El demoledor informe interno elaborado por el Departamento de Bienestar Social del Consell de Ibiza sobre la relación entre la institución y la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Baleares durante la legislatura de PSOE y Podemos-Guanyem (2015-2019) documenta una secuencia que sus propios autores califican de «toda una planificación, una trama o maquinación para favorecer a Amadiba».
El hilo conductor es una orden verbal del entonces presidente del Consell, el socialista Vicent Torres, que nunca quedó plasmada en ningún documento administrativo, que Torres ha negado y sobre la que se negó a declarar en el expediente, pero que desencadenó una operación de tres fases: la cesión de pisos públicos a Amadiba sin procedimiento alguno, el rechazo formal de esa cesión por el propio Consell Executiu y la permanencia de la entidad en esos inmuebles durante casi tres años en situación de posesión sin título, que luego fue usada para intentar adjudicarle contratos directos por exclusividad.
El informe, que obra en poder de La Voz de Ibiza, plantea explícitamente si esta conducta podría ser constitutiva de fraude a la Administración pública y negociaciones prohibidas, delitos tipificados en los artículos 436 y 439 del Código Penal.
La orden verbal que lo inició todo
El 28 de abril de 2016 se celebró en el Consell de Ibiza una reunión a la que asistieron el presidente Torres, la consellera de Bienestar Social Lidia Jurado –acusada por prevaricación–, la directora insular Judit Romero y representantes de Amadiba acompañados de familias de usuarios.
Según el relato que la propia Amadiba plasmó en su escrito de reclamación de diciembre de 2018 —y que el informe califica de «sorprendente, e incriminatorio»— en esa reunión Torres aprobó la creación de la red de servicios de Amadiba, comentó que «la financiación no supone un problema», y puso a disposición de la entidad viviendas de propiedad del Consell para que eligiera las más convenientes para sus servicios.
Ese relato fue confirmado ante notario por la propia Judit Romero, quien declaró que Torres «encargó al Departamento de Bienestar Social hacer todo lo necesario para que el 1 de julio de 2017 fuese una realidad que los usuarios pudieran estar atendidos en la isla por Amadiba, a través de la implantación de todos los recursos que la entidad iba a crear».
En otra manifestación del mismo documento notarial, Romero añadió: «El proyecto de Amadiba de crear una red de servicios de atención se ha implantado en Ibiza ante el visto bueno del presidente del Consell Insular y el encargo explícito que le hizo al Departamento de Bienestar Social de poner en marcha los recursos presentados en la reunión de 28 de abril de 2016 ante todas las familias asistentes y ante mí misma».
El informe señala que Torres «ha eludido efectuar declaraciones en el presente expediente». De todas formas, aclara que, «por mucho que hubiera habido un encargo del presidente al Departamento para poner en marcha determinados servicios, eso se habría tenido que hacer conforme a la ley».
El propio informe recuerda que incluso antes de esa reunión, la funcionaria autora del documento advirtió a Jurado y Romero en una reunión celebrada el 6 de junio de 2016 «que, conforme a derecho, no era posible seguir, sin más, lo que se planteaba en dicha hoja de ruta, dado que se podían vulnerar principios de publicidad y libre concurrencia».
Esa funcionaria fue trasladada a otro departamento meses después, el 7 de octubre de 2016.
El Consell Executiu dijo no
A finales de junio de 2017, el Consell puso a disposición de Amadiba varios pisos ubicados en el carrer de González Abarca de Ibiza —incluyendo el denominado «piso Rosa», que agrupa varios inmuebles en un pasaje entre ese carrer y el carrer de Vicent Serra i Orvay— sin mediar concurso ni procedimiento alguno.
Para intentar dar cobertura legal a esa cesión de hecho, el Departamento de Bienestar Social tramitó un expediente de cesión de uso. Los informes técnico y jurídico incluidos en ese expediente fueron favorables. La consellera Jurado emitió informe favorable el 30 de junio de 2017.
Sin embargo, el Consell Executiu —el órgano de gobierno de la institución— rechazó el expediente el 3 de julio de 2017 y comunicó verbalmente que «no se aprobaría ni como cesión de uso ni bajo ninguna otra figura».
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A pesar de ese rechazo formal, Amadiba permaneció en los pisos. El propio informe de los funcionarios recoge que la jefa del Servicio de Bienestar Social llegó a reconocer «una situación de posesión sin título habilitante (precario) por parte de la entidad».
Por su parte, el Consell Consultiu de las Islas Baleares, en su dictamen número 90/2018, señaló la contradicción con dureza: «Es difícil de entender que, si el Consell de Ibiza deniega la cesión de uso el 3 de julio de 2017, el mismo departamento que había recibido la denegación del expediente de cesión continuara con el de autorización».
También advirtió que «la consellera que había recibido la negativa del Consell Executiu para la cesión firmara la autorización objeto de revisión», y que la institución «parece estar cómoda con el hecho de que la entidad disponga del piso, aunque sin título».
Amadiba devolvió las llaves de los pisos al Consell en marzo de 2020, casi tres años después del rechazo formal de la cesión.
La exclusividad fabricada: el círculo se cierra
Lo que vino después es lo que el informe califica de operación especialmente grave. Esa cesión de hecho —ejecutada al margen de la legalidad y rechazada por el propio órgano de gobierno de la institución— fue usada a continuación para intentar adjudicar a Amadiba contratos negociados sin publicidad por exclusividad, argumentando que era la única entidad que disponía en Ibiza del recurso necesario para prestar el servicio.
Lo que no figuraba en ese argumento era que el recurso en cuestión —los pisos— era de titularidad pública, que Amadiba los tenía sin título legal y que fue el propio Consell quien se los facilitó para que se instalara.
El informe lo formula con una pregunta retórica que equivale a una acusación: «¿De verdad alguien piensa que está permitido por el ordenamiento jurídico contratar con alguien por exclusividad cuando esa situación de prevalencia y privilegio ha sido generada por la propia Administración pública?».
Y a continuación plantea si esa conducta podría encajar en el delito de fraude a la Administración pública del artículo 436 del Código Penal, o en el de negociaciones y actividades prohibidas a autoridades y funcionarios del artículo 439 del mismo texto legal.
La propia Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, en su informe sobre el expediente, llegó a la misma conclusión sobre el mecanismo: «Cuestiona la posición privilegiada al cederle el piso Rosa, y así poder acceder en exclusividad al contrato», señalando que «esas condiciones de ventaja con la cesión del piso de manera directa habrían debido estar puestas a disposición de cualquier proveedor capacitado para presentarse al procedimiento de selección».
Torres no declaró
La causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza tiene como única investigada a Lidia Jurado, la consellera que firmó los contratos.
El auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por la jueza Carmen Martín Montero el 24 de febrero de 2026 circunscribió el objeto de la causa a las irregularidades en la tramitación de esos dos contratos, denegando las testificales de Torres, Romero y otros protagonistas solicitadas por el Consell.
Torres, como expresidente, es la figura política de mayor rango implicada en el relato documentado por el informe. Su nombre aparece en las declaraciones notariales de Romero, en el escrito de reclamación de Amadiba y en el propio informe de los funcionarios. No tiene causa penal abierta. El informe señala que «ha eludido efectuar declaraciones en el presente expediente» y no ofrece ninguna explicación sobre esa negativa.
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