El Govern balear ha activado el nuevo paquete de medidas contra el transporte ilegal de pasajeros, con especial incidencia en aeropuertos, puertos y zonas de alta demanda turística como Ibiza, tras la aprobación de las enmiendas incorporadas a la ley de proyectos estratégicos. La reforma aumenta las sanciones por captación ilegal, que pasan a moverse entre 6.001 y 12.000 euros, y prohíbe el estacionamiento de minibuses y autobuses no precontratados en espacios como puertos, aeropuertos y estaciones de transporte público.
La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, han presentado las medidas tras la primera reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo. El nuevo marco legal recoge parte del paquete de enmiendas pactado para reforzar el control sobre el transporte terrestre, una línea que ya se había incorporado al debate sobre las VTC, el taxi y las plataformas de intermediación.
La reforma afecta directamente a una de las zonas grises que más quejas había generado en el sector: la captación de clientes fuera de oficinas o locales de empresas transportistas. Según ha explicado Del Valle, hasta ahora la normativa no definía adecuadamente esa práctica y era “prácticamente imposible” sancionarla. Con el cambio aprobado, llevar un cartel para captar pasajeros en puertos y aeropuertos fuera de las oficinas de la empresa transportista pasa a ser ilegal.
Puertos y aeropuertos bajo control
El nuevo marco prohíbe el estacionamiento de minibuses y autobuses no precontratados en lugares de concentración de demanda, como aeropuertos, puertos y estaciones de transporte público. Esa conducta pasa a ser considerada infracción muy grave y podrá ser sancionada con multas de entre 1.001 y 6.000 euros.
En el caso de la captación ilegal de viajeros, el Govern eleva las sanciones hasta la horquilla de 6.001 a 12.000 euros. La medida encaja con el desarrollo del artículo 63 de la Ley 4/2014, que concreta qué se considera captación y obliga a acreditar la contratación previa del servicio. Las enmiendas del PP ya detallaban ese nuevo control sobre servicios en aeropuertos y puertos.
El impacto puede ser especialmente relevante en Ibiza durante la temporada alta, cuando el aeropuerto y el puerto concentran miles de llegadas diarias y el transporte discrecional opera con fuerte presión turística. El objetivo del Govern es que la inspección pueda distinguir con datos si un vehículo esperaba a un cliente ya contratado o si estaba captando viajeros en el momento.
VTC y plataformas
El paquete también amplía las sanciones en el caso de las VTC que capten clientes en la vía pública o presten servicio sin autorización. Estas conductas serán consideradas infracciones muy graves y podrán ser sancionadas con multas de entre 6.001 y 12.000 euros.
Además, el Govern introduce medidas para controlar a las empresas de intermediación de transporte de viajeros, es decir, plataformas que asignan servicios. La nueva regulación obliga a estas empresas a comprobar que los servicios que derivan a un vehículo cuentan con autorización. Ese punto conecta con el nuevo control previsto para plataformas como Uber y Cabify.
La clave es que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre el conductor o la empresa titular del vehículo. Si una plataforma asigna un servicio a un coche sin autorización adecuada, también podrá quedar bajo el foco de la Administración. Es uno de los elementos centrales del cerco legal aprobado para ordenar el transporte discrecional y evitar servicios irregulares canalizados por aplicaciones o sistemas digitales.
Más coordinación
Estarellas ha defendido que la Mesa de Lucha contra el Intrusismo pasa ahora “de la constitución a la acción” y ha insistido en la coordinación entre administraciones. “Ninguna administración, por sí sola, puede afrontar con garantías un fenómeno tan transversal y complejo como el intrusismo”, ha señalado.
La vicepresidenta ha enmarcado el plan en una estrategia de ordenación, no de persecución. “Se trata de poner orden, no de perseguir”, ha afirmado, al tiempo que ha explicado que los grupos de trabajo revisarán las normativas para detectar qué se puede simplificar.
El Govern también prevé reforzar la formación a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) y mejorar la coordinación con ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil de Tráfico. La idea es crear protocolos comunes de inspección para facilitar la detección y sanción de actividades ilegales de transporte en todo el territorio.
Intrusismo turístico
La Mesa no se limita al transporte terrestre. También abordará el alojamiento turístico ilegal, el alquiler de embarcaciones náuticas y actividades comerciales, industriales y de ocio sin autorización. En materia turística, Estarellas ha destacado que las sanciones por actividad ilegal se han incrementado un 25% y pueden alcanzar los 500.000 euros.
La consellera ha defendido que las multas deben ser disuasorias y ha citado el impacto de la oferta turística ilegal sobre los residentes y sobre el mercado de la vivienda. En Ibiza, según ha señalado, las sanciones impuestas durante 2024 por actividades vinculadas a la oferta turística ilegal alcanzaron cerca de un millón de euros.
El Govern también ha reforzado la inspección turística en las islas. En Ibiza, la plantilla ha pasado de cinco a nueve inspectores, dentro de un aumento general de medios para combatir actividades irregulares. La lucha contra el intrusismo se convierte así en una de las patas de la estrategia de contención del Govern, junto con la desestacionalización y el Pacto por la Sostenibilidad.
