Hay un detalle jurídico en la votación del Parlament de este martes que pasó desapercibido entre los titulares pero que explica por qué el PP y Vox no solo rechazaron reformar la ley de VPL, sino que rechazaron específicamente el mecanismo que habría cerrado la puerta a la coartada del alcalde de Rafa Triguero.
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El punto 7 de la moción socialista instaba al Govern a establecer un régimen sancionador para quien no tramite la calificación de Vivienda de Precio Limitado «en un término máximo de un mes desde la concesión de la primera ocupación».
Por su parte, el Partido Popular presentó una enmienda para que ese plazo fuera de tres meses.
Sin embargo, la clave no es el plazo: es el hito.
Por qué importa fijar el hito
La normativa actual ya contempla sanciones para quien ocupe una VPL sin cumplir los requisitos. El problema es probatorio: ¿cómo se demuestra que alguien vivió allí sin haber completado los trámites?
Habría que acreditar consumos de luz y agua, recabar testimonios vecinales, cruzar datos de empadronamiento. Una investigación compleja, lenta y discutible en sede judicial.
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Lo que planteaba el PSIB en el punto 7 es radicalmente distinto: en lugar de arrancar el cómputo desde el momento en que alguien «vive» en la vivienda — un hecho subjetivo y difícil de probar — lo ancla a la licencia de primera ocupación, un documento administrativo con fecha exacta, registrado, inatacable. Una especie de «cláusula antitriguero».
A partir de ese momento, el propietario tiene un mes para inscribir la VPL en el Registro autonómico. Si no lo hace, incurre en infracción. Sin discusión, sin margen de maniobra.
Aplicado al caso Triguero: la licencia de primera ocupación fue concedida el 6 de marzo de 2026. Con esto en vigor, el plazo habría vencido el 6 de abril.
Triguero no ha inscrito la VPL en el Registro autonómico. La infracción sería un hecho objetivo, documentado, sin posibilidad de alegar que «nunca vivió allí».
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La enmienda del PP: doblar el plazo y convertirlo en intención
El PP intentó neutralizar este mecanismo con una enmienda que el PSIB rechazó. La propuesta popular modificaba el punto 7 para instar al Govern a «analizar una posible modificación» para establecer un plazo de tres meses — el triple del que pedía el PSIB — y con régimen sancionador.
Dos movimientos en uno: doblar el plazo y convertir la obligación en una reflexión. El PP no solo amortiguó el golpe sino que atacó precisamente el mecanismo que cerraba la puerta a la coartada del alcalde.
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Punto rechazado
El PSIB no aceptó la enmienda del PP y la moción se votó en sus términos originales. El resultado del punto 7 fue: 29 votos en contra — PP, no adscritos y Mixt-Córdoba — y 25 a favor, con 5 abstenciones de Vox. Una fisura notable: Vox no quiso votar en contra de sancionar a quien no inscriba una VPL en el plazo establecido. Pero sus abstenciones no fueron suficientes para salvar el punto.
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La «cláusula antitriguero» cayó. Y con ella, la posibilidad de que la fecha del 6 de marzo se convirtiera en una trampa jurídica inapelable para el alcalde de Ibiza.
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