Tras el desalojo judicial, el letrado de Paquita Marsan asegura que un antiguo empleado gestionaba el acceso de los ocupantes y les cobraba dinero. Una de las residentes afirma que pagó 700 euros para instalarse en el asentamiento, aunque sostiene que la propietaria conocía lo que ocurría.
Elizabeth, que llegó a Ibiza desde Málaga para trabajar, asegura que abonó esa cantidad a un hombre para instalarse en el asentamiento. Denuncia los elevados alquileres de la isla y sostiene que muchas de las familias que vivían allí eran trabajadoras que no podían acceder a una vivienda.
La Guardia Civil permite reservar cita previa para denuncias y trámites no urgentes, aunque advierte de varias situaciones en las que no recomienda utilizarla
El abogado de Paquita Marsan advierte de que la limpieza, el cierre de accesos y la rehabilitación de la antigua villa de lujo exigirán una inversión millonaria. La propiedad instalará seguridad privada y estudia cómo evitar nuevas ocupaciones.
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Alrededor de diez vehículos policiales y dos de Desokupa se encuentran en el entorno de la finca. El abogado de Paquita Marsan asegura que la mayoría de los ocupantes ya se han marchado y calcula que rehabilitar la propiedad podría costar más de un millón de euros.
La finca de Es Cubells acumula más de una década de conflictos urbanísticos, demoliciones y enfrentamientos judiciales. La ocupación del terreno, los episodios de violencia y la muerte de un hombre en un incendio marcaron los últimos meses antes del operativo previsto para este martes.
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El Ayuntamiento ha confirmado a La Voz de Ibiza la asistencia de agentes municipales y profesionales de Servicios Sociales al operativo previsto para este martes a las 9.00 horas. La Guardia Civil será la encargada de ejecutar la orden judicial.
La Guardia Civil ejecutará este martes, a las 9.00 horas, la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza. La propiedad desplegará seguridad privada y tapiará los accesos para impedir nuevas ocupaciones.
Costas exige acreditar el interés público de unas escaleras de hormigón construidas en dominio público marítimo-terrestre en Sant Josep, a las que solo se llega a través de la villa
El pelotón del regimiento Palma 47, con base en Sa Coma, llevará a cabo misiones de Presencia, Vigilancia y Disuasión en varios municipios de Ibiza y recorrerá Formentera al completo.
La asociación de vecinos de es Cubells denuncia el cierre de un antiguo camino que considera público y cuestiona la postura del Ayuntamiento de Sant Josep. La propietaria sostiene que el terreno siempre ha sido privado y justifica su vallado por la actividad agrícola.
Algunos residentes han comenzado a abandonar voluntariamente Casa Lola ante la proximidad del desalojo y vecinos alertan de traslados a una propiedad situada justo enfrente, donde La Voz de Ibiza ha comprobado la presencia de una caravana y una vivienda en obras.
La Guardia Civil ha descartado que el operativo se ejecute el 6 de octubre, fecha que había comenzado a circular entre los residentes del asentamiento, y trabaja en el dispositivo para recuperar la finca. Los cerca de 200 ocupantes reclaman al menos 15 días para abandonarla.
Los residentes aseguran que el operativo será el 6 de octubre, pero ninguna de las partes consultadas por La Voz de Ibiza confirma el día. La orden judicial establece el desalojo inmediato de las cerca de 200 personas que viven en la finca.
El tribunal da parcialmente la razón al propietario y establece que la clausura debe limitarse a impedir la comercialización turística, sin bloquear el uso residencial del inmueble.
El Ayuntamiento confirma que la visita, de urgencia, será el martes 6 de octubre para valorar su situación y su estado de salud.
El abogado de la propiedad asegura que los cerca de 200 ocupantes no recibirán aviso previo y que los bienes que permanezcan en la finca se considerarán abandonados. La fecha depende del operativo que preparen la Guardia Civil y la Policía Local.
La Voz de Ibiza accede a imágenes del asentamiento donde murió un hombre y donde los vecinos llevan meses denunciando inseguridad.
Tres patrullas se han desplazado esta mañana a la finca mientras se investiga si el incendio mortal fue provocado. Un vídeo vecinal muestra caravanas e infraviviendas rodeadas de basura, con el desalojo inmediato ya autorizado por la Justicia.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza estimó la medida cautelar solicitada por la empresa propietaria, Inversiones Hoteleras Faro, que presentó denuncia por usurpación el 2 de julio. La propiedad niega haber cobrado alquileres a los ocupantes.
Laura llevaba más de un año viviendo en su vehículo. Asegura que, tras su retirada en Jesús por carecer de seguro, se quedó con las pertenencias que pudo recoger y 200 euros que necesitaba para alimentarse. Reclama ayuda para encontrar alojamiento sin separarse de sus animales.
Los agentes investigan si el fuego que mató a un hombre de 48 años en el asentamiento de Sant Josep fue intencionado.
Su abogado explica que, si la Justicia ordena el desalojo, la propietaria retirará las chabolas, contratará seguridad y evaluará una rehabilitación que podría costar millones. Por ahora, no confirma si retomará su proyecto original.
