El conflicto de las hamacas y sombrillas en Formentera tiene una nueva derivada jurídica que puede condicionar el futuro inmediato de los servicios de playa de la isla. El Consell Insular se enfrenta a la obligación de convocar un nuevo concurso público para su explotación, ya que la adjudicación realizada en 2023 por seis años ha agotado el plazo máximo de 4 temporadas que permite la normativa vigente.
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Tal como avanzara La Voz de Ibiza, los pliegos del concurso podrían ser declarados nulos al ir en contra de la letra del Reglamento General de Costas. Es que el plazo de seis años -prorrogable a ocho- fijado en el concurso lanzado en 2021 por el gobierno de izquierdas incumple el máximo de cuatro que establece la normativa estatal.
El artículo 113.6 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, es taxativo: «El plazo de explotación por terceros no podrá exceder el plazo de la autorización otorgada al Ayuntamiento». Y ese plazo, según establece el mismo artículo 113 en su apartado tercero, tiene un máximo de cuatro años.
La adjudicación que el anterior equipo de gobierno del Consell de Formentera firmó en 2021 para la explotación de los servicios de temporada en las playas de la isla fijó un período de ocho años, el doble de lo que permite la norma, tal como incluso ha reconocido esta semana el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, en medio de la polémica por el recorte de hamacas y sombrillas para este verano.
La consecuencia es directa: agotado ese plazo legal de cuatro años, el Consell no puede amparar la continuidad de la explotación por los mismos terceros sin convocar una nueva licitación.
De no hacerlo, incumpliría el artículo 113.6 del Reglamento de Costas y el condicionado de la propia autorización, lo que constituiría causa de caducidad.
Lafuente reconoció la contradicción
Lafuente reconoció públicamente esta anomalía en declaraciones a la prensa durante su visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Formentera.
Allí explicó que la situación deriva precisamente de esa concesión otorgada en 2021 por ocho años cuando la autorización de Costas es de tan solo cuatro, y señaló que al solicitarse la renovación para 2026 los técnicos deben analizar nuevamente las superficies ocupables de playa y comprobar que se ajustan a la normativa actual.
Es decir, el propio Govern reconoce que la adjudicación de 2021 superó el plazo legalmente previsto. Y esa contradicción de plazos, lejos de ser un detalle administrativo, es el origen de buena parte del embrollo jurídico que rodea actualmente a los servicios de playa de Formentera. Y que deja al borde de la ilegalidad al concurso adjudicado en febrero de 2023 de los 36 lotes de hamacas.
Sin respuesta de las administraciones
La Voz de Ibiza ha solicitado explicaciones tanto a la Conselleria de la Mar como al Consell de Formentera sobre esta cuestión.
Desde el Govern, la única respuesta ha sido remitir a las palabras públicas del conseller Lafuente, sin entrar en detalles.
El Consell de Formentera no ha respondido en el momento de publicación de esta información.
La encrucijada del Consell
La situación coloca al Consell ante una encrucijada sin salida fácil. Si pretende mantener a los actuales concesionarios operando bajo la nueva autorización de Costas para el período 2026-2029 sin convocar nuevo concurso, estaría actuando en contra de lo que establece el Reglamento General de Costas.
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Si convoca una nueva licitación, abre un proceso que los actuales adjudicatarios —que ya han invertido, contratado personal y asumido compromisos económicos para esta temporada— difícilmente podrían ganar de forma inmediata sin paralizar los servicios durante el proceso. Así, dejaría la temporada de verano sin hamacas.
Todo ello se produce en un contexto en el que la Dirección General de Costas y Litoral ya ha denegado 16 lotes completos de hamacas y sombrillas y ha reducido las unidades autorizadas en otros dos, lo que supone un recorte de más de un tercio sobre la propuesta inicial del Consell.
Una resolución que ha provocado el rechazo unánime del sector empresarial de la isla y que tiene su origen, como ya informó La Voz de Ibiza, en la obligación del Govern de aplicar desde julio de 2023 la normativa autonómica balear de 2013, que fija en 10 metros —cuatro más que el Reglamento de Costas estatal— la distancia mínima entre las instalaciones de playa y la pleamar.
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