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El alcalde de Ibiza compareció en el pleno extraordinario con un relato construido sobre silencios estratégicos y preguntas sin respuestas. Reconoció «estancias puntuales» de su familia en la VPL pero negó que haya sido su «residencia habitual». No dijo nada de la valla ilegal y confirmó una por una todas las informaciones de La Voz de Ibiza

La Conselleria de Vivienda no ha contestado a las consultas jurídicas concretas que La Voz de Ibiza le trasladó sobre la validez de los pactos sucesorios del alcalde de Ibiza. El conseller Mateo tampoco abordó este punto en el Parlament cuando fue interpelado. Para el PSOE, el silencio del Govern equivale a complicidad.

Según documentos que obran en poder de La Voz de Ibiza, la comunidad de propietarios Resident Park II votó en febrero retirar la celosía del local del alcalde por no coincidir con el resto de la urbanización. Verónica Prats, esposa de Rafa Triguero y presente en esa junta, impugnó el acuerdo mediante burofax y llevó el caso al Instituto de Mediación de las Islas Baleares. Triguero no retiró la valla hasta que este medio comenzó a investigar el caso.

La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.

La diputada socialista Irantzu Fernández desgranó en el Parlament los detalles de la reforma que el alcalde de Ibiza realizó en su Vivienda de Precio Limitado, incompatibles con su anuncio de destinarla al alquiler asequible. Una inversión de entre 600.000 y 700.000 euros que generaría una rentabilidad negativa a 1.000 euros mensuales

El conseller Mateo insistió en que la Dirección General investigará cuando reciba la documentación de inscripción. Pero esquivó el problema real: Triguero obtuvo la licencia de primera ocupación el 6 de marzo, se mudó a la vivienda y vivió en ella hasta que estalló el escándalo, sin haber inscrito la VPL en el registro autonómico ni haber presentado la declaración responsable de beneficiarios. El PSOE cifra ese período en «un mes y medio».

Las diputadas socialistas Irantzu Fernández y Pilar Costa han llevado el Triguerogate al Pleno del Parlament balear: han acusado a Triguero de haber cometido un fraude de ley, han cuestionado como sospechosa la recalificación urbanística de Can Misses y han exigido que el PP rinda cuentas por una operación inmobiliaria que califican de «maquinación» para burlar la ley.

Con el cambio de ley, intentó comprar el local comercial ubicado en el bajo del complejo Resident Park 2 de Can Misses que finalmente el alcalde reconvirtió en Vivienda de Precio Limitado por el que estalló el escándalo. La mujer tuvo que irse de la isla al no poder hacer frente a la renta. Además, fue amenazada por un abogado por críticas contra Triguero en las redes sociales. 


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