Choque en el Parlament por el ‘Triguerogate’: el PSOE le acusa de «especular» y el PP niega irregularidades

La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.

I mayo 26, 2026
12:50 pm

El Triguerogate volvió este martes al Parlament de las Islas Baleares con un debate que elevó la temperatura política en torno al caso desvelado por La Voz de Ibiza. La diputada socialista Irantzu Fernández cargó con dureza contra el alcalde de Ibiza, mientras la diputada del PP Margalida Pocoví Sampol salió en defensa de la figura de las VPL y calificó el escándalo de «campaña de manipulación y desprestigio».

Fernández construyó su intervención sobre una imagen que resume el núcleo del caso: «(Triguero) con una mano desmantela los campamentos a los que muchos trabajadores de la ciudad que gobierna se ven obligados a vivir, por supuesto sin buscar ninguna otra alternativa habitacional para ellos, y con la otra mano compra un local en la misma finca donde su familia ya tiene una vivienda, lo reconvierte en VPL, hace una obra faraónica, se muda allí y alquila su piso familiar por unos 3.000 euros o quizá más».

La conclusión fue directa: «Él se beneficia de una vivienda protegida, pero alquila sus dos propiedades a precio de mercado». Y lanzó una advertencia que va más allá del caso concreto: «Las políticas de vivienda deben ser para quien necesita una vivienda para vivir en ella. No para quien quiere vivir de la vivienda. Ya sean fondos buitre, especuladores o alcaldes del PP».

Las VPL, en el centro del debate

Fernández también reprochó al Govern haber apostado por las VPL en lugar de la vivienda de protección oficial: «Podrían haber puesto todos sus esfuerzos en construir viviendas de protección oficial, pero no: se inventaron las VPL. Y nosotros les avisamos de que esta figura no ayudaba a los residentes, que fomentaba la especulación. Igual que pasó con el alquiler seguro, no nos equivocábamos. Eso sí, ni el mejor analista político podría haber predicho que el primero de los especuladores sería el alcalde de Ibiza».

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La diputada contextualizó el caso en una crisis habitacional que esta semana tiene un rostro especialmente dramático en Ibiza: «Esta semana, en Ibiza, es noticia la gran cantidad de profesores y maestros que tienen que dejar sus habitaciones o pisos porque el propietario quiere ponerlos en el mercado de temporada. Docentes que pasarán las últimas semanas del curso durmiendo en el coche o, con suerte, en el sofá de un compañero».

Todo en regla

La respuesta del PP llegó a través de Pocoví, que defendió las VPL como pilar del plan de vivienda del Govern y rechazó las críticas. «Una vivienda de protección oficial y una vivienda de precio limitado no son lo mismo. Son figuras de protección diferentes y destinadas a sectores distintos de la población. Dos figuras complementarias, dos pilares básicos del plan de choque impulsado por el gobierno de Marga Prohens, con más de 7.000 viviendas en planificación».

Sobre las críticas al historial socialista en materia de vivienda, fue directa: «Respecto a las VPO, su gran promesa fue anunciar más de 1.500, pero no llegaron ni a 400. Mientras tanto, hoy el IBAVI tiene en tramitación 48 promociones con más de 1.200 viviendas repartidas por las islas».

Sobre el caso Triguero, la defensa fue escueta. La diputada popular remarcó que «una de las medidas más adoptadas por los distintos consistorios de todos los colores políticos ha sido precisamente la reconversión de locales en viviendas de precio limitado. Reconversión que exige una tramitación administrativa rigurosa. Exactamente el mismo procedimiento que está siguiendo el alcalde de Ibiza, en el caso que ustedes intentan convertir en una falsa polémica política.

En tal sentido, añadió que «se están realizando los trámites correspondientes. Cuando finalicen, la vivienda se destinará al mercado de alquiler a precio limitado. Y eso es toda la historia».

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Y dijo que «cualquier denuncia presentada ante la Dirección General de Vivienda será tramitada y analizada tal y como corresponde, aplicando el régimen sancionador establecido en la ley de vivienda».

Pocoví cerró con un contraataque: «Está claro, señora Fernández, que lo único que vemos detrás de esto es una campaña de manipulación y desprestigio por su parte. Y sorprende sinceramente escuchar estas acusaciones de un partido marcado y minado por escándalos y corrupción como el suyo».