El Consell consigue en el pleno de mayo la adhesión al procedimiento extraordinario de legalización de edificaciones en suelo rústico, la misma medida que calificó de «no prioritaria» en agosto de 2024 mientras las otras tres islas ya la habían aplicado. Formentera es la última isla balear en sumarse.
AVAT prevé una buena temporada para el sector, aunque detecta estancias más cortas, más negociación de precios y una “calma tensa” por los costes y la incertidumbre internacional.
La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.
Los socialistas advierten de que la ampliación «no es una simple actuación de modernización» sino «una intervención estructural» que agravaría la crisis residencial de la isla. La PNL reclama paralizar el proyecto y revisar el DORA III.
La organización ecologista ofrece apoyo a los vecinos del barrio para frenar el proyecto del Ayuntamiento de Ibiza en el Bulevar Abel Matutes.
La organización quiere sumarse a las movilizaciones de Cataluña y la Comunidad Valenciana y denuncia el «desprecio» del Govern al profesorado.
El propietario del solar de más de 11.000 metros cuadrados en Sant Josep asegura que el Ayuntamiento estaría dispuesto a ampliar significativamente la edificabilidad si el proyecto incluye un porcentaje de viviendas asequibles para trabajadores. El apart hotel inicial de 56 apartamentos podría multiplicarse por cinco.
El examen forense ratifica que el guardia civil disparó a su mujer, Marisol, natural de Ibiza, y a su hijo de 24 años antes de suicidarse.
El texto, registrado simultáneamente en los cuatro consistorios, articula en siete puntos las exigencias de la izquierda al Gobierno central: van desde la paralización del proyecto hasta medidas que afectarían directamente a la operativa del aeropuerto en plena temporada alta.
El presidente insular del partido y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y consensúe el proyecto con las instituciones ibicencas. El senador autonómico Miquel Jerez vincula la ampliación con la subida de tasas aeroportuarias prevista en el DORA III. Y ambos increpan al PSOE local: «¿Dónde están los socialistas ibicencos?».
La entidad cultural más veterana de la isla califica la reforma como «un disparate» y pide a las instituciones ibicencas y a la población en general que se opongan al proyecto de Aena. Advierte de que doblar la capacidad del aeropuerto en una isla con problemas crecientes de agua, vivienda y tráfico «es un contrasentido».
Estos terrenos los ha cedido el Consistorio al programa ‘Construir para alquilar’. y se encuentran situadas en la calle Sant Francesc de ses Salines y en la calle Canàries.
Esquerra Unida-Podem anuncia una batería de iniciativas en el Consell d’Eivissa, los ayuntamientos donde tiene representación y el Senado para exigir la paralización del proyecto de Aena. La coalición denuncia que «ampliar el aeropuerto es una irresponsabilidad social, ambiental y económica» mientras Ibiza vive una crisis de vivienda sin precedentes y los recursos naturales están «al límite».
Una camarera de piso llegada desde Granada denuncia en TikTok el estado del alojamiento que le han asignado y asegura que además debe pagar por él.
El presidente insular, Vicent Marí, carga contra Aena y el PSOE por un proyecto de 229,7 millones que duplicaría las puertas de embarque del aeropuerto: “Deberían asesorarse e invertir en los que nosotros consideramos clave».
El Ajuntament propone sancionar el cambio de uso de una vivienda en suelo rústico y confirma otra multa de 46.361 euros por comercializar en Airbnb.
Un estudio de pisos.com revela que Baleares lidera el ranking de las regiones donde más cuesta reunir el dinero inicial para hipotecarse
El Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares presenta su Memorándum de conclusiones del ciclo de conferencias sobre vivienda en Ibiza y Formentera con un diagnóstico demoledor: la isla es la región de España con mayor exclusión social, 16.000 personas viven en viviendas inseguras y 3 de cada 10 residentes se plantean marcharse.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares presenta un plan con cinco medidas para movilizar el parque residencial sin nuevas urbanizaciones.
El proyecto aprobado por el Parlament le da a las administraciones Baleares (desde el Govern a los ayuntamientos) un mayor peso en decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria. Las reformas que planea Aena incementarían en un 88% las puertas de embarque y han recibido numerosas críticas de ambientalistas. La cogestión aeroportuaria está pendiente de su tratamiento en el Congreso: la velocidad con la que se tramite podría ser determinante para el futuro de Es Codolar.
El incremento del tráfico aéreo en abril coincide con la discusión sobre la ampliación del aeropuerto y la presión política para limitar su crecimiento.
Los ocupantes abandonaron el establecimiento antes de la llegada judicial y la propiedad apunta a un subarriendo ilegal dentro del local comercial.
Las diputadas socialistas Irantzu Fernández y Pilar Costa han llevado el Triguerogate al Pleno del Parlament balear: han acusado a Triguero de haber cometido un fraude de ley, han cuestionado como sospechosa la recalificación urbanística de Can Misses y han exigido que el PP rinda cuentas por una operación inmobiliaria que califican de «maquinación» para burlar la ley.
El Consell de Ibiza y los cinco ayuntamientos coordinarán avisos, inspecciones y sanciones para evitar que los vehículos advertidos esquiven multas cambiando de municipio. La institución da por acabada la fase de advertencias generalizadas y ya tramita 14 expedientes, con propuestas de sanción de entre 10.001 y 30.000 euros.
El grupo ecologista tilda de «demencial» el proyecto de Aena que pasará el aeropuerto de 17 a 32 puertas de embarque. Y exige a las instituciones baleares que emitan informes desfavorables. Considera que la infraestructura es ya «un monstruo sobredimensionado» para una isla con problemas crecientes de agua, vivienda y saturación.
