La batalla por el Hotel Ibiza Corso ha entrado en los tribunales. Los vecinos han interpuesto este 1 de octubre un recurso contencioso-administrativo con solicitud de suspensión contra la licencia urbanística núm. 11/2026.
Ese mismo día lo comunicaron al Ayuntamiento de Ibiza con una petición concreta: que confirme por escrito que la paralización de las obras se mantendrá hasta que resuelva el juez, al margen de lo que decida el propio Consistorio.
El movimiento busca cerrar la principal grieta que, según los vecinos, dejaba abierta la suspensión municipal: que el Ayuntamiento pudiera levantarla por su cuenta. Y llega en un momento delicado, cuando —según ha podido saber este medio— han comenzado ya trabajos de demolición en el interior del establecimiento.
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De la suspensión municipal a la judicial
La licencia del Corso está suspendida desde el 17 de septiembre, pero por una vía que el propio Ayuntamiento se reservaba poder revertir. La resolución acordó la suspensión «por decisión propia», al amparo del artículo 117.2 de la ley de procedimiento administrativo, y previó levantarla «cuando se constate la desaparición» de las circunstancias que la motivaron.
El recurso ahora interpuesto cambia de terreno. Al llevar el asunto al contencioso-administrativo y pedir una medida cautelar, los recurrentes invocan el artículo 117.4, que —sostienen— mantiene la suspensión «hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial», con independencia de lo que ocurra con el recurso administrativo. Dicho de otro modo: pretenden que la llave de la parálisis pase del Ayuntamiento a un juez.
El recurso se presentó ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma el 1 de octubre y se halla pendiente de reparto, según el escrito registrado en el Ayuntamiento.
La sospecha de fondo: una suspensión «para ganar tiempo»
Los vecinos han hecho explícito, en su escrito al Ayuntamiento, por qué no se fían de la suspensión municipal. Sostienen que no se concibió «como una medida dirigida a preservar el resultado del recurso, sino como un compás de espera mientras se busca el modo de mantener la licencia». Y lo ligan a lo que el equipo de gobierno reconoció en la junta de portavoces del 9 de septiembre: que había un error en el cálculo del 15 % y que se buscaba «una fórmula jurídica que permitiera salvar la licencia».
Esa es la razón de que reclamen una confirmación expresa: temen que la promotora pueda entender que la suspensión «decaerá con la resolución del recurso, con la aprobación del proyecto modificado o mediante una simple resolución administrativa». Y subrayan que las palabras del alcalde en el pleno del 24 de septiembre, cuando dijo que las obras no se reanudarían, «carecen de eficacia jurídica alguna frente a la promotora»: concluido el periodo estival, advierten, la suspensión es «el único obstáculo jurídico para el inicio de las obras».
El modificado, en el centro
El escrito señala además que Turismo Balear, S.A. ha presentado ya un proyecto modificado, cuya tramitación estaría a la espera de lo que resuelva el Consell. Los recurrentes afirman que, pese a su condición de interesados, no se les ha dado «traslado ni noticia alguna» de esa presentación.
Y dedican buena parte de su argumentación a sostener que esa vía no puede servir para desbloquear el proyecto. Recuerdan que el informe de la arquitecta técnica municipal del 22 de julio calificó el incumplimiento del 15 % de insubsanable, y que el Consell estableció en julio que, derogado el artículo 7 de la Ley 2/2020, no procede admitir un proyecto modificado para reacogerse a esa vía ni puede emitirse un nuevo informe a su amparo. Un proyecto que reduzca la ocupación, argumentan, es «por definición un proyecto distinto» que choca además con la situación de inadecuación del edificio —la que el propio Ayuntamiento declaró incompatible con la ampliación en 2023— y con la prohibición de nuevas salas de fiesta del PGOU de 2023.
Por eso piden al Ayuntamiento que declare que «la presentación, tramitación o aprobación de un proyecto modificado no podrá fundar el levantamiento de la suspensión» mientras no haya pronunciamiento judicial. Y advierten de que, si el Consistorio aprobara esa modificación durante el proceso, ampliarían el recurso para impugnarla también.
Qué piden, en concreto
Las solicitudes de los vecinos al Ayuntamiento son seis. Las principales: que confirme expresamente, con notificación a la promotora, que la suspensión se mantiene hasta el pronunciamiento judicial y no puede levantarse en vía administrativa entre tanto; que disponga que, mientras dure, no podrá ejecutarse obra alguna amparada en la licencia «o en su eventual modificación», ni surtirán efecto «las comunicaciones de inicio de obras, declaraciones responsables o comunicaciones previas» que se presenten; y que traslade la decisión a los servicios de inspección y disciplina urbanística para que velen por su cumplimiento.
También reclaman que se les informe de si la promotora ha presentado el modificado —con su fecha, registro y expediente—, que se les facilite copia y que se les conceda audiencia antes de cualquier resolución.
El escrito cifra, de paso, lo que está en juego: un presupuesto de ejecución material de 12.669.066,80 euros cuya ejecución, como admite la propia resolución municipal de suspensión, «podría dificultar la efectividad de la resolución que finalmente se adopte».
Trabajos en el interior del Corso
El recurso llegó el 1 de octubre, la primera jornada hábil tras decaer el bando municipal que prohíbe las obras en verano. Ese día no se apreció actividad desde el exterior del solar. Pero, según ha podido saber este medio, en el interior del establecimiento han comenzado trabajos de demolición en las habitaciones donde se prevén las primeras actuaciones de la reforma, pese a la suspensión de la licencia y pese a que en la sesión plenaria del 24 de septiembre el alcalde, Rafael Triguero, había manifestado que los trabajos no se reanudarían.
Este medio ha preguntado al Ayuntamiento de Ibiza si confirmará expresamente el mantenimiento de la suspensión y si consta presentado el proyecto modificado. Hasta el cierre de esta edición no ha obtenido respuesta del Consistorio.
