La firma navarra Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L. —cuyo administrador, Félix Azcona Lacarra, está imputado en dos causas judiciales vinculadas a la trama de corrupción que afecta al PSOE y a la SEPI, tal como avanzó La Voz de Ibiza— es la encargada de ejecutar uno de los derribos más complejos de los últimos años en Ibiza: la demolición del histórico complejo abandonado de Cala d’en Serra, en Sant Joan.
La adjudicación fue por 1.029.885,38 euros, frente a un presupuesto de licitación de 1,73 millones.
Un derribo de más de 7.200 metros cuadrados
El proyecto técnico contempla la demolición de más de 7.200 metros cuadrados construidos, de los cuales más de 6.300 corresponden a edificaciones propiamente dichas y cerca de 900 a elementos auxiliares —caminos, muros y plataformas—.
La actuación incluye los cuatro edificios principales del antiguo «Poblado de Vacaciones Cala d’en Serra», iniciado en los años 70 y nunca terminado, además de una piscina, casetas, depósitos, un centro de transformación eléctrico y diversas estructuras exteriores.
Las construcciones son fundamentalmente de hormigón armado y presentan cerramientos de bloque de hormigón vibrado y, en algunos puntos, fachadas de ladrillo cerámico.
El estado de conservación del conjunto llevó a calificarlo en el proyecto técnico de «grave riesgo de colapso», una circunstancia que explica la envergadura de las medidas de seguridad exigidas: la empresa deberá desplegar maquinaria pesada y ejecutar la demolición en fases controladas, comenzando por el derribo mecánico y finalizando con los movimientos de tierras y la adecuación del terreno.
Talar 29 árboles y restaurar el paisaje
El proyecto no se limita a derribar hormigón. También obliga a intervenir 38 árboles del entorno, en su mayoría pinos carrascos, de los cuales 29 deberán ser talados directamente por encontrarse dentro del perímetro de actuación o afectados por el estado de las estructuras.
Una vez completado el derribo, Erri-Berri deberá ejecutar la restauración paisajística del entorno: trabajos de jardinería y recuperación del terreno para devolverlo a su estado natural, en una parcela clasificada en suelo rústico protegido, con figuras de protección ARIP y AANP, y bajo la afección de la Ley de Costas.
La gestión de los residuos generados deberá hacerse con traslado a vertederos autorizados, previendo además la reutilización de parte de los materiales para minimizar el impacto ambiental de la obra.
Un calendario condicionado por motivos ambientales
El pliego del contrato fija que las obras de demolición no podrán comenzar antes del 1 de noviembre de 2026, una vez finalizado el periodo en que la normativa ambiental impide el inicio de este tipo de intervenciones en la zona. Antes de esa fecha, Erri-Berri sí está autorizada a instalar su maquinaria y medios auxiliares, así como a habilitar las implantaciones de seguridad y salud y a completar el resto de trámites administrativos previos.
El plazo total de ejecución es de doce meses: cinco meses para la demolición y la restauración inicial, más siete meses de mantenimiento posterior. La fecha límite para completar la primera fase —demolición y restauración— es el 31 de marzo de 2027.
El Consell de Ibiza, que asumió el liderazgo del expediente después de que el Ayuntamiento de Sant Joan le cediera la competencia, confirmó a este medio que la contratación de Erri-Berri se ajusta a la normativa vigente, dado que la prohibición de contratar con el sector público solo se activa en caso de condena penal firme, y no mientras la empresa se encuentre bajo investigación.
La empresa, investigada en dos causas judiciales
Erri-Berri y su administrador, Félix Azcona Lacarra, están investigados por la Guardia Civil en dos causas distintas vinculadas a la red conocida como «Hirurok», integrada por la exasesora socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán.
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Cuenta atrás para borrar la gran ruina de Cala d’en Serra: el Consell de Ibiza ya tramita el derribo
La primera, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, investiga la adjudicación en 2021 a Erri-Berri del contrato de 2,85 millones de euros para el desmantelamiento de las Baterías de Coque y Gasómetros del Parque Empresarial Principado de Asturias, en Avilés, promovido por SEPIDES, filial de la SEPI.
Según la UCO, la oferta de Erri-Berri —calificada como anormalmente baja— fue favorecida por gestiones de la red, que habría cobrado a cambio 400.000 euros camuflados en facturas de sociedades interpuestas. El pasado 29 de junio, Pedraz imputó a 25 personas en esta pieza, entre ellas la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y Félix Azcona.
La segunda causa, instruida por el Tribunal Supremo dentro del caso Cerdán, investiga pagos de Erri-Berri a Servinabar 2000 —empresa de Antxón Alonso en la que Cerdán tendría una participación del 45%— por unos 99.500 euros entre 2023 y 2024, coincidiendo con la incorporación de Erri-Berri como empresa homologada en un sistema de contratación de la empresa pública navarra Potasas de Subiza.
Un informe de la UCO del 24 de junio eleva a más de 575.000 euros el total abonado por Erri-Berri y sociedades de su entorno a las empresas vinculadas a Alonso, sumando ambas líneas de investigación.
