Sant Antoni licita por 122.240 euros la recogida, pero vecinos y hoteleros ya inutilizan los envases para abaratar el reciclaje en Ca Na Negreta.
Enmiendas a ley ómnibus que se vota martes refuerzan control sobre intermediarios, endurecen sanciones y fijan criterios ambientales, territoriales y de movilidad para frenar nuevas autorizaciones
De Ámsterdam a Palma: cinco destinos turísticos europeos en los que el pulso entre ciudad saturada y aeropuerto en expansión se ha resuelto con caps urbanísticos, sentencias judiciales, acuerdos políticos o nuevas leyes de cogestión. Cada caso ofrece un espejo distinto al debate ibicenco.
La presidenta del Govern sale reforzada del XVII Congreso autonómico de los populares y repite equipo con Sagreras y Fernández al frente del aparato.
El nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Bahía de Sant Antoni, Damià Marí, asegura tras la asamblea anual de la patronal que la «opinión personal» compartida por los hoteleros es de no estar «nada a favor» del proyecto de Aena.
El conseller defiende incentivos económicos y medidas de traslado para puestos de difícil cobertura, con 18,3 millones destinados a las plazas.
El Govern destina 18,3 millones a incentivar 3.712 plazas de difícil cobertura mientras Vera admite que la vivienda agrava la falta de profesores.
La Agrupación Auto-Taxi de Baleares ya había registrado la comunicación previa contra el artículo 12 del reglamento. Ahora se dispone a dar continuidad al frente judicial tras la negativa de la Consellería a corregir los plazos de tres meses por jubilación y seis meses por fallecimiento.
Los populares emplazan al gestor aeroportuario a explicar por qué duplica puertas de embarque, mostradores y zonas comerciales si, como sostiene, el proyecto no incrementará la presión sobre la isla. Y plantean alternativa: que la inversión del Estado se destine a infraestructuras hidráulicas, carreteras, movilidad, transporte público y refuerzo de la seguridad, incluida la aeroportuaria.
Unides Podem registra en el Parlament balear una Proposición No de Ley que pide paralizar la licitación del «Nuevo Diseño Funcional del Edificio Terminal del Aeropuerto de Ibiza», revisar el DORA III antes de su aprobación definitiva y limitar la capacidad operativa del aeropuerto en temporada alta. En paralelo, presenta una moción conjunta con el PSOE en el Consell insular.
La multinacional impugna el Decreto 6/2026 ante el TSJB junto a Prestige and Limousine —la sociedad con la que ya tumbó en el TJUE las restricciones de Barcelona— y otras cuatro empresas del sector. Hay en total cuatro recursos presentados contra la norma que entró en vigencia en febrero.
Los populares aseguran que es «un chiste» que el PSOE intente trasladar al PP la responsabilidad de una decisión tomada por una empresa que depende del Gobierno central, y emplazan a la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, a posicionarse sobre el plan, que apunta a 12 millones de pasajeros.
La Proposición No de Ley, firmada por la diputada Margalida Pocoví y por el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, sostiene que el modelo del DORA es «incompatible» con la contención turística votada en las islas y reclama al Gobierno paralizar el proyecto y acelerar en el Congreso la ley de cogestión. Unides Podem ha registrado el mismo día una iniciativa convergente.
La organización ecologista no descarta presentar acciones legales ni medidas de presión social si el proyecto de Aena sigue adelante, y reclama pasar de la contención al decrecimiento como única salida.
El acuerdo busca reforzar al Govern frente a unas 10.000 solicitudes de licencias VTC en Baleares, de las que alrededor de 6.500 corresponden a Ibiza, y prevé sanciones a las plataformas que permitan operar a vehículos sin autorización.
El examen forense ratifica que el guardia civil disparó a su mujer, Marisol, natural de Ibiza, y a su hijo de 24 años antes de suicidarse.
El presidente de PIMEEF, Alfonso Rojo, plantea que Aena debería abaratar los slots fuera de temporada y sumarse al esfuerzo institucional por desestacionalizar la isla, en lugar de duplicar la capacidad para los 60 días punta del verano: «No se puede ir contra el dueño de la finca».
El texto, registrado simultáneamente en los cuatro consistorios, articula en siete puntos las exigencias de la izquierda al Gobierno central: van desde la paralización del proyecto hasta medidas que afectarían directamente a la operativa del aeropuerto en plena temporada alta.
Irantzu Fernández pide la comparecencia urgente de la consellera Manuela García para que aclare los fallos de seguridad en cuidados paliativos.
El Rey firma en la Zarzuela la modificación del artículo 69.3 de la Constitución y pone fin al histórico vínculo electoral entre Ibiza y Formentera en el Senado.
El presidente insular del partido y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y consensúe el proyecto con las instituciones ibicencas. El senador autonómico Miquel Jerez vincula la ampliación con la subida de tasas aeroportuarias prevista en el DORA III. Y ambos increpan al PSOE local: «¿Dónde están los socialistas ibicencos?».
El vicepresidente de la patronal, José Antonio Roselló, admite que el aeropuerto necesita reformas puntuales pero cuestiona la magnitud de la reforma prevista. «Una cosa es ampliar la Sala VIP y otra es ampliar el aeropuerto para que venga el doble de gente», resume.
La organización ecologista cita a FEHIF y PIMEEF, recuerda que la Mesa del Agua ya pidió por unanimidad poner límites al crecimiento de la isla y no descarta movilizaciones si Aena no recula. El proyecto, valorado en 229,7 millones de euros, prevé duplicar las puertas de embarque del aeropuerto —de 17 a 32— y desplazar la fachada de la terminal 60 metros hacia el suroeste, y ha sido ya rechazado tanto por el Consell d’Eivissa como por el Govern Balear.
La asociación Pereyna sostiene que la pesca submarina sigue vetada en las reservas de Ibiza y Formentera mientras sí se permite de forma regulada en otras zonas de Baleares. El colectivo recuerda que sus críticas ya fueron respaldadas por cerca de 4.000 firmas presentadas ante las administraciones.
El PP volvió a imponerse con claridad, aunque perdió la mayoría absoluta y quedó obligado a entenderse con Vox para gobernar
