Vicent Roig no tiene descanso en los tribunales. Tras la denuncia por la situación de la urbanización de Cala Vadella, el alcalde de Sant Josep ahora es apuntado por la caducidad de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) del municipio por la falta de aprobación definitivo, lo que desembocó en que volvieran a tener vigencia las Normas Subsidiarias de 1986.
En ese contexto, Javier Gea Martínez ha remitido una nueva denuncia dirigida a la Fiscalía de Ibiza contra el alcalde y otros responsables municipales, a quienes atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y posible malversación de recursos públicos por la caducidad de las NPP.
El escrito, fechado el lunes 9 de noviembre de 2026, responsabiliza a los representantes municipales de no haber completado los trámites necesarios para evitar que el instrumento urbanístico decayera en septiembre, después de años de preparación, tal como avanzara este medio.
La denuncia, de ocho páginas y a la que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, está firmada digitalmente por Gea, quien afirma actuar en nombre propio y en representación de un colectivo de residentes y propietarios del municipio.
El denunciante dirige sus acusaciones principalmente contra Vicent Roig, por su condición de alcalde y concejal de Urbanismo, y solicita que se examine también la eventual responsabilidad de otros miembros del Gobierno local, técnicos municipales y responsables de los servicios jurídicos que hubieran intervenido en la tramitación.
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La caducidad de las NPP de Sant Josep ya es oficial: vuelven a regir las Normas Subsidiarias de 1986
Caducidad de normas urbanísticas
La denuncia se refiere al procedimiento para aprobar las NPP, concebidas como un instrumento transitorio para sustituir parcialmente las Normas Subsidiarias de 1986 mientras avanzaba la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El proyecto había comenzado a gestarse durante el anterior mandato municipal. En noviembre de 2022 se impulsó la solicitud al Consell de Ibiza, aunque la tramitación se prolongó durante los años siguientes. En mayo de 2025, La Voz de Ibiza ya informaba de los retrasos y de que el Consell situaba parte de las actuaciones pendientes en el Ayuntamiento.
Finalmente, la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (CIOTUPHA) aprobó inicialmente las NPP el 15 de diciembre de 2025, con la suspensión parcial del planeamiento anterior y la apertura de los trámites necesarios para su aprobación definitiva.
Sin embargo, el 22 de septiembre de 2026 La Voz de Ibiza adelantó que las normas habían decaído. Posteriormente, el acuerdo del Consell publicado el 8 de octubre en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) confirmó que la tramitación había quedado sin efecto desde el 15 de septiembre, devolviendo la vigencia a las Normas Subsidiarias de 1986.
Acusaciones por falta de documentación
La denuncia se monta sobre el hecho de que el Ayuntamiento no presentó dentro de los plazos exigidos los informes sectoriales necesarios para completar el procedimiento y atribuye esta omisión a la actuación de los responsables municipales.
A su juicio, la falta de cumplimiento de las obligaciones administrativas provocó que el Consell tuviera que declarar la caducidad de un instrumento que llevaba años preparándose. Por eso, piden que se investigue si esa actuación podría constituir un supuesto de prevaricación administrativa por omisión.
No obstante, el acuerdo oficial de caducidad publicado el 8 de octubre establece que había transcurrido el plazo legal sin obtenerse el pronunciamiento ambiental previo necesario para la aprobación definitiva.
La denuncia también plantea la posible existencia de malversación o defraudación de fondos públicos, al considerar que la caducidad ha dejado sin resultado los recursos destinados por distintas administraciones a reuniones, proyectos, informes y trabajos técnicos.
Gea añade en el escrito posibles perjuicios patrimoniales para propietarios y profesionales que participaron en la tramitación, presentaron propuestas o vieron condicionadas sus expectativas de desarrollo urbanístico durante el período de suspensión del planeamiento anterior.
Silencio
La Voz de Ibiza ha consultado sobre esta nueva denuncia al Ayuntamiento de Sant Josep. Sin embargo, no han realizado ninguna valoración, al igual que ocurrió con la reclamación de Cala Vadella.
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