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El proyecto aprobado por el Parlament le da a las administraciones Baleares (desde el Govern a los ayuntamientos) un mayor peso en decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria. Las reformas que planea Aena incementarían en un 88% las puertas de embarque y han recibido numerosas críticas de ambientalistas. La cogestión aeroportuaria está pendiente de su tratamiento en el Congreso: la velocidad con la que se tramite podría ser determinante para el futuro de Es Codolar.

El nuevo reglamento habilitó el traslado de autorizaciones de vehículos con conductor. Los datos provisionales apuntan a un saldo negativo para Ibiza, mientras el Consell sostiene que el mercado insular, que concentra casi la mitad de las VTC de Baleares, está saturado.

El gestor aeroportuario licita por 10 millones el contrato de ingeniería que dará forma a una ampliación de 229 millones dimensionada para absorber la «demanda futura de tráfico»; las obras, que se prolongarán al menos hasta 2034, se enmarcan en el DORA III y han generado el rechazo de plataformas vecinales y sindicatos en Baleares.


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