El Ayuntamiento de Sant Josep mantiene una doble vara de medir en los controles de la actividad musical en el municipio. Cuando menos.
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Por un lado, el pasado verano precintó 43 equipos tras 67 inspecciones en restaurantes, locales de playa y hoteles supuestamente después de quejas vecinales o denuncias previas que son puestas en duda por el sector, al tiempo que trabaja en una nueva ordenanza con un mapa del ruido.
Sin embargo, se desentiende de las irregularidades del bar Can Jordi, que sigue operando como si nada a pesar del expediente iniciado en su contra.
Así lo ha podido comprobar este sábado La Voz de Ibiza y tal como corroboran las imágenes que acompañan esta noticia: en la terraza del bar ubicado a un costado de la carretera de Ibiza-Sant Josep se ha presentado el grupo Heritage que “regresa a Can Jordi Blues Station con folk y rock de los 70”, tal como ha promocionado el propio Ayuntamiento en su sitio web Sant Josep és Música.
Allí también se promociona el próximo recital para este jueves: “Summer Live vuelve a Can Jordi con toda la banda y su repertorio de versiones”.
Todo a pesar que sobre el local pesa una orden de “suspensión de actividad” -que nunca se cumplió- emitida por los técnicos del municipio al no contar con ninguna licencia habilitante y debido a una serie de irregularidades detectadas, desde diciembre de 2024.
En su momento, el alcalde Vicent Roig había negado que se usara la terraza. En una entrevista en febrero del año pasado, había manifestado que “no hay actividad ahora mismo, hay alguna mesa o alguna silla, pero lo que es la actividad que se hacía antes en la terraza o en el exterior del local, no se está haciendo. Era lo que se pedía”.
En esa entrevista al Diario de Ibiza, el alcalde aseguraba que «no hay conciertos en la terraza» lo que le permitía concluir que «no hay una actividad directa sobre la terraza».
Sin embargo, otra vez las evidencias demuestran todo lo contrario.
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Una paralización que nunca se cumplió
El decreto de Alcaldía firmado el 5 de diciembre de 2024 planteaba paralizar las actividades por haber infringido una “infracción grave”.
Esto no solo no se cumplió sino que además el Ayuntamiento solicitó al Consell de Ibiza y permitió que se vallase su terraza donde se siguen realizando conciertos, a pesar de encontrarse en una “zona de protección de carretera” establecida por la Ley 5/1990 de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Además, establecía el inicio de expediente de cierre de actividades del bar-cafetería Can Jordi, tras una inspección de la Policía Local de Sant Josep realizada el 7 de julio de 2024. Esto derivó en un informe técnico municipal.
A partir del análisis de si Can Jordi excedía o no “los límites del título habilitante correspondiente” y de “numerosas instancias en forma de quejas por la actividad desarrollada en el establecimiento”, se desvelaron una serie de irregularidades.
La más grave es que la revisión de los archivos municipales arrojó que Can Jordi no disponía de título habilitante para ejercer su actividad como tal. Tampoco consta “que la actividad disponga de una autorización turística anterior al 1 de enero de 1998 para cumplir con la disposición transitoria sexta de la Ley 7/2013”, establecieron los técnicos.
Además, se pudo establecer que el dueño del bar presentó reclamaciones de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas del Ministerio de Información y Turismo de los años ’70 que no constituyen autorización turística válida.
Y tenía plazo hasta el 30 de junio de 1992 para que las “actividades existentes obtuvieran la autorización correspondiente, sin que conste que esto se haya producido”.
Por otra parte, a partir de imágenes tomadas por un dron, las autoridades policiales pudieron establecer que “los vehículos estacionan en zonas no habilitadas, generando riesgos para la seguridad vial”.
Esta situación volvió a repetirse el pasado sábado, tal como reflejan las imágenes documentadas por La Voz de Ibiza. Y, según testimonios recabados, es habitual, tanto que opera como si nada hubiera sucedido.
“Infracción grave”
Todo esto, según establecieron los técnicos, constituyen una “infracción grave” según la Ley 7/2013 por no disponer de título habilitante.
Por eso, proponen establecer una multa de 16.500,50 euros y la “clausura parcial de la actividad, prohibiendo el uso de la terraza al aire libre por el riesgo que supone para la seguridad”.
Además, exigían la “paralización de la actividad” ya que la Ley 39/2015 supone la imposibilidad de continuar con la actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos.
¿Expediente caducado?
El decreto de alcaldía era taxativo respecto de los tiempos para resolver el expediente incoado contra Can Jordi: un año.
Tal como detalla el documento que obra en poder de La Voz de Ibiza, el “plazo máximo establecido para dictar resolución y notificarla es de un año a contar desde la fecha del acuerdo de inicio”.
Además, determina que “transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, siempre que no haya sido suspendido o paralizado por causa imputable al interesado. En estos casos, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar durante el tiempo en que el procedimiento esté suspendido o paralizado”.
El periodo ha sido ampliamente superado, teniendo en cuenta que el decreto de alcaldía estaba fechado el 5 de diciembre de 2024.
Desde el Ayuntamiento han respondido a La Voz de Ibiza que “el expediente está en marcha, sigue en trámite”. Sin embargo, no han explicado la contradicción de los plazos.
A pesar de los reiterados intentos de este medio, esta ha sido la única respuesta oficial y extraoficial.
Tampoco ha respondido a las llamadas de este medio el titular del bar Can Jordi. Además, la cuenta de Instagram ha sido dada de baja.
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