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El pleno de este jueves somete a aprobación la resolución definitiva del contrato de un expediente que ya fue declarado caducado ya una vez. Mientras tanto, Ibiza Movilidad Portmany sigue al frente del aparcamiento pese a que el consistorio le denegó la cesión y un fondo de inversión se ha personado en la demanda de daños de Subsuelos Urbanos sin que se le reconozca derecho alguno.

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado inicialmente el estudio de detalle para la parcela de Cas Serras de Baix, junto a la avenida de Sant Jordi. El proyecto, con casi 15 años de tramitación, concentra toda la edificabilidad permitida en la mitad libre del terreno para preservar la vivienda tradicional protegida y su entorno rústico.

La Conselleria de Familias niega que los residentes de Sa Serra lleven un mes sin aire acondicionado, asegura que las denuncias socialistas son «radicalmente falsas» y que los fallos de climatización detectados desde el 19 de junio se han resuelto de forma puntual. La semana que viene se instalará un nuevo refrigerador.

La directora general de Costas y Litoral confirma lo avanzado por La Voz de Ibiza: el concurso es ilegal porque los pliegos violan el Reglamento de Costas al firmar un contrato con un plazo superior al permitido. Así lo ha dejado bien en claro en una reunión celebrada el 18 de mayo en la que estuvieron el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, la consellera insular Verònica Castelló y los concesionarios afectados.

Tres proyectos en Sant Antoni, Sant Joan y Sant Josep sumarán 80 nuevas plazas para personas en situación de dependencia entre 2026 y 2030, con una inversión de 5,5 millones de euros. La Residencia Sa Serra ampliará su capacidad y el plan incorpora como novedad viviendas supervisadas, un recurso residencial vinculado a centros de día para apoyar una vida más autónoma. El Govern enmarca las actuaciones en su Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030.

La reforma aprobada por el Consejo de Ministros podría permitir regularizar la situación de más de 10.800 inmigrantes en Baleares al rebajar a cinco meses el requisito de residencia en España. Mientras el Govern, PP y Vox rechazan la medida por su impacto en los servicios públicos, PSOE, Més, Podemos y la Iglesia la defienden como un paso necesario para garantizar derechos y combatir la explotación laboral.


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