Shinto Suru S.L., la inmobiliaria de Ricardo Urgell Cobos —hijo del fundador del Grupo Pacha— ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una de las dos sanciones urbanísticas por obras ilegales realizadas en una finca en suelo rústico que le impuso el Consell Insular de Formentera, según consta en el oficio judicial remitido al consistorio el 28 de julio pasado.
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, las dos multas suman 583.102,93 euros por obras ejecutadas sin licencia en suelo rústico protegido del término municipal.
Según consta en el oficio judicial remitido al Consell, Shinto Suru ha interpuesto recurso contencioso-administrativo y ha solicitado copia del expediente administrativo en relación con el acuerdo de la Junta de Govern del 15 de mayo que le impuso una sanción por infracción urbanística, en el marco del expediente sancionador en materia de disciplina urbanística 5/2025 (2025/8417).
Esa sanción formaba parte de un multazo conjunto de 583.102,93 euros impuesto a la sociedad de Ricardo Urgell Cobos —hijo del fundador de Pacha— por dos conjuntos de obras ejecutadas sin licencia en una misma parcela del polígono 1 de suelo rústico protegido del término municipal.
El expediente 5/2025 corresponde en concreto a la construcción de un volumen nuevo al norte del edificio principal y de un volumen semisótano, sancionada con 290.202,99 euros.
El otro expediente, el 4/2025 —referido a la ampliación del volumen hexagonal principal y a un anexo unido mediante un pasadizo, sancionado con 292.899,94 euros— no figura mencionado en el oficio judicial remitido al Consell, por lo que no consta, de momento, que haya sido recurrido también.
El documento del Consell no hace referencia a ninguna solicitud de medida cautelar de suspensión de la sanción o de las órdenes de demolición asociadas.
El equipo de letrados del Consell
Para la defensa jurídica del Consell en el procedimiento, la Junta de Govern encargó la representación a la procuradora de los Tribunales María Garau Montané, colegiada del Ilustre Colegio de Procuradores de las Islas Baleares, junto con el letrado de la corporación Bartolomé Torres Riera, colegiado del ICAB.
Ambos actuarán en coordinación con los letrados de la corporación María Victoria Toledo Moreno, David Francés Alonso, María Teresa Ferrer Escandell, Paola Sales Jiménez y Lídia Serrano Tur.
El secretario de la corporación, Ángel Custodio Navarro Sánchez, también letrado, fue nombrado colaborador y coordinador del equipo.
Las demoliciones, sin ejecutar
Las dos órdenes de demolición vinculadas a los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística —la del expediente 6/2025, dictada en octubre de 2025, y la del expediente 23/2024, dictada en noviembre de 2024— continúan, según la información disponible hasta la fecha, sin ejecutarse.
Otros planes en Formentera
La familia Urgell también se encuentra vinculado a otro proyecto en Formentera que ha generado controversia: la reconversión del antiguo restaurante Caminito, en Es Pujols, en el futuro Lío de Formentera.
La sociedad promotora del proyecto es Nimbus Formentera S.L., cuyos administradores solidarios son María Iria Urgell Calderón —hija del fundador de Pacha, quien sustituyó a su padre en el cargo a principios de 2024— y el ex presidente del PP de Formentera, ex alcalde y actual presidente de la Asociación Hotelera de Formentera, Juan Manuel Costa Escanellas Paya, quien participa como socio minoritario. El tercer socio es Stefano Trigo, hijo del propietario del antiguo Caminito.
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La licencia de legalización y reforma del local fue concedida el 21 de diciembre de 2023 por la Junta de Gobierno del Consell, aprovechando la ausencia del entonces presidente, Llorenç Córdoba, que ese día asistía a la votación de los Presupuestos autonómicos en el Parlament.
La velocidad de tramitación llamó la atención: en menos de 48 horas previas a la sesión, el área de Urbanismo del Consell redactó un informe jurídico de casi diez páginas, elaboró la propuesta de acuerdo e incorporó la licencia como punto urgente a una Junta de Gobierno a la que el presidente no pudo asistir y de la que no había sido informado.
La licencia había sido solicitada el 25 de junio de 2020, es decir, tres años y medio antes de su aprobación.
El propio Córdoba denunció públicamente la irregularidad y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, lo que llevó a la UCO de la Guardia Civil a incorporar este asunto a su investigación sobre el Consell de Formentera.
El ex presidente insular aclaró que no cuestionaba los méritos de la licencia —que contaba con todos los informes favorables— sino la maniobra de aprobarla a sus espaldas, por urgencia, en una sesión convocada un día inusual y con ausencias relevantes entre los secretarios e interventores habituales.
