El Govern balear avanza con la actualización del decreto 21/2017 por el que se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo, aunque recién sería aplicable a partir de la próxima temporada teniendo en cuenta los plazos de tramitación.
De todas formas, el gobierno autonómico ya tiene listo el borrador del decreto. Desde la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua han detallado a La Voz de Ibiza que ya han recibido el informe del Institut Balear de la Dona (IB Dona) y aguardan el propio del Consell Económico y Social (CES).
“Posteriormente, se emitirá el informe jurídico de la conselleria competente, después se recabará la opinión del Consell Consultiu y, finalmente, el decreto será aprobado en el Consell de Govern y publicado en el BOIB”, han detallado. Así, entrará en vigor tres meses después de su publicación.
Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear del que depende Ports IB, ha adelantado que esperan que la nueva normativa esté en vigor para septiembre-octubre.
200 alegaciones y un decreto nuevo
Mercant ha detallado a La Voz de Ibiza que “nosotros veíamos que teníamos que modernizar este decreto de chárter que es del 2017. Habían pasado 8 años, la náutica había subido de una manera exponencial y se habían generado también situaciones de riesgo. Pensamos que era necesario actualizarlo, modernizarlo, ver las deficiencias y cómo podíamos mejorarlo”.
“A medida que fuimos hablando con los miembros del sector náutico, los que tienen empresas de chárter importantes, fundamentalmente las que están en Ibiza, que son muy potentes, les expresamos la oportunidad de hacer este cambio del decreto y a ellos les pareció muy bien”, ha agregado.
Sin embargo, mientras avanzaban, decidieron cambiar el plan original e iniciar la tramitación de un nuevo decreto. “Por eso empezamos en enero a hacer como si tratáramos el decreto como un nuevo decreto. Y entonces empezamos desde cero, haciendo la exposición pública”, dijo.
En el período de alegaciones, recibieron más de 200 enmiendas de 22 empresas y particulares. “Se analizaron y se contestaron todas de forma motivada. No puedes recibir unas alegaciones y no contestarles, o decirles ‘pues no me gustan’, hay que decir por qué, hay que motivar”, sostuvo Mercant.
Además, ha manifestado que estas alegaciones “han aportado bastantes, incluso de grupos conservacionistas y de otros grupos. Se han aceptado estas alegaciones, o bien parcialmente o bien totalmente, porque se ha pensado que eran aceptables y se han introducido en el nuevo borrador. El borrador que está publicado ya lleva incluidas estas alegaciones aceptadas”, ha detallado.
El tramo final de la tramitación
Para el 22 o 23 de junio, la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua espera contar con el informe del Consell Económico y Social.
“En base al dictamen del CES y las alegaciones, nuestros servicios jurídicos analizan y emiten un informe jurídico propio de la propia Conselleria. Y con todo esto se traslada al Consultiu, que tiene que analizarlo. Por último, el Consell de Govern tendría que aprobarlo y publicarse al día siguiente en el BOIB. Sé que todo esto es largo, es complicado, pero empezó en enero”, sostuvo el director general de Puertos y Transporte Marítimo.
La nueva normativa entrará en vigor tres meses después de su publicación. Por lo cual se prevé que esto sería recién en septiembre-octubre, una vez finalizada la actual temporada estival. Así, tendrá plena vigencia en 2026.
“Esto es un hándicap para nosotros, porque el decreto del 2017 está en pleno vigor y es efectivo. El otro será muy mejorado, pero el del 17 está en vigor y por tanto se aplica”, aclara Mercant.
Las reacciones de las empresas náuticas
Según Mercant, “las empresas serias, que por ejemplo aquí en Ibiza están en Pimeef y otras asociaciones que tienen empresas de chárter muy profesionalizadas, están encantadas. Ellos lo deseaban y pedían más cosas, más exclusividad a la hora de hacer el arrendamiento náutico”.
¿Qué pedían estas empresas? Pedían que “única y exclusivamente se podía hacer arrendamiento náutico si disponía de un amarre en base. Incluso, las empresas hubieran deseado que se limitara única y exclusivamente a las empresas locales. Nosotros esto lo analizamos muy detenidamente desde el principio y vimos que esta exigencia chocaba contra la libertad de establecimiento que Europa quiere para las actividades económicas. Y dijimos no, esto al final Europa lo recurrirá y estaremos trabajando inútilmente en un cambio normativo que será recurrido”, aclaró.
“Estas partes restrictivas no están permitidas. Entonces pues fuimos al argumento de que deben disponer de un lugar de amarre, cualquier empresa, sea de aquí o no. Deben tener un lugar seguro donde embarcar y desembarcar a las personas a tierra, entregar sus residuos, combustible o hacer provisiones. Ese es uno de los puntos importantes del decreto”, dijo Mercant a La Voz de Ibiza.
Estas prácticas de empresas de la Península que desplazan sus embarcaciones para hacer la temporada y fondean en las playas o calas han sido calificadas de intrusismo legal, además de una competencia desleal que resta competitividad a la industria local.
Además, aclara que “no prohibimos la navegación internacional, la navegación inocente de las zonas donde España ejerce soberanía. El tránsito inocente no lo impedimos. Puedes pasar por todas las islas y navegar. Pero pararte y hacer una actividad comercial, tiene que estar regulada”.
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