La Audiencia Provincial de Baleares revoca la sentencia que había frenado el desalojo de una pareja en Ibiza por su situación de vulnerabilidad. Los inquilinos intentaron saldar la deuda con 1.000 euros, pero la Justicia considera que el pago fue insuficiente y les obliga a abandonar la vivienda y abonar las rentas pendientes.
El trabajador sufrió un grave accidente de moto en 2022 que le dejó múltiples secuelas y acabó siendo despedido por ineptitud sobrevenida. Aunque tiene reconocida una incapacidad permanente total, el TSJ de Baleares rechaza concederle la absoluta al considerar que todavía puede desempeñar trabajos de baja exigencia física.
El arrendatario explotaba la vivienda como alojamiento turístico sin licencia ni consentimiento del dueño. La Justicia ha confirmado su desalojo y el pago de más de 22.000 euros en rentas atrasadas, mientras el propietario afronta un expediente sancionador del Consell de Ibiza.
Costas exige acreditar el interés público de unas escaleras de hormigón construidas en dominio público marítimo-terrestre en Sant Josep, a las que solo se llega a través de la villa
El Consell detecta infracciones de empresas de alquiler, particulares sin autorización y caravanas. Los procedimientos se multiplican respecto a los 10 comunicados en agosto, mientras la institución cifra en 17.703 la reducción de vehículos desembarcados respecto a 2024.
La Audiencia Provincial de Baleares confirma la condena a un avalista que deberá responder por una deuda de 13.866 euros, más intereses y costas, después de que BBVA vendiera el crédito a una empresa de recobro.
La patronal balear de rent a car, contraria a la ley desde su aprobación, exige más antelación para conocer los cupos y revisar las condiciones de adjudicación. Cuestiona la eficacia de las restricciones y denuncia la falta de datos precisos sobre el peso de los vehículos de alquiler en el tráfico de Ibiza. Entre sus propuestas figuran prohibir la compraventa de cupos, redistribuir las autorizaciones sin utilizar y exigir informes técnicos que justifiquen las limitaciones.
Guerra empresarial por las fiestas en Ibiza: la Justicia frena una reclamación de 400.000 euros
La caducidad de las NPP de Sant Josep ya es oficial: vuelven a regir las Normas Subsidiarias de 1986
Ha sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. El Consell de Ibiza declara sin efecto, desde el 15 de septiembre, la tramitación de las NPP y levanta la suspensión de las Normas Subsidiarias de 1986, que quedan «plenamente vigentes». El acuerdo atribuye la caducidad a que venció el plazo de seis meses sin el informe ambiental previo.
El Ministerio de Justicia atendió la petición de UGT y permitió que unas 150 personas se examinaran en la isla sin viajar a Palma.
La Audiencia Provincial confirma que deberá reponer dos mesas y una veintena de encimeras de roble en un plazo de cuatro meses.
La consellera Antònia Estarellas califica de «dramática» la situación judicial en Ibiza y exige al Ministerio de Justicia cubrir las vacantes.
La Guardia Civil ha descartado que el operativo se ejecute el 6 de octubre, fecha que había comenzado a circular entre los residentes del asentamiento, y trabaja en el dispositivo para recuperar la finca. Los cerca de 200 ocupantes reclaman al menos 15 días para abandonarla.
La APB ha concedido a Port Med Formentera una Autorización de Ocupación Temporal para gestionar las dos dársenas y la marina seca mientras sigue pendiente la concesión definitiva tras el polémico concurso, con el contencioso de DECOIN en el TSJIB.
Una trabajadora de Ryanair en Ibiza llevó a la aerolínea a los tribunales después de que sus ingresos pasaran de 1.604 a 382 euros mensuales y reclamó 15.000 euros por daños morales derivados de un supuesto acoso laboral. El TSJIB ha descartado la existencia de mobbing y ha confirmado la sentencia que rechazó su demanda.
Los socialistas exigen que Ana Ferrer deje su acta después de la detención de su marido, pese a reconocer que la concejala no está vinculada a la investigación. El reclamo contrasta con la posición mantenida por el PSOE ante el caso de David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Los residentes aseguran que el operativo será el 6 de octubre, pero ninguna de las partes consultadas por La Voz de Ibiza confirma el día. La orden judicial establece el desalojo inmediato de las cerca de 200 personas que viven en la finca.
El Ministerio de Justicia decidió habilitar una sede de examen propia en la isla para facilitar el proceso a los aspirantes locales
El Pleno rechaza la norma por 178 votos frente a 172 y deja sin efecto medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de determinados contratos de alquiler. «La historia les juzgará antes de lo que creen», advirtió Pedro Sánchez antes de la votación.
El tribunal da parcialmente la razón al propietario y establece que la clausura debe limitarse a impedir la comercialización turística, sin bloquear el uso residencial del inmueble.
El Ayuntamiento confirma que la visita, de urgencia, será el martes 6 de octubre para valorar su situación y su estado de salud.
El abogado de la propiedad asegura que los cerca de 200 ocupantes no recibirán aviso previo y que los bienes que permanezcan en la finca se considerarán abandonados. La fecha depende del operativo que preparen la Guardia Civil y la Policía Local.
El Juzgado liquida cuatro adosados de la calle Gavina en Sant Antoni de Portmany para cubrir una deuda judicial de 907.411 euros.
La Voz de Ibiza accede a imágenes del asentamiento donde murió un hombre y donde los vecinos llevan meses denunciando inseguridad.
Tres patrullas se han desplazado esta mañana a la finca mientras se investiga si el incendio mortal fue provocado. Un vídeo vecinal muestra caravanas e infraviviendas rodeadas de basura, con el desalojo inmediato ya autorizado por la Justicia.
