El caso de la Vivienda de Precio Limitado del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero (PP), ha escalado hasta el Parlament de las Islas Baleares. El Grupo Socialista ha activado el mecanismo de control parlamentario más potente del que dispone la oposición: una interpelación al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, sobre la política de vivienda del Govern.
La iniciativa, registrada por la diputada Mercedes Garrido con el aval del portavoz del grupo, Iago Negueruela, se tramita por el procedimiento de urgencia.
La interpelación es, en el arsenal parlamentario, una herramienta de calibre muy superior a una pregunta oral. No se limita a exigir una respuesta puntual: obliga al conseller a debatir en el Pleno sobre los criterios y las líneas generales de su política. Y lo más relevante: su tramitación habilita al grupo interpelante a presentar una moción consecuencia de interpelación, un instrumento que fuerza una votación de toda la cámara.
En la práctica, esto significa que el PP y sus socios de gobierno tendrían que votar explícitamente sobre la política de vivienda que ha dado cobertura a las VPL, la misma figura que utilizó el alcalde de Ibiza.
Dos preguntas que cierran la pinza
La interpelación viene acompañada de dos preguntas orales para el Pleno, registradas el 6 de mayo, que completan la maniobra parlamentaria con precisión quirúrgica.
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La diputada Irantzu Fernández pregunta al conseller Mateo «con qué intención» se crearon las viviendas de precio limitado. Pilar Costa le cuestiona directamente sobre «qué resultado están dando».
La secuencia no es casual. La primera pregunta obliga al conseller a defender el propósito original de la norma. La segunda le exige rendir cuentas sobre su aplicación real. Y la interpelación de Garrido eleva el debate al plano político de fondo: si la política de vivienda del PP en Baleares está funcionando o si, como sugiere el caso Triguero, ha generado un marco legal que también puede ser aprovechado por los propios cargos públicos del partido que lo impulsó.
El detonante: la VPL del alcalde de Ibiza
Como viene informando La Voz de Ibiza, el alcalde de Ibiza convirtió un local comercial de su propiedad en la calle Corona de Can Misses en una vivienda de precio limitado al amparo del Decreto Ley 6/2023, la norma aprobada por el propio Govern del PP.
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La investigación de este medio ha documentado diversas irregularidades en la operación: la esposa de Triguero supera el umbral del 50% de propiedad de otra vivienda en el mismo edificio, lo que contraviene los requisitos de acceso a las VPL; la vivienda no consta inscrita en el registro autonómico obligatorio pese a disponer de licencia de primera ocupación desde marzo; y los pactos sucesorios utilizados para transmitir la propiedad han sido calificados como fraude de ley por seis fuentes jurídicas independientes consultadas por este medio, incluidos dos notarios, dos abogados y dos bases de datos jurídicas de referencia.
El propio Triguero anunció posteriormente que no vivirá en la VPL y la destinará al alquiler, lo que compromete el requisito legal de destinarla a domicilio habitual y permanente y deja expuesta la finalidad real de los pactos sucesorios.
Una norma sin balance público
El Decreto Ley 6/2023 creó las VPL como viviendas de hasta 90 metros cuadrados con precio de venta y alquiler limitado de forma permanente, reservadas a residentes en Baleares que las destinen a vivienda habitual. La norma habilitó, entre otras vías, la reconversión de locales comerciales, exactamente la operación del alcalde.
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Más de dos años y medio después de su aprobación, el Govern no ha publicado un balance sobre cuántas VPL se han materializado ni cuántas familias se han beneficiado de la medida.
La interpelación socialista obligará al conseller Mateo a dar esas cifras en sede parlamentaria. Y si el PSOE culmina la secuencia con una moción, será toda la cámara la que tenga que pronunciarse.
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