Tres semanas. Es el tiempo que lleva la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad sin responder a las dos consultas jurídicas concretas que La Voz de Ibiza le trasladó sobre el Triguerogate. Un silencio que, en definitiva, no hace más que proteger las irregularidades perpetradas por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en la tramitación de la polémica Vivienda de Precio Limitado en el barrio de Can Misses.
Los requerimientos intentan poner luz sobre los pactos sucesorios formalizados, herencias en vida reguladas por la Ley 8/2022 de sucesión voluntaria paccionada de las Islas Baleares— cinco meses después de haber solicitado el cambio de uso del local reconvertido en vivienda.
Esta operación tenía un objetivo claro: cuadrar los números para aparentar cumplir con el artículo 2.5 de la Ley 3/2024, que exige que los beneficiarios de una VPL no sean titulares de más del 50% del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute de otra vivienda.
Triguero cedió el 50% de su vivienda, también en Can Misses, a sus hijos. Su esposa cedió su 50% del local que acababan de comprar. Sin embargo, mantuvo la titularidad del piso de Can Misses y de un 25% de una vivienda familiar en suelo rústico.
Este ha sido uno de los errores cometidos por el matrimonio y que se suman al hecho de no haber inscrito la vivienda en el momento de recibir la licencia de primera ocupación, no haberse inscrito como beneficiarios y haber instalado una valla ilegal incumpliendo la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento de Urbanismo del Consell de Ibiza y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio del que es alcalde.
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Por eso, la consulta al Govern tenía como objetivo poner negro sobre blanco sobre este punto:
¿Considera el Govern que los pactos sucesorios formalizados por el alcalde de Ibiza cumplen con el artículo 2.5 de la Ley 3/2024? ¿Pueden dos menores de edad ser copropietarios y residentes en una VPL?
El silencio no es neutral. Como ya publicó La Voz de Ibiza, cualquier respuesta compromete al Govern: si invalida los pactos sucesorios, deja a Triguero aún más expuesto ante una operación que seis fuentes jurídicas independientes han calificado de fraude de ley «de libro».
Si los valida, convierte en papel mojado el requisito patrimonial nuclear de la Ley 3/2024, abriendo la puerta a que cualquier ciudadano replique la misma maniobra para acceder a una VPL sin cumplir realmente los requisitos.
Por eso, tampoco llama la atención que el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, tampoco abordara esta cuestión cuando fue interpelado en el Parlament balear. En sus comparecencias ante la cámara, Mateo se limitó a defender la figura de las VPL en términos generales, a confirmar que la denuncia presentada ante el IBAVI será investigada y a repetir que el proceso sigue «en tramitación» y «en plazo».
En ningún momento respondió a la pregunta de fondo: ¿son válidos los pactos sucesorios de Triguero a efectos de la ley?
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«Cómplices y cooperadores necesarios»
La diputada socialista Pilar Costa fue la más contundente al señalar las consecuencias políticas de ese silencio. En su intervención en el Parlament, advirtió directamente al Govern: «Si ustedes no actúan contundentemente, serán cómplices y cooperadores necesarios de aquel fraude de ley perpetrado».
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Costa también rechazó el intento del PP de presentar el caso como un asunto de patrimonio personal: «Todo esto que ustedes intentan vender como una operación de patrimonio personal o de la vida privada del alcalde son maquinaciones para perpetrar un fraude de ley, dado que la norma prohíbe hacer eso a quien tiene otras viviendas».
El dilema que nadie quiere resolver
Las consultas que La Voz de Ibiza trasladó a la Conselleria planteaban un supuesto jurídico que describe con precisión la operación de Triguero: una persona cede el 50% de un bien a sus hijos menores mediante pacto sucesorio pero se reserva la facultad de disponer del bien, la administración hasta que los hijos cumplan 35 años y el derecho de reversión.
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La pregunta era sencilla: ¿eso cumple el requisito del artículo 2.5 o no?
Tres semanas después, la Conselleria sigue sin responder. Y este jueves, por primera vez, Triguero tendrá que dar explicaciones en sede institucional: el Ayuntamiento de Ibiza celebra a las 13.30 horas un pleno extraordinario monográfico sobre la licencia urbanística de su VPL, convocado a petición de PSOE y Podemos.
El Govern, de momento, sigue mirando hacia otro lado.
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