El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, dejó este lunes un mensaje claro a los concesionarios de hamacas y sombrillas de Formentera que han visto sus lotes denegados o recortados: no habrá excepciones a la normativa.
«Tenemos que cumplir el Reglamento de Costas, guste o no guste», afirmó en declaraciones a los medios en la EDAR de Formentera. «La ley es de aplicación para todos».
El conseller descartó así cualquier interpretación de que el recorte de instalaciones —que afecta a 16 lotes denegados y dos reducidos para el periodo 2026-2029— haya sido fruto de una decisión política o de una aplicación más estricta de la normativa.
«Algunos pensaban que ahora se había aplicado la ley de manera más estricta. No es eso. Se ha aplicado igual que en 2021, pero adaptada a la realidad actual», explicó.
El problema es la costa, no la norma
Según Lafuente, el origen del conflicto no está en un cambio normativo sino en un cambio físico: la línea de costa de Formentera ha variado desde que se tramitaron las últimas autorizaciones en 2021.
Las playas se han desplazado, algunas dunas han cambiado de posición según los informes de Medio Ambiente, y las distancias mínimas que exige el Reglamento de Costas —tanto respecto al mar como respecto a las dunas— ya no se cumplen en los mismos puntos que hace cinco años.
«Necesitamos tener la planimetría, las dunas… hay alguna duna que, según Medio Ambiente, ha cambiado. Tenemos que calcular correctamente las distancias desde el mar y desde las dunas, y eso lo ha complicado mucho más de lo que nos habría gustado», señaló. «La autorización tiene que adaptarse a la situación actual de 2026 obligatoriamente».
En busca de una solución
Pese al mensaje de firmeza, Lafuente subrayó que tanto el Govern como el Consell Insular de Formentera están trabajando conjuntamente para encontrar soluciones que permitan salvar el mayor número de concesiones posible dentro del marco legal.
«La voluntad es trabajar conjuntamente con el Consell para ver todo lo que pueda salvarse cumpliendo la normativa», afirmó.
En ese contexto se enmarca el recurso que el Consell Insular ya ha anunciado que presentará de forma urgente, argumentando que las mediciones realizadas a partir de ortofotos del año 2023 no reflejan con precisión la realidad del terreno y que, recolocando las instalaciones, todos los lotes serían viables.
Lafuente no cerró la puerta a esa posibilidad: «Si hay alegaciones o planos que justifiquen que podemos cumplir la superficie ocupada y las distancias, trabajamos conjuntamente para analizar cada caso concreto».
Pero dejó claro el límite: «El técnico no puede determinar otra cosa que no sea el cumplimiento del Reglamento de Costas. Tal vez haya alguna concesión que tenga que disminuir su capacidad, pero la normativa debemos cumplirla».
Las críticas de Sa Unió
A través de una nota de prensa, el Consell había considerado que gran parte de las reducciones impuestas derivan de la «aplicación estricta» de los criterios de la normativa OCAMAT (Ordenación de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre), que regula la distribución de instalaciones temporales en las playas de Baleares.
Esta normativa fija distancias mínimas de 10 metros respecto al mar, limitaciones de longitud de los tramos ocupados, espacios libres entre lotes y condicionantes ambientales adicionales.
La institución insular reiteró ante los concesionarios que comparte la necesidad de proteger el litoral y garantizar la sostenibilidad ambiental, pero defendió que esa sostenibilidad debe ser compatible con la realidad económica y social de la isla.
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Verónica Castelló, conseller de Medio Ambiente, expresó su preocupación por las consecuencias que la reducción puede tener sobre los empresarios de Formentera, las familias y los puestos de trabajo vinculados a los servicios de temporada, así como sobre los concesionarios que pagan sus cánones y cumplen con sus obligaciones.
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