El TSJ anula la sentencia que rechazó su demanda contra el Consell sin resolver el fondo del caso.
El Consell de Govern aprobó una ampliación de crédito de 5.796.307,35 euros para pagar la última condena judicial vinculada a la aplicación de la Ley Carbonero en la urbanización de Santa Eulària, que ya suma trece sentencias firmes. La Comunidad Autónoma acumula más de 380 millones desembolsados por el conjunto de litigios derivados de esta norma, con otros 210 millones aún reclamados en tribunales.
El TSJ balear tumba por segunda vez el permiso de las plantas de hormigón y asfalto, con la cantera aún operando sin licencia.
El TSJIB culpa al hospital de Can Misses de no pedirle el consentimiento por escrito antes de una infiltración de corticoides.
El condenado, de 36 años, agredió sexualmente a la víctima en 2022 mientras dormía en el sofá de su casa, en Sant Antoni de Portmany.
El PSOE reclamó en el pleno de julio una actuación «urgente y eficaz» ante la reaparición de edificaciones sin licencia por valor de 2,4 millones de euros en la finca, además de un asentamiento ilegal con episodios de violencia. El alcalde, Vicent Roig, rechazó los siete puntos de la moción y defendió que no ha habido «ni un solo día de inacción».
El TSJ de Baleares confirma que hubo un retraso en el diagnóstico de una torsión testicular a un joven de 21 años que acabó perdiendo el órgano.
El TSJIB confirma la incapacidad total y rechaza el recurso del INSS, que quiso revertir la pensión reconocida en Ibiza.
Una asociación recurre ante el TSJB la obligación de usar una app oficial que aún está en desarrollo y alega que vulnera la libre competencia y la neutralidad tecnológica.
Un juzgado de Palma anula el cese del agente interino, ordena su reposición y obliga al Ayuntamiento a abonarle los salarios dejados de percibir desde diciembre de 2023.
El tribunal revoca la condena en costas impuesta por la Audiencia de Palma tras la absolución de cuatro exconsellers por los locales de Sant Ferran.
El Decreto 6/2026 acumula ya al menos seis recursos contencioso-administrativos ante el TSJB en apenas cinco meses de vigencia. Plataformas globales, operadores tradicionales de transfers, asociaciones del taxi y ahora el regulador estatal atacan la norma desde flancos opuestos, mientras dos litigios paralelos marcan ya el terreno en Ibiza.
La CNMC ha llevado al TSJB varios artículos del Decreto 6/2026 al considerarlos «innecesarios, desproporcionados y discriminatorios». Entre ellos, la antigüedad máxima de dos años para los vehículos —que la Asociación de Taxistas Autónomos de Vila viene pidiendo revisar—, la longitud mínima de los coches —que también fue objeto de debate en la isla— y otros aspectos que afectan al modelo de negocio de las plataformas VTC. El Govern balear defiende que la norma «es necesaria».
El TSJ de Baleares revoca la sentencia del juzgado de Ibiza y reconoce la prestación a un profesional con graves lesiones en el brazo izquierdo.
El TSJ de Baleares revoca al juzgado de Ibiza, fija nueva doctrina y obliga a un fijo discontinuo de una discoteca a devolver el paro cobrado durante sus viajes.
El multimillonario ya ha comparecido por videoconferencia desde el juzgado de guardia y su familia denuncia una «persecución política» de Trump.
El TSJ Baleares confirma la cancelación de la licencia turística de una villa en Jesús por mentir en la dirección, el nombre y el número de plazas.
CCOO acusa a la Conselleria de Antoni Vera de «traición» al diseñar la nueva comisión de Formación Profesional solo con patronal y Cámara de Comercio.
La Sala de lo Contencioso estima en parte el recurso de Ibiza Publicidad, anula la denegación de una valla y obliga al consistorio a retrotraer el expediente.
El TSJB ratifica la procedencia del despido al considerar que mostrar el sistema interno de cobro del hotel y criticar precios y salarios supone una transgresión grave.
Sa Claror opera como Vivienda de uso turístico con licencia del Consell de Ibiza y doce plazas autorizadas mientras el Ayuntamiento tramita el derribo de 325 metros cuadrados de construcciones ilegales levantadas en 2010. La propietaria ignoró durante siete años la sentencia del TSJIB que ordenaba restablecer la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento de Sant Josep aprueba el proyecto de derribo de 325 metros cuadrados construidos sin licencia en la finca Sa Claror, cuya propietaria lleva siete años sin acatar una sentencia del TSJIB. La factura, de 142.639 euros, correrá a cargo de la dueña del inmueble, que opera como villa de alquiler turístico de lujo a más de 5.600 euros la noche.
A escasos metros de la carretera que une La Savina con Sant Francesc Xavier sobreviven los restos del que fue el penal más terrible de las islas. Entre 1940 y 1942 estuvieron recluidos más de dos mil presos republicanos y murieron al menos 58 de ellos.
La Junta de Gobierno del Consell Insular de Formentera aprobó el pasado 22 de mayo el estudio de detalle que abre la puerta a la construcción de hasta 89 residencias en La Savina, que linda directamente con Es Campament, declarado Bien de Interés Cultural desde 2014.
El TSJ de Baleares anula tres sanciones por más de 40.000 euros al concluir que Hacienda no justificó adecuadamente la culpabilidad ni encajó correctamente una de las infracciones.
