Una empresa vinculada a Formentera aspiraba a comercializar sus ginebras y otras bebidas en España y Portugal, pero las escasas ventas terminaron en una reclamación de 1,73 millones de euros. La Justicia acaba de pronunciarse sobre el conflicto.
El abogado Víctor Soriano, que logró desbloquear las licencias de primera ocupación de cinco villas de Vista Alegre, detalla los procedimientos contra el Ayuntamiento por denegaciones de licencias, estudios de detalle y planeamiento urbanístico. Además, estudia nuevas acciones judiciales por las autorizaciones de construcción en la urbanización de lujo de Es Cubells.
El Tribunal de Justicia de la UE obliga a los bancos a reembolsar de inmediato las operaciones fraudulentas, incluso si sospechan negligencia del cliente
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares revoca una indemnización de 20.000 euros concedida a un agente que denunció años de burlas y humillaciones en la Comisaría de Ibiza. Los magistrados consideran que no se ha acreditado un incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales por parte de la Policía Nacional.
Apenas dos semanas después de asumir la gestión unificada de las marinas de Formentera, se han detectado las primeras irregularidades. Según ha podido saber La Voz de Ibiza, la empresa ha intentado cobrar por los servicios estimaciones de consumo, algo prohibido por el pliego que le ha valido la adjudicación
El incendio, provocado de madrugada en Playa d’en Bossa, se extendió a dos establecimientos colindantes y a un edificio de viviendas. Tres mujeres resultaron heridas y los daños materiales superaron los 470.000 euros.
La Audiencia Provincial de Baleares confirma la multa y la retirada del carné a una mujer que se salió de la carretera en Sant Antoni. Aunque la segunda prueba de alcoholemia arrojó 0,58 mg/l, los síntomas de embriaguez observados por un agente resultaron determinantes para mantener la condena.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma la orden de expulsión durante cinco años de un ciudadano senegalés de 44 años, pese a contar con residencia de larga duración y acreditar más de 1.700 días cotizados. Los magistrados consideran que sus antecedentes por tráfico de drogas representan una amenaza para la seguridad pública.
Las lluvias torrenciales mantienen la emergencia en Ibiza y Formentera este lunes, con carreteras cerradas, clases suspendidas y más de 200 incidencias
Sergio González Malabia asegura que los tribunales disponen de mecanismos para investigar causas complejas, aunque reconoce que la falta de recursos condiciona los tiempos de respuesta. También aborda la protección de menores y explica cómo se garantiza la imparcialidad judicial cuando los investigados son personas conocidas en la isla.
Sergio González Malabia hace balance de sus tres años al frente de la representación judicial de Ibiza y Formentera. Denuncia la falta de funcionarios, los problemas con el servicio informático y los retrasos en la nueva sede, mientras advierte de las dificultades para atraer y mantener profesionales en la isla.
La Audiencia Provincial de Baleares reduce de 900 a 700 euros mensuales la pensión de alimentos de sus dos hijos, pese a las dudas sobre la situación económica del progenitor. El tribunal rechaza concederle la custodia compartida y establece que la madre asuma en exclusiva el coste del colegio privado.
Pese a que el Constitucional avala que las familias monoparentales acumulen hasta 26 semanas de baja, la jueza rechaza el caso por cosa juzgada.
Un hotel de Ibiza descontaba 15 euros diarios en concepto de alojamiento a empleados que estaban de baja médica, una práctica que un juzgado de la isla acaba de declarar improcedente.
La Guardia Civil detiene en Sagunto al responsable de una organización que vendía retiros con ayahuasca, hongos y ‘kambó’ a pacientes de toda España.
El Ministerio adjudica a la valenciana Vilor Infraestructuras, por 8.467.150,45 euros, el acondicionamiento de la zona de reserva del edificio judicial de Sa Graduada, vacía desde diciembre de 2019. La obra debía estar terminada en mayo de 2023. Tras un recurso que anuló la primera adjudicación, el contrato se firmó el 30 de septiembre y tiene un plazo de ejecución de 20 meses.
La Audiencia Provincial de Baleares revoca la sentencia que había frenado el desalojo de una pareja en Ibiza por su situación de vulnerabilidad. Los inquilinos intentaron saldar la deuda con 1.000 euros, pero la Justicia considera que el pago fue insuficiente y les obliga a abandonar la vivienda y abonar las rentas pendientes.
El trabajador sufrió un grave accidente de moto en 2022 que le dejó múltiples secuelas y acabó siendo despedido por ineptitud sobrevenida. Aunque tiene reconocida una incapacidad permanente total, el TSJ de Baleares rechaza concederle la absoluta al considerar que todavía puede desempeñar trabajos de baja exigencia física.
El arrendatario explotaba la vivienda como alojamiento turístico sin licencia ni consentimiento del dueño. La Justicia ha confirmado su desalojo y el pago de más de 22.000 euros en rentas atrasadas, mientras el propietario afronta un expediente sancionador del Consell de Ibiza.
Costas exige acreditar el interés público de unas escaleras de hormigón construidas en dominio público marítimo-terrestre en Sant Josep, a las que solo se llega a través de la villa
El Consell detecta infracciones de empresas de alquiler, particulares sin autorización y caravanas. Los procedimientos se multiplican respecto a los 10 comunicados en agosto, mientras la institución cifra en 17.703 la reducción de vehículos desembarcados respecto a 2024.
La Audiencia Provincial de Baleares confirma la condena a un avalista que deberá responder por una deuda de 13.866 euros, más intereses y costas, después de que BBVA vendiera el crédito a una empresa de recobro.
La patronal balear de rent a car, contraria a la ley desde su aprobación, exige más antelación para conocer los cupos y revisar las condiciones de adjudicación. Cuestiona la eficacia de las restricciones y denuncia la falta de datos precisos sobre el peso de los vehículos de alquiler en el tráfico de Ibiza. Entre sus propuestas figuran prohibir la compraventa de cupos, redistribuir las autorizaciones sin utilizar y exigir informes técnicos que justifiquen las limitaciones.
Guerra empresarial por las fiestas en Ibiza: la Justicia frena una reclamación de 400.000 euros
La caducidad de las NPP de Sant Josep ya es oficial: vuelven a regir las Normas Subsidiarias de 1986
Ha sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. El Consell de Ibiza declara sin efecto, desde el 15 de septiembre, la tramitación de las NPP y levanta la suspensión de las Normas Subsidiarias de 1986, que quedan «plenamente vigentes». El acuerdo atribuye la caducidad a que venció el plazo de seis meses sin el informe ambiental previo.
