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El Consell consigue en el pleno de mayo la adhesión al procedimiento extraordinario de legalización de edificaciones en suelo rústico, la misma medida que calificó de «no prioritaria» en agosto de 2024 mientras las otras tres islas ya la habían aplicado. Formentera es la última isla balear en sumarse.

La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.

El presidente insular del partido y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y consensúe el proyecto con las instituciones ibicencas. El senador autonómico Miquel Jerez vincula la ampliación con la subida de tasas aeroportuarias prevista en el DORA III. Y ambos increpan al PSOE local: «¿Dónde están los socialistas ibicencos?».

La entidad cultural más veterana de la isla califica la reforma como «un disparate» y pide a las instituciones ibicencas y a la población en general que se opongan al proyecto de Aena. Advierte de que doblar la capacidad del aeropuerto en una isla con problemas crecientes de agua, vivienda y tráfico «es un contrasentido».

Esquerra Unida-Podem anuncia una batería de iniciativas en el Consell d’Eivissa, los ayuntamientos donde tiene representación y el Senado para exigir la paralización del proyecto de Aena. La coalición denuncia que «ampliar el aeropuerto es una irresponsabilidad social, ambiental y económica» mientras Ibiza vive una crisis de vivienda sin precedentes y los recursos naturales están «al límite».


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