El Departamento de Bienestar Social del Consell de Ibiza elaboró en 2023 un informe de 137 páginas sobre la controvertida relación entre la institución y la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba) durante la legislatura del pacte de PSOE y Podemos-Guanyem (2015-2019), presidida por el socialista Vicent Torres.
El documento, al que ha tenido acceso íntegro La Voz de Ibiza, fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción y constituye la base documental de la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, que llevará al banquillo de los acusadas a la ex consellera de Bienestar Social, Lidia Jurado Cotrina.
Su diagnóstico no deja margen a la duda: «Lo que empieza a vislumbrarse es que había toda una planificación, una trama o maquinación para favorecer a Amadiba —aunque sea con el noble argumento de mejorar la prestación de determinados servicios sociales en la isla de Ibiza— y eso está prohibido por el ordenamiento jurídico».
Y añade: «Se ve que el relato no es tan inocente, tan simple, tan sencillo, sino que tiene más calado, y camufla graves desviaciones del sistema».
El origen: una deuda de 2,2 millones sin respaldo
El informe arranca con la reclamación que Amadiba presentó en diciembre de 2018 ante el Consell: 1.488.962,45 euros por servicios presuntamente prestados en 2017 y 2018. Esa cifra creció con los intereses hasta alcanzar los 2.232.172,48 euros que la entidad reclama actualmente ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.
El problema era que prácticamente no existía rastro documental que amparara el pago: ningún técnico de la institución quiso validar las facturas, al no encontrar el soporte administrativo exigido por la normativa de contratación pública.
El informe constata que la reclamación de Amadiba parte de sumar un precio por plaza y día por persona usuaria y servicio cuya procedencia «tampoco queda acreditada claramente de dónde sale, ni por qué lo ha de pagar todo el Consell de Ibiza».
La reunión que lo inició todo
El informe reconstruye el origen de la operación. En febrero de 2016, Amadiba decidió ofrecer al Consell una propuesta formal para crear una red de servicios especializados para personas con discapacidad intelectual y menores con alteraciones de conducta en Ibiza.
El 7 de abril de 2016 se celebró una primera reunión con la entonces consellera ejecutiva de Bienestar Social, Lidia Jurado Cotrina, a la que también asistió la directora insular de Igualdad y Relaciones con Entidades, Judit Romero.
Tres semanas después, el 28 de abril de 2016, se celebró una segunda reunión a la que asistió el propio presidente del Consell, Vicent Torres.
Lo que ocurrió en esa reunión es relatado en el informe mediante las propias palabras de Amadiba, extraídas de su escrito de reclamación, que el informe califica de «sorprendente, e incriminatorio».
«El presidente del Consell aprueba la creación de la red de servicios de Amadiba. El presidente comenta que la financiación no supone un problema y que se podrá disponer del crédito necesario para sufragar estos servicios. Igualmente, pone a disposición de Amadiba unas viviendas en un edificio propiedad del Consell, al que denominan de «Carreteras», e insta a la Consellera a enseñar las viviendas disponibles a los efectos de elegir las más convenientes de acuerdo a la naturaleza de los servicios que se van a prestar», detalla.
Esa versión es confirmada ante notario por la propia Judit Romero, quien —según documenta el informe— declaró que Torres «encargó al Departamento de Bienestar Social hacer todo lo necesario para que el 1 de julio de 2017 fuese una realidad que los usuarios pudieran estar atendidos en la isla por Amadiba, a través de la implantación de todos los recursos que la entidad iba a crear».
El informe señala que Vicent Torres «ha eludido efectuar declaraciones en el presente expediente». Pero añade una advertencia que socava la cobertura política de ese encargo: «Por mucho que hubiera habido un encargo del presidente al Departamento para poner en marcha determinados servicios, eso se habría tenido que hacer conforme a la ley».
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La «puerta giratoria» de Judit Romero
El informe desvela una circunstancia que califica de «muy importante» y con posibles «implicaciones graves»: en el momento en que Judit Romero —exdirectora insular de Igualdad, protagonista de las reuniones clave de 2016— firmó el acta de manifestaciones ante notario relatando el encargo de Torres, ya trabajaba a sueldo de la propia Amadiba.
El informe lo acredita con documentos: Amadiba presentó como justificante en un expediente de subvenciones la nómina de Romero correspondiente a febrero de 2021.
«Es realmente audaz y arrogante —a la par que imprudente— que un alto cargo o un político diga ante notario que se dio un acuerdo para que fuera una entidad la que desarrollara un plan propuesto por la misma entidad», concluye el texto.
Contratos firmados sin expediente
El 1 de enero de 2018, la consellera Lidia Jurado firmó con Amadiba un contrato de prestación de servicio para la acogida residencial de menores con discapacidad intelectual grave.
El 23 de marzo del mismo año firmó un segundo contrato para la gestión de un servicio específico de acogida residencial de menores. Ninguno de los dos tenía tramitación administrativa previa.
El informe documenta que incluso en uno de los expedientes de contratación paralelos que se tramitaban en ese mismo periodo, la vicepresidenta primera del Consell, Viviana de Sans, tuvo que reclamar por escrito explicaciones al jefe del Servicio de Secretaría ante las irregularidades detectadas.
Además, también se acredita que en julio de 2017, antes de que se firmara ningún contrato formal, el Periódico de Ibiza ya publicaba que Ibiza contaría con un centro para menores con trastornos de conducta gestionado por Amadiba.
El servicio estaba decidido, la entidad adjudicada y la noticia publicada. La formalización contractual llegó meses después, sin procedimiento.
La Fiscalía denuncia a Amadiba por falsedad y estafa
El informe recoge que el propio Consell denunció ante la Fiscalía de Área de Ibiza presuntas irregularidades en un expediente de subvenciones convocado en 2018.
La Fiscalía formalizó esa denuncia mediante las diligencias de investigación penal 44/19, por «presunta comisión de un delito de falsedad en documento oficial y un delito de estafa en grado de tentativa» contra Amadiba y su representante legal.
Esas diligencias dieron lugar a las diligencias previas 791/2020 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, donde el procedimiento sigue en curso.
