El conflicto entre administraciones por el ‘Airbnb náutico‘, que permite el alquiler de embarcaciones privadas de lista séptima durante tres meses al año, ha escalado al ámbito judicial. El Gobierno de España ha interpuesto un contencioso-administrativo contra el decreto del Govern balear que regula el chárter náutico y pone un freno a esta posibilidad.
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La normativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez permite desde comienzos de año que los propietarios de embarcaciones de uso particular puedan alquilar sus barcos durante un máximo de tres meses al año con fines turísticos. La medida, anunciada en julio de 2025, ha desatado un choque institucional entre ambas administraciones que ahora se dirime en los tribunales.
El Govern balear respondió con una modificación exprés del decreto autonómico de chárter náutico para bloquear esta posibilidad, incluso cuando soliciten un cambio temporal de uso.
La presidenta Marga Prohens defendió entonces que el Estado pretende “imponer un modelo que ignora la realidad insular”, una reacción respaldada por ayuntamientos, el Consell de Ibiza y el sector náutico, que ha llegado a calificar la norma estatal como “una bomba de relojería” por el previsible incremento de actividad sin control.
Por su parte, el director general de Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha advertido de que los propietarios de embarcaciones recreativas que se sumen al alquiler turístico podrían perder sus amarres en los puertos autonómicos de gestión directa, como sucede en el de Sant Antoni, y ha planteado rediscutir cánones con los adjudicatarios de gestión indirecta.
Dos frentes judiciales abiertos
Además del recurso presentado por el Gobierno central, el Govern ha confirmado la existencia de un segundo contencioso impulsado por listaséptima.com, la principal plataforma del llamado ‘Airbnb náutico’ en España, que ya opera con sede en las Islas.
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«La Delegación del Gobierno nos notificó una reclamación por invasión de competencias; la contestamos en tiempo y forma, y ahora han optado por la vía judicial. No hay medidas cautelares dictadas. Si un juez ordena modificar el decreto, lo haremos, pero mientras tanto defenderemos la normativa balear, que cuenta con el apoyo del sector», ha explicado Mercant a Menorca Info.
Mercant ha denunciado que el cambio normativo estatal responde a presiones de intereses privados: «El Gobierno se rinde a los intereses de una inmobiliaria de Madrid: listaséptima.com», ha afirmado.
En su opinión, esta legalización supone un precedente «insólito» y fomenta la especulación sobre el dominio público marítimo: «No hay necesidad de añadir más embarcaciones al mercado del arrendamiento en Baleares», ha sentenciado.
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