, el técnico encargado del tutelaje informó a Asensio “que la planimetría que presentaba el Consell no correspondía al título habilitante, con modificaciones significativas en la ubicación y orientación de los kioscos”.
Este hecho genera –según han planteado los perjudicados por el concurso amañado- “serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del procedimiento, ya que las modificaciones introducidas parecen beneficiar a determinados concesionarios, alterando el marco inicial de la adjudicación”.
“Aún más preocupante es que, según información difundida en un medio de comunicación, esta planimetría habría sido aportada por un licitador, sin que esta información fuera comunicada ni al técnico responsable del tutelaje ni a los técnicos de la Conselleria del Mar. Esto supone un grave problema de falta de transparencia y pone en entredicho la imparcialidad de un proceso que debería garantizar la equidad entre todos los concesionarios”, han agregado.
En tanto, los antiguos concesionarios afirman que el técnico tutelador remitió varios informes a la Conselleria del Mar “en los que se objeta el procedimiento seguido y se alertan de otras problemáticas que podrían impedir que el replanteo se realizara de manera adecuada y conforme a la normativa vigente”.
“Estos informes detallan de forma pormenorizada las inconsistencias detectadas y plantean la necesidad de corregirlas para asegurar la legalidad y la equidad del proceso”, detallan.
Por eso, plantean que esta situación genera “incertidumbre entre los concesionarios y la comunidad de Formentera, pues la falta de transparencia y el incumplimiento de los procedimientos establecidos pueden afectar no solo a los afectados directamente, sino también a la imagen institucional y la confianza en las administraciones encargadas de gestionar estos espacios públicos”.
¿Anulación de las actas?
En tal sentido, los antiguos concesionarios instan al conseller Juan Manuel Lafuente Mir, “quien cuenta con un profundo conocimiento jurídico, a que actúe en consecuencia y proceda a la anulación del acta de replanteo o, en su defecto, exija la subsanación de las irregularidades detectadas”.
Para los perjudicados del concurso bajo sospecha es fundamental “que el proceso cumpla estrictamente con el título habilitante y la legislación aplicable, garantizando una gestión transparente, equitativa y ajustada a derecho”.
“Asimismo, apelamos a las instituciones competentes y a la sociedad civil para que permanezcan atentas a la evolución de este proceso, exigiendo que se respeten los principios de legalidad y justicia en la toma de decisiones que afectan a concesionarios y al conjunto de la ciudadanía”, concluyeron en la nota de prensa difundida.
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