Aena ha presentado este martes en el aeropuerto de Ibiza la propuesta de actuación que viene tramitando para sus instalaciones, en una rueda de prensa ofrecida por la directora del aeródromo, Marta Torres. La comparecencia es el primer pronunciamiento público del gestor aeroportuario desde que se conoció el pliego de licitación para la redacción del proyecto, el pasado 16 de marzo.
La línea central del discurso de Torres ha sido marcar distancia con el término «ampliación» que ha enmarcado el debate público de las últimas semanas. «No hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad», ha afirmado la directora, que ha defendido que la actuación tiene como objetivo «modernizar la infraestructura y adaptarla a la nueva normativa europea de seguridad».
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Modernización por seguridad europea, no por capacidad
Torres ha situado la actuación dentro de dos cambios normativos europeos en materia de seguridad que, según ha explicado, obligan al gestor a adaptar las infraestructuras. El primero es la entrada en vigor escalonada, desde octubre, del Entry/Exit System (EES) de la Unión Europea, que afecta a la gestión de los vuelos con destino fuera del espacio Schengen y exige información biométrica del pasajero. El segundo es la implantación progresiva de nuevas máquinas de inspección de equipajes en los aeropuertos de la red Aena, ya operativas en Palma de Mallorca, que permiten al pasajero no tener que sacar líquidos ni equipamientos electrónicos de las maletas de mano pero que requieren mayor superficie para su instalación.
«Recordar también que la última gran remodelación que tuvo el aeropuerto data del 2008, su arranque se desarrolló hasta el 2013 aproximadamente. Estamos hablando que próximamente estamos cerca de alcanzar los 20 años desde que se inició esa actuación», ha apuntado la directora para enmarcar la necesidad de la intervención.
El matiz sobre las cifras del pliego
El pliego de licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto, publicado en marzo, recogía un incremento del 29% de la superficie aeroportuaria y la casi duplicación de las puertas de embarque, de 17 a 32. Esas son las cifras que han circulado durante semanas en el debate público y que han motivado los pronunciamientos institucionales, empresariales y sociales contra la actuación.
Torres ha precisado este martes que la actuación se encuentra todavía en fase previa a la redacción del proyecto: «Quizá debería haber dicho al principio: ¿en qué fase estamos? Estamos en una fase previa a la redacción del proyecto. Hemos definido qué necesidades tiene el aeropuerto, una alternativa de propuesta de por dónde pueden ir esas soluciones (…), pero cuando ahora entremos a la redacción del proyecto ya con un tema de criterios arquitectónicos, técnicos, con el detalle de las instalaciones, más allá, entrando en mucha más profundidad que las manchas de colores que vamos a ver hoy, es cuando de alguna forma se podrá bajar a mayor detalle».
La directora ha explicado que el aumento de puertas de embarque previsto no responde a una previsión de mayor tráfico, sino a dos ejes operativos: el desdoblamiento entre vuelos del espacio Schengen y vuelos extracomunitarios —principalmente británicos, que representan entre el 20 y el 25% del tráfico total tras el Brexit— y la mejora del proceso de embarque mediante más pasarelas, en sustitución de embarques en remoto que hoy obligan al pasajero a desplazarse al avión en autobús.
El proyecto contempla la construcción de un dique de 170 metros de largo por 24 de ancho, en dos plantas, destinado a gestionar los vuelos no-Schengen, con ocho puertas de embarque por pasarela en la planta alta y cuatro puertas de embarque en remoto en la planta baja. Y un crecimiento de aproximadamente 60 metros de la fachada en el extremo oeste de la terminal para acoger el nuevo filtro de inspección de equipajes con las máquinas de mayor superficie.
Los 230 millones
Otro de los matices que la directora ha introducido este martes afecta a la cifra económica que ha estado en el centro del debate. Los 229,7 millones de euros que se han venido manejando públicamente no corresponden al coste específico de esta actuación, sino a la inversión total prevista por Aena para el aeropuerto de Ibiza en el quinquenio 2027-2031 dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).
«230 millones es lo que Aena está proponiendo en la propuesta del DORA que ha presentado para el quinquenio 2027-2031. No responde a la actuación de la que estamos hablando», ha aclarado Torres. La directora ha indicado que la actuación concreta «no está presupuestada todavía» y que la cifra se concretará en la fase de redacción del proyecto.
Una rueda de prensa centrada en lo técnico
La comparecencia se ha centrado en la justificación técnica y operativa del proyecto, sin abordar las críticas políticas que han recibido la actuación en las últimas semanas. Torres no se ha pronunciado sobre la cogestión aeroportuaria que reclaman las instituciones baleares, ni sobre los pronunciamientos en contra del Consell d’Eivissa, el Govern Balear, los plenos municipales y la Comisión Mixta del Congreso y el Senado. Tampoco sobre la falta de información previa a las instituciones, que ha sido uno de los reproches recurrentes durante el debate.
La directora sí ha defendido que el aeropuerto es una infraestructura «clave» para Ibiza, «no solamente como conectividad a un destino turístico, sino que presta un servicio esencial también a los residentes» y opera como «pieza clave como motor de la actividad económica y social de la isla».
El debate continúa en el Parlament
La rueda de prensa de Aena ha coincidido con el debate en el Parlament de las Illes Balears de tres Proposiciones No de Ley contra el proyecto, registradas por el PP, Unidas Podemos y el PSOE. La iniciativa popular incluye enmiendas para incorporar la retirada inmediata de la lona «Lo que pasa en Malle, se queda en Malle» del aeropuerto de Palma y la reprobación del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.
