La extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares —el organismo anticorrupción dependiente del Govern que entonces presidía la socialista Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados— instruyó entre 2019 y 2021 un expediente de investigación sobre la relación entre el Consell de Ibiza y Amadiba durante la legislatura de PSOE y Podemos-Guanyem.
Lo que encontró fue suficientemente grave como para que su propio director apuntara en el informe la posibilidad de un delito de prevaricación. Sin embargo, la Oficina cerró sus actuaciones proponiendo únicamente sanciones disciplinarias y no remitió el expediente a la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Así lo revela el informe interno del Consell de Ibiza, al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza. El extenso documento dedica un apartado específico a analizar esa decisión y concluye que ni el archivo de la Fiscalía ni las conclusiones del director de la Oficina tienen «el efecto de cosa juzgada», y que los hechos documentados «no son meras irregularidades administrativas, inocuas o ingenuas, sino que tienen mucho más calado».
Lo que la Oficina detectó
El expediente I/DE/18/2019 fue abierto tras recibir una denuncia que ponía de manifiesto actuaciones irregulares del Departamento de Bienestar Social del Consell con una asociación privada.
La propia Oficina describió el objeto del expediente en su Memoria de 2021 con precisión: la finalidad de las actuaciones irregulares era «concederle una posición de exclusividad en relación con otras entidades privadas, ser adjudicataria de una serie de contratos de manera directa e intentar crear una cartera de servicios sociales del Consell Insular de Ibiza conforme a una hoja de ruta diseñada por la propia asociación».
A lo largo de la instrucción, el director de la Oficina fue identificando una serie de responsabilidades concretas. En las páginas 16 y 17 de su informe razonado, describió cuatro tipos de responsabilidad que podrían derivarse de los hechos: responsabilidad patrimonial y disciplinaria de Lidia Jurado por sus actuaciones en materia de contratación pública; responsabilidad contable por tratarse de servicios que el propio informe cuestionaba como innecesarios; responsabilidad por infracción muy grave de la Ley de Transparencia; y —este es el punto más relevante— «posible delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en la persona de la Sra. Lydia Jurado (sic) por contravenir, consciente y plenamente, los principios de la contratación relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia».
Sobre la cesión del «piso Rosa» y los inmuebles de González Abarca a Amadiba sin procedimiento alguno, la Oficina fue igualmente clara: según el informe del Consell, «cuestiona la posición privilegiada al cederle el piso Rosa, y así poder acceder en exclusividad al contrato», señalando que «esas condiciones de ventaja con la cesión del piso de manera directa habrían debido estar puestas a disposición de cualquier proveedor capacitado para presentarse al procedimiento de selección».
Y más aún: el director de la Oficina llegó a cuestionar la procedencia de los pagos ya abonados por el Consell mediante reconocimientos extrajudiciales de deuda, al concluir que el conjunto de la documentación analizada «pone de manifiesto una actuación premeditada entre el órgano de contratación y la entidad Amadiba para que fuera esta entidad la adjudicataria de las prestaciones de servicios que no llegaron a contratarse formalmente, por lo que cabría cuestionar incluso la procedencia del pago de los servicios prestados a través de la convalidación de las facturas».
El giro final: de la prevaricación a las sanciones disciplinarias
Con todo ese material sobre la mesa, el director de la Oficina se desplazó a Ibiza el 2 de octubre de 2020 para exponer los hechos ante la Fiscalía de Área y poner la documentación del expediente a su disposición.
Fue en ese momento —según documenta el informe del Consell— cuando se produjo el giro decisivo. En sus conclusiones finales, fechadas el 8 de abril de 2021, el director «ya no hace referencia a la posible responsabilidad penal» y circunscribió sus recomendaciones a tres puntos: exigencia de responsabilidades disciplinarias a la titular del órgano de contratación por la adjudicación irregular; exigencia de responsabilidad por incumplimiento de la Ley de Transparencia; y comunicación al Consell de una recomendación sobre el enriquecimiento injusto y el reconocimiento extrajudicial de deuda.
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El informe del Consell señala que el expediente de la Oficina tardó «prácticamente un año» desde que se denunciaron los hechos en concluir la fase de evaluación previa de verosimilitud, plazo que el documento califica implícitamente de llamativo.
Y subraya que la Oficina no contactó con la Fiscalía Especial Anticorrupción —que habría sido el organismo competente para una causa de esta envergadura— sino únicamente con la Fiscalía de Área de Ibiza.
El archivo de la Fiscalía de Ibiza
Paralelamente a la instrucción de la Oficina, el Consell presentó ante la Fiscalía de Área de Ibiza un escrito de presidencia de doce páginas, el 2 de junio de 2020, poniendo de manifiesto «la posible existencia de un plan preconcebido, de una avenencia para favorecer la implantación de esta entidad en la isla de Ibiza, asegurándole o garantizándole su financiación», y señalando posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Esas diligencias dieron lugar al expediente 18/20 de investigación penal. El resultado fue el archivo.
Una fiscal propuso el 22 de julio de 2020 que «de la investigación de las presentes Diligencias de Investigación Penal no se desprende que los hechos denunciados sean constitutivos de delito de prevaricación del art. 404 CP». La fiscal en jefe acordó el archivo el 7 de agosto de 2020.
En su escrito, la Fiscalía concluyó que «es la Jurisdicción administrativa la que debe continuar con la tramitación de este procedimiento» y que «respecto de las irregularidades desde el año 2016, a que se refiere en el escrito, no se ha podido inferir ninguna que pudiera ser constitutiva de delito».
El informe del Consell desmonta ese razonamiento con dureza. Señala que la Fiscalía «no aborda en su escrito la principal cuestión planteada: la existencia de un acuerdo directo entre Amadiba y el Consell para implantarse en la isla de Ibiza y crear una red de servicios, favoreciendo a esta entidad con elusión de cualquier procedimiento».
Y añade que la fiscal «únicamente hace valoraciones respecto a un concierto social», limitándose a señalar la omisión de un informe de Intervención como posible irregularidad, cuando lo denunciado era un plan preconcebido de mucho mayor alcance.
El documento recuerda además la «curiosidad» de que un expediente —el 18/20— se archivara sin más en agosto de 2020, mientras que en el otro —el 44/19, relativo a Amadiba por falsedad y estafa— la propia Fiscalía interpuso denuncia ante el Juzgado de Instrucción.
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