El juicio penal contra la anterior cúpula de Gent per Formentera (GxF) por amañar el nombramiento de bomberos colaboradores del Consell Insular con el objetivo de favorecer al hijo del actual conseller de la formación insularista e integrante de la Comisión del Código Ético, José Marí Mayans, ya tiene fecha: las sesiones se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de abril de 2025 a las 9.30 horas en la Audiencia Provincial Sección Nº1 en Palma.
De esta forma, deberán sentarse en el banquillo de los acusados:
- Jaume Ferrer Ribas, el ex presidente del Consell Insular.
- Sonia Cardona Ferrer, ex vicepresidenta primera y consellera de Cultura, Educación y Patrimonio cuando sucedieron los hechos, quien es la actual secretaria general de GxF, cuya familia además es la propietaria de El Caminito, beneficiada con una controvertida licencia exprés con irregularidades
- Silvia Tur Ribas, ex consellera de Medio Ambiente, Industria y Energía, quien además fue diputada en el Parlament y que perdió las últimas elecciones ante la candidatura encabezada por el todavía presidente, Llorenç Córdoba
- Isidor Torres Mayans, ex gerente del Consell de Formentera acusado en su momento de contratar al estudio de arquitectura de su cuñado para la elaboración de dos informes urbanísticos sobre la Savina y Sant Ferran. Es hijo del ex alcalde Isidor Torres.
Los tres primeros se sentarán en el banquillo de los acusados por ser supuestamente responsables civiles directos por delitos de prevaricación, mientras que Torres Mayans deberá rendir cuentas por el delito de prevaricación administrativa y falsedad documental.
La Sala estará formada por el presidente Jaime Tártalo Hernández y las magistradas Samantha Romero Adán y Gloria Martín Fonseca.
Este paso se ha dado casi un año después de que el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Ibiza, a cargo de la juez Carmen Martín Romero, emitiera el auto de apertura del juicio oral el 22 de septiembre de 2022.
De qué se trata la denuncia
El bombero Rubén Castellar Lozalo los acusó de haber incumplido deliberadamente los requisitos para cubrir cinco plazas de bombero colaborador, publicado en el Reglamento Interno del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Consell Insular de Formentera en el BOIB del 3 de septiembre de 2011.
El denunciante había quedado en el séptimo lugar en la primera lista para completar las cinco plazas ofertadas y, el amaño concertado entre los acusados para favorecer al postulante Carlos Marí Mayans evitó que pudiera ocupar esa función, por lo que comenzó con sus reclamaciones judiciales, primero en la vía administrativa y después de ganar, en la penal.
Carlos Marí Mayans es hijo del actual conseller de GxF, José Marí Mayans, quien además integra la Comisión del Código Ético y Buen Gobierno que emitió un sesgado informe que tanto su grupo político como el PSOE utilizaron para impulsar y justificar la moción de censura contra el presidente del Consell, Llorenç Córdoba. En 2012, cuando se produjo el irregular nombramiento de su hijo, el conseller de GxF era director de la oficina de La Caixa en Sant Francesc Xavier.
En el momento de su nombramiento, Marí Mayans no contaba con permiso de conducción C, requisito excluyente establecido por el Reglamento. Ni tampoco podía tramitarlo en cuatro meses como establecía la normativa publicada en el BOIB, teniendo en cuenta que tenía 19 años y para acceder a esa categoría de permiso de conducir es necesario ser mayor de 21.
Así, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Palma de Mallorca el 20 de marzo de 2017 declaró nulos los nombramientos de los dos aspirantes que carecían de los requisitos legales y reconocieron a Castellar la condición de “bombero colaborador desde enero de 2013 (fecha en que efectivamente debería haber sido llamado como trabajador)”. Además de una indemnización de 80.199 euros.
En el fallo se dedujo testimonio del procedimiento y se remitió a Fiscalía “por la posible comisión de hechos delictivos ante la admisión de aspirantes y posterior contratación careciendo de requisitos para ello, así como, específicamente, respecto de la paralización injustificada de nombramiento durante más de un año resultando en la contratación de Carlos Marí Mayans”.
Castellar se personó por tal situación, lo que evitó su archivo, generando la investigación penal por las irregularidades que llevará a la anterior cúpula de Gent per Formentera otra vez al banquillo.
Otra vez en el banquillo
Ferrer y Cardona, junto a Bartomeu Escandell y Josep Mayans, ya debieron rendir cuentas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza por el caso Punta Prima, a partir de una querella de un empresario alemán responsable de la empresa promotora del complejo turístico Sunway S.L. en la zona de Punta Prima, después de que el equipo de gobierno de Formentera decidiera cambiar la calificación de parte de sus terrenos, en los que tenía pendiente construir la segunda fase de su proyecto.
Todos ellos fueron acusados por los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia, falsedad, infidelidad en la custodia de documentos y coacciones.
En el juicio, Ferrer y Escandell fueron absueltos, mientras que las acusaciones contra Cardona y Mayans fueron retiradas.
