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La Junta de Gobierno declara desierta la licitación de la cuarta fase de ampliación del cementerio municipal después de que ninguna empresa presentara oferta. El proyecto contemplaba construir 172 nichos, 58 columbarios, 14 tumbas y reformar el almacén-taller en un plazo de seis meses y con un contrato de casi 600.000 euros.

Más de dos años después de la fecha en la que debía estar plenamente operativa, la plataforma tecnológica para turistas y residentes continúa con deficiencias. Red.es confirma a La Voz de Ibiza que envió un requerimiento formal a la UTE Vodafone-Kapsch para que termine los trabajos pendientes, aunque evita precisar si hay penalizaciones y la fecha de su conclusión.

La Demarcación de Costas ha confirmado a La Voz de Ibiza que hubo un error en la asignación del DIR al enviar la notificación del canon el 12 de junio y que lo ha subsanado este 2 de julio. Los concesionarios montaron sus instalaciones sin conocer el importe real que deberán abonar y ahora no pueden dar marcha atrás. La pregunta sobre si operar sin haber pagado el canon vulnera la Ley de Costas queda sin respuesta.

La vicepresidenta afirmó que el concurso de 2013-2020 «también era de seis años más dos de prórroga» y que «también estaba mal hecho». Sin embargo, los pliegos de aquel concurso revelan que el contrato era de un año prorrogable anualmente, siempre supeditado a la obtención de la autorización de Costas. Nunca se firmó un contrato por un plazo superior al título habilitante como sí ha ocurrido ahora.

La consellera insular negó en Radio Illa las informaciones publicadas por La Voz de Ibiza, que ha reconstruido los hechos a partir de varias fuentes presentes en la reunión del 18 de mayo. Castelló reconoció que sí habló con el conseller Lafuente y otros cargos del PP para explicarles la situación y «ver qué se podía hacer», y admitió que la directora general estaba «muy enfadada» durante el encuentro

La directora general de Costas mostró en la reunión del 18 de mayo la resolución que detalla lo que se solicitó al Consell y lo que no se entregó correctamente. El consistorio optó por un recurso de alzada, un trámite que puede durar hasta tres meses y que, por silencio administrativo, condena a los concesionarios a perder el resto de la temporada.

Autocares Paya, empresa que presta el servicio de transporte público en la isla, ha comunicado formalmente al Consell el riesgo de cese del servicio por impago. El Consell prometió compensar los billetes gratuitos pero solo ha abonado una parte de 2025 y nada de 2026. La empresa advierte de que no puede garantizar el pago a conductores y proveedores.


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