Una residente cuenta que el joven gritaba pidiendo ayuda, llegó a hablar de drogas y los vecinos llamaron a la Policía Local desde las 3 de la madrugada.
El delegado del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares para Ibiza y Formentera analiza los últimos datos del mercado hipotecario y del alquiler. Su diagnóstico es claro: Ibiza no tiene únicamente un problema de precios, sino un problema de equilibrio entre población, oferta residencial y capacidad adquisitiva.
Los cuatro municipios más poblados de Ibiza encabezan el ranking balear de vivienda en alquiler. Vila lidera con un 42,9% de su parque residencial en régimen de arrendamiento, muy por encima de la media balear del 27,6%.
El mercado hipotecario sobre viviendas en las pitiusas cerró 2025 con el importe acumulado más alto de toda la serie histórica del IBESTAT. En total se constituyeron 1.531 hipotecas por un valor de 673,7 millones de euros, acercándose a los importes globales de los años del boom anterior a 2008.
La directora del aeropuerto, Marta Torres, comparecerá ante los medios este martes para presentar un proyecto al que el gestor denomina «remodelación» y vincula a «nuevas normativas de seguridad europea». La rueda de prensa coincide con el debate parlamentario sobre la PNL del PP, que incluye enmiendas para reprobar al presidente de Aena.
El alcalde de Sant Josep avisa al sector hotelero de Ibiza, vincula los asentamientos con el empleo en negro y advierte: «Quien no acepte, no nos conviene».
El pleno desestima la petición de la propietaria Tritonsa, S.L. de anular el decreto que clausuró la finca de 55.000 metros y se apoya en un dictamen del Consell Consultiu.
La isla balear se desmarca de otros destinos exclusivos de España y registra una evolución que llama la atención de inversores internacionales
La oposición formuló este jueves una serie de preguntas directas al alcalde de Ibiza sobre la valla ilegal, la declaración responsable, la transferencia de propiedades a sus hijos y si niega haber vivido en la VPL. Triguero no respondió ninguna.
El Consell consigue en el pleno de mayo la adhesión al procedimiento extraordinario de legalización de edificaciones en suelo rústico, la misma medida que calificó de «no prioritaria» en agosto de 2024 mientras las otras tres islas ya la habían aplicado. Formentera es la última isla balear en sumarse.
AVAT prevé una buena temporada para el sector, aunque detecta estancias más cortas, más negociación de precios y una “calma tensa” por los costes y la incertidumbre internacional.
La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.
Los socialistas advierten de que la ampliación «no es una simple actuación de modernización» sino «una intervención estructural» que agravaría la crisis residencial de la isla. La PNL reclama paralizar el proyecto y revisar el DORA III.
La organización ecologista ofrece apoyo a los vecinos del barrio para frenar el proyecto del Ayuntamiento de Ibiza en el Bulevar Abel Matutes.
El examen forense ratifica que el guardia civil disparó a su mujer, Marisol, natural de Ibiza, y a su hijo de 24 años antes de suicidarse.
El texto, registrado simultáneamente en los cuatro consistorios, articula en siete puntos las exigencias de la izquierda al Gobierno central: van desde la paralización del proyecto hasta medidas que afectarían directamente a la operativa del aeropuerto en plena temporada alta.
El presidente insular del partido y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y consensúe el proyecto con las instituciones ibicencas. El senador autonómico Miquel Jerez vincula la ampliación con la subida de tasas aeroportuarias prevista en el DORA III. Y ambos increpan al PSOE local: «¿Dónde están los socialistas ibicencos?».
La entidad cultural más veterana de la isla califica la reforma como «un disparate» y pide a las instituciones ibicencas y a la población en general que se opongan al proyecto de Aena. Advierte de que doblar la capacidad del aeropuerto en una isla con problemas crecientes de agua, vivienda y tráfico «es un contrasentido».
Esquerra Unida-Podem anuncia una batería de iniciativas en el Consell d’Eivissa, los ayuntamientos donde tiene representación y el Senado para exigir la paralización del proyecto de Aena. La coalición denuncia que «ampliar el aeropuerto es una irresponsabilidad social, ambiental y económica» mientras Ibiza vive una crisis de vivienda sin precedentes y los recursos naturales están «al límite».
Una camarera de piso llegada desde Granada denuncia en TikTok el estado del alojamiento que le han asignado y asegura que además debe pagar por él.
El presidente insular, Vicent Marí, carga contra Aena y el PSOE por un proyecto de 229,7 millones que duplicaría las puertas de embarque del aeropuerto: “Deberían asesorarse e invertir en los que nosotros consideramos clave».
El proyecto aprobado por el Parlament le da a las administraciones Baleares (desde el Govern a los ayuntamientos) un mayor peso en decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria. Las reformas que planea Aena incementarían en un 88% las puertas de embarque y han recibido numerosas críticas de ambientalistas. La cogestión aeroportuaria está pendiente de su tratamiento en el Congreso: la velocidad con la que se tramite podría ser determinante para el futuro de Es Codolar.
El incremento del tráfico aéreo en abril coincide con la discusión sobre la ampliación del aeropuerto y la presión política para limitar su crecimiento.
Los ocupantes abandonaron el establecimiento antes de la llegada judicial y la propiedad apunta a un subarriendo ilegal dentro del local comercial.
Las diputadas socialistas Irantzu Fernández y Pilar Costa han llevado el Triguerogate al Pleno del Parlament balear: han acusado a Triguero de haber cometido un fraude de ley, han cuestionado como sospechosa la recalificación urbanística de Can Misses y han exigido que el PP rinda cuentas por una operación inmobiliaria que califican de «maquinación» para burlar la ley.
